Este requerimiento, aprobado por el Consejo de la CNE, forma parte de la oleada extraordinaria de inspecciones encargada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para retirar las subvenciones a las instalaciones que están mal acogidas al sistema de primas.

Las instalaciones requeridas tienen una potencia instalada global de 955 megavatios (MW), una cuarta parte del conjunto que pretende revisar Industria en una primera fase.

Los propietarios tendrán dos meses para presentar la documentación que acredite que contaban con los equipos y que éstos estaban en funcionamiento en las fechas exigidas por la normativa que regula las primas.

Entre la documentación solicitada por el regulador energético figuran originales y fotocopias de facturas de compra y albaranes de entrega de los paneles fotovoltaicos, inversores y en su caso equipamiento electromecánico de los seguidores, debidamente firmado por el responsable de la empresa fabricante, así como del certificado expedido por EL instalador autorizado, entre otros documentos.

El Gobierno aprobó el pasado 30 de julio un real decreto en el que se establece que las instalaciones fotovoltaicas inscritas de forma irregular en el régimen especial tendrán que devolver las primas recibidas hasta ahora, serán expulsadas del sistema de subvenciones y se enfrentarán a sanciones administrativas y penales.

Las plantas solares fotovoltaicas reciben subvenciones diferentes según su fecha de entrada en funcionamiento y en septiembre de 2008 se produjo una avalancha de solicitudes de instalaciones que pretendían entrar en la retribución del real decreto 661/2007, de mejores condiciones que la de la norma posterior.

Las inspecciones realizadas por la CNE demostraron que algunas de las instalaciones que se inscribieron en las últimas semanas de vigencia de este decreto no estaban conectadas a la red en esa fecha, un requisito que era necesario para acogerse a su retribución.

El regulador recordó que las instalaciones tienen la posibilidad de evitar la inspección si renuncian a su actual retribución de forma voluntaria antes del 6 de octubre, lo que les permitiría seguir cobrando subvenciones, aunque más reducidas.