La CNE publica su dictamen sobre tarifas con el voto particular de dos consejeros

Las principales conclusiones que establece la CNE en su propuesta son:

– La propuesta que la CNE recibe de Industria no resulta coherente con la Disposición Adicional vigésimo cuarta de la Ley 57/1997 en su redacción la Ley 17/2007.
– Según el organismo, es preciso regular la relación contractual de los consumidores acogidos a la tarifa de último recurso, incluyendo el Modelo de contrato.
– La CNE pide una campaña informativa inmediata sobre esta cuestión y señala la importancia de la misma. El plazo propuesto para la puesta en marcha del modelo de comercialización de último recurso que proponía Industria es reducido.
– La CNE propone que sea obligatorio que las comercializadoras publiquen sus ofertas en sus web y que estén permanentemente actualizadas.
– La Oficina de Cambio de Suministro tendría que ofrecer información sobre procedimiento de cambio de suministro, requisitos e información para el cambio, plazos y efecto de los cambios y relación de comercializadoras de último recurso.
– La CNE propone que se establezcan en primer lugar los costes que deben incorporar las tarifas de último recurso, de forma que a posteriori se ofreciera a todos los distribuidores la posibilidad de ser comercializadores de último recurso (CUR) para los clientes que tengan derecho a acogerse a las TUR, sin que tengan que cederlos a los Comercializadores de Último Recurso. Según la propuesta de Industria, sólo se incorpora a los cinco más grandes distribuidores actuales. En este caso, la CNE también se hace eco de las reclamaciones que las Comunidades Autónomas formulan a través del Consejo Consultivo de la Electricidad.
– El precio de la energía que se fije en las Tarifas de Último Recurso, debe ser máximo y fijo, no pudiendo los Comercializadores de Último Recurso fijar descuentos sobre los mismos.
– Tampoco los consumidores podrían elegir Comercializador de Último Recurso.
– La metodología de cálculo de las tarifas de acceso y de último recurso debe ser aditiva y suficiente, estableciendo la metodología, costes, plazos de actualización de las mismas.
– La CNE pide la desaparición del Comité de Sujetos del Sistema Eléctrico y que el marco retributivo del OMEL fomente su independencia.
– La CNE pide concretar el ámbito y características de los consumidores que tendrían derecho a compensación económica, cuantía y retribución a la comercializadora.
– La modificación de la composición del Consejo Consultivo que establece la propuesta de Real Decreto, es contraria a la Ley de Hidrocarburos.

El Informe finalmente, fue aprobado por cuatro votos a favor frente a cuatro en contra, decidiendo el voto de calidad de la presidenta del organismo, Maite Costa, como incluso se recoge en el voto particular de uno de los consejeros Jorge Fabra, quien realizó una serie de consideraciones preliminares que no se incorporaron al informe definitivamente aprobado, en línea con las tesis que viene sosteniendo desde la aprobación del Informe de Costes y Precios, complementario al de la revisión de tarifas de tercer trimestre de 2008 que aprobó el organismo.

Así los dos votos particulares, los de los consejeros Jorge Fabra y Jaime González, publicados se muestran contrarios al dictamen del organismo y cuestionan la calidad de la liberalización del sector eléctrico, abundando nuevamente en las tesis que vienen sosteniendo contrarias al mercado. En concreto, Fabra considera que el modelo de Comercializadoras de Último Recurso, es irrelevante, perturbador y burocrático, señalando que este enfoque regulador es de “muy baja calidad”.

Al mismo tiempo, Fabra y González en sus dos votos particulares, reproducen un conjunto de consideraciones semejantes y concurrentes y señalan que la propuesta de Tarifas de Último Recurso, dejan al margen de las mismas al 70 % de la energía consumida, en concreto las que consumen las PYMES y grandes empresas. Señalan que existen dificultades para la entrada en la actividad de comercialización de las empresas por la integración vertical entre generación y comercialización que existe a su juicio en el sector eléctrico y entre los negocios gasistas y eléctrico.

Finalmente, insisten en que estas tarifas harán que los consumidores continúen pagando lo que denominan “beneficios regulatorios” o “windfall profits” que a su juicio existen en los precios de mercado, abogando por un mercado de nuevo diseño del mercado en línea con el Libro Blanco de Ignacio Pérez Arriaga. En esto abundan sobre la posición que vienen sosteniendo para cuestionar el funcionamiento y la existencia de un mercado marginal en la generación eléctrica, con independencia de que las distintas tecnologías tengan papeles y pesos muy diferentes en la cobertura de la demanda.

El consejero Jorge Fabra considera que las críticas a sus posiciones sobre la “existencia de graves fallos de mercado” por la diferencia existente entre costes y precios en el sector eléctrico, son farisaicas.