Así se desprende del informe sobre la propuesta de real decreto, remitida por Industria, por el que se revisa la retribución del gas natural vendido a los transportistas y destinado al mercado a tarifa en los ejercicios entre 2005 y 2008, publicado por la CNE.

En él, el organismo que preside Alberto Lafuente analizó la propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de incluir nueva Disposición Adicional al Real Decreto 949/2001 con el objeto de introducir un recargo en los peajes y cánones del sistema de gas natural para la financiación del coste sobrevenido como consecuencia del Laudo dictado por la Corte Internacional de París entre Gas Natural Fenosa (GNF) y Sonatrach, relativo a la revisión del precio del contrato de aprovisionamiento de gas Sagane I.

La propia CNE estimó que la cuantía total de recargo de la propuesta asciende a 157,29 millones de euros, a repercutir entre 2012 y 2016 en el peaje de todos los consumidores domésticos de gas, frente a los 341 millones de euros solicitados por Gas Natural Fenosa.

A su juicio, dicha propuesta propone «repercutir el extra-coste de 157 millones de euros en los peajes del sector doméstico, lo que supondría un encarecimiento de los peajes para todo el segmento residencial, además de encarecer la tarifa de último recurso». En concreto, supondría una subida del 2% en la parte regulada del recibo. Al tener un peso del 50% en la tarifa final, la subida sería del 1%.

Tras el laudo arbitral con Sonatrach, Gas Natural Fenosa cerró en junio de 2011 un acuerdo con la compañía argelina acerca de la revisión de los precios del gas por el que el grupo español debería afrontar el pago de unos 1.310 millones de euros. Además, Sonatrach tomó una participación del 3,8% en la española y se comprometió a desarrollar proyectos estratégicos.

La revisión de la retribución propuesta por Industria toma como argumento jurídico el real decreto ley 6/2000, en el que se indicó que el gas procedente del contrato Sagane I se debe aplicar de forma preferente al suministro a tarifa. De hecho, el contrato se asigna por ley con el objeto de atender preferentemente el suministro a tarifa.

Además, existe un precedente en la orden ministerial 3311/2005 que permite repercutir a posteriori el extracoste del aprovisionamiento de gas en 2005 en el valor del coste de materia prima de los años siguientes.

Críticas de la CNE a la propuesta de Industria

En su informe de respuesta a la propuesta de real decreto, el regulador energético detalló que no le corresponde emitir un juicio sobre la procedencia de la reclamación de Gas Natural Fenosa, sino pronunciarse acerca del proyecto de norma reglamentaria.

Como parte de sus consideraciones, el organismo energético indicó que el hecho de que el real decreto ley 6/2000 impusiera la aplicación preferente del contrato de Argelia a las compras de Enagás, suscriptora en ese momento del contrato, con destino a la tarifa de gas no comporta «per se» la asunción como costes regulados de todos los costes reales de dicho contrato.

Además, recordó que a partir del 1 de julio de 2008 se produjo la desaparición del suministro a tarifa regulada por parte de los distribuidores de gas natural, régimen que es sustituido por el sistema actual de suministro de último recurso.

Junto a esto, se puso fin al sistema de aprovisionamiento y suministro a tarifa en todos sus términos desde el 1 de julio de 2008, y se lanzó una nueva regulación en la que desapareció la obligación de los transportistas de realizar el aprovisionamiento del mercado a tarifa, así como la obligación de aplicar el contrato Sagane I al suministro a tarifa.

Por este motivo, la CNE consideró que «no existen razones que justifiquen el establecimiento de una compensación al comercializador de último recurso del grupo Gas Natural Fenosa por el incremento de sus costes de aprovisionamiento como consecuencia del laudo a partir de este periodo».

Además, en su informe, la CNE propuso como alternativa a ese recargo la posibilidad de destinar a esa compensación parte de los 800 millones de euros anuales que se van a recaudar con el nuevo impuesto especial del gas natural previsto en la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética.

Para la CNE, «la aplicación de este recargo a los peajes de los consumidores domésticos puede representar un problema dado que una parte importante de consumidores domésticos (1.300.000 clientes) ya estaban siendo suministrados en el mercado a precio libre en el año 2005».

A su juicio, «estos clientes no parece que debieran sufrir ningún tipo de recargo por el extracoste del suministro a tarifa en este periodo. Asimismo, otro volumen importante de clientes (alrededor de 1.700.000) solo deberían hacer frente a una parte del recargo al haberse cambiado al suministro a precio libre entre 2005 y 2008«.

La CNE aseguró que la recaudación debería destinarse preferentemente a cubrir el déficit del sistema gasista (que se incrementaría en caso de reconocerse una compensación a Gas Natural Fenosa para cubrir el extracoste derivado del laudo arbitral), y una vez eliminado el déficit del sistema gasista, destinar las cantidades restantes a cubrir el déficit del sistema eléctrico«.

«La ventaja de esta propuesta es que no sería necesario incrementar los peajes y cánones gasistas en cantidades adicionales a las ya contempladas en el impuesto especial del gas natural«, según afirmó.

El presidente de la CNE, Alberto Lafuente, emitió además un voto particular en el que discrepó del informe emitido por el regulador por varios aspectos, entre ellos por los informes técnicos en los que se consideró adecuado que sea el propio organismo el que elabore la metodología para cargar cualquier coste a la tarifa relacionado con este asunto.

En noviembre de 2011, el anterior gobierno remitió al regulador un borrador de real decreto similar con el mismo propósito, que no llegó a aprobarse.