Según la CNE, hay que desarrollar una metodología para fijar tarifas de acceso que incluya, tanto los costes que se deben considerar en su cálculo, como los principios generales y los criterios de asignación de cada uno de ellos, también para establecer las tarifas de último recurso (TUR).

Así se recoge en el informe elaborado por el Consejo de la CNE sobre una orden del Ministerio de Industria que conllevó la congelación en octubre de los peajes de acceso, parte del recibo de la luz que pagan todos los consumidores de electricidad y que sirve para remunerar costes regulados del sistema eléctrico, como las primas a las renovables, el transporte o la distribución.

Además de constatar lo «innecesario» de la primera parte de la propuesta por recoger un mantenimiento de costes y de dar por «superfluos» ocho párrafos del texto, el regulador aprovecha para recordar a Industria algunas propuestas necesarias, a su juicio, para mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico.

En el caso de la TUR, a la que pueden acogerse usuarios con potencias inferiores a los 10 kilovatios (hogares y pymes)-, los peajes constituyen uno de los componentes usados para su cálculo, junto a los impuestos y al precio de la energía, que se determina mediante subastas (CESUR).

La CNE entiende que el establecimiento de la citada metodología debe ir acompañada de una revisión en «profundidad» de las distintas partidas de retribución de los costes de actividades reguladas, con el fin de que el consumidor pague «únicamente» por los costes realmente incurridos y que las empresas reciban por su actividad «una retribución ajustada a sus costes».

Esta revisión, añade el informe, es «esencial y urgente» para contribuir a la sostenibilidad tarifaria a medio plazo, y obliga a hacer modificaciones regulatorias «para que el consumidor pague sólo por los costes realmente incurridos en su suministro».

En este sentido, la CNE recomienda revisar la normativa que afecta a las instalaciones de transporte anteriores al 1 de enero de 2008, «para eliminar de la retribución los activos ya amortizados», así como establecer incentivos o penalizaciones relacionadas con las pérdidas de energía.

El supervisor energético aboga también por eliminar la financiación de determinadas partidas con cargo a las tarifas de acceso, como el Plan de Viabilidad de Elcogás y el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética.

Por otra parte, propone que en la liquidación de actividades reguladas de 2010 se consideren los ingresos resultantes de la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo relativas a la financiación con cargo a la tarifa eléctrica del Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia Energética y que habían sido cargados a los consumidores eléctricos durante los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

El organismo presidido por Maite Costa pide también que se ajusten los costes e ingresos regulados «a efectos de su determinación correcta», como por ejemplo, en lo que se refiere a las restricciones técnicas, el bombeo y los consumos propios de las centrales.

También ve necesario que el sistema balear se integre en el mercado ibérico, ya que a las islas llega gas por gasoducto desde agosto de 2009 y porque está prevista su interconexión con el mercado eléctrico peninsular.

Por otra parte, la CNE insiste en la necesidad de aumentar la supervisión por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de los mercados de futuros OTC, dado que sus cotizaciones son la referencia líquida en la formación de precios en las CESUR.

En cuanto a estas subastas, estima que deberían celebrase varias porque esto permitiría disponer de distintas referencias de precio en la TUR, así como aumentar la competencia y harán que «el precio resultante de la subasta Cesur se determine de forma creíble, transparente y competitiva».

De hecho, en la puja previa a la revisión de octubre, la subasta se cerró con subidas del 11%, lo que contribuyó al alza final del 4,8% en la TUR, a pesar de que el operador Omel informó de una subida del 5% que, de trasladarse a la tarifa, debería haber provocado incrementos menores, del 2%.

El organismo presidido por María Teresa Costa también recuerda que la falta de revisión de varios costes en octubre implica que el déficit de tarifa será superior a lo previsto y que, por este motivo, habrá un «consecuente impacto» en las tarifas de acceso de 2011.

Respecto a la TUR, aboga por que se revise el cálculo del coste estimado de la energía. En junio, el Gobierno y el PP acordaron congelar la TUR para buscar un pacto de Estado en materia energética que, entre otras actuaciones, conllevará la revisión de todos los costes que soporta el sistema eléctrico.

Las primas al régimen especial superarán en un 15% lo previsto

Asimismo, el regulador calcula que las primas al régimen especial eléctrico (renovables y cogeneración), entre las que se incluyen los incentivos a las renovables, ascenderán a 6.787 millones en 2010, lo que supone 899 millones más, o un 15,27% más, que los 5.888 millones inicialmente previsto por Industria.

Según la séptima liquidación elaborada por la CNE, las primas al régimen especial sumaron hasta julio 4.141 millones de euros y se estima que al final de 2010 podrían alcanzar los 6.787 millones, lo que supondría un mayor coste de acceso, de aproximadamente 899 millones de euros.

En julio, el déficit de tarifa eléctrica se situó en 2.586 millones de euros, una cifra que supera en un 19,98% a la última previsión realizada por el Ejecutivo, quien, además, en la normativa que aprobó el año pasado para acabar con este desajuste, fijó para 2010 un límite de 3.000 millones de euros.

El déficit de tarifa, que este año podría acumular 20.000 millones de euros, se genera desde principios de la década porque los ingresos recabados vía factura de la luz no son suficientes para cubrir todos los costes que soporta el sistema.

CTC y los consumidores

Además, en su informe, la CNE alude a la «necesidad de un pronunciamiento sobre los Costes de Transición a la Competencia (CTC)» por parte del Ministerio de Industria, sin realizar mayores observaciones.

No obstante, un voto particular emitido conjuntamente por los consejeros Jaime González y Jorge Fabra ahonda en esta cuestión y exige una liquidación final de los CTC, al tiempo que recuerda que en 2006 un decreto ya suprimió esta partida como coste permanente del sistema.

Sin embargo, a día de hoy, afirman los consejeros, todavía no hay un análisis acerca del grado de amortización de estos costes reconocidos a las eléctricas en 1998. Esta partida podría hacer que los derechos de cobro del déficit de tarifa de las compañía sean superiores a lo que correspondería en caso de tener en cuenta estos CTC, lo que está provocando un «perjuicio de los consumidores».