La CNE estudiará el «testamento regulatorio» de Maite Costa

El consejo de administración de la Comisión Nacional de Energía (CNE) se reunirá mañana en Toledo por segunda vez para estudiar un «Informe Omnibus» con un conjunto de propuestas regulatorias para el sector eléctrico. Energía Diario ya anunció en el mes de junio la existencia de esta iniciativa cuya elaboración habría arrancado en la primavera de 2010, impulsada por la propia presidenta del organismo, y a la que ya se le conoce como el «testamento regulatorio» de Maite Costa.

El documento ha sido elaborado internamente y de forma íntegra dentro de los servicios técnicos del órgano regulador, sin contar con la participación del sector o las empresas. El documento no recoge las propuestas de la Subcomisión de Energía del Congreso que parte de un diagnóstico que señala al déficit de tarifa como problema central del sector eléctrico. Así, el documento incluye un grueso de medidas inconexas e incluso contradictorias con la definición de una política energética y hace referencia sólo tangencialmente al déficit de tarifa como problema principal del sector eléctrico.

Según ha podido conocer Energía Diario, el consejo de la Comisión Nacional de Energía, se reunió por primera vez en Alcalá de Henares con este motivo hace dos semanas. Fuentes solventes han confirmado a este medio que los consejeros más cercanos al sector retroprogresivo estarían intentando que en el informe final se recogieran sus tesis y propuestas en línea con el Informe de Costes y Precios aprobado en el mes de mayo de 2009.

Así, este documento tiene el riesgo de convertirse en un nuevo caballo de Troya contra el mercado y el funcionamiento del sector eléctrico. De hecho, Energía Diario ha tratado de confirmar la existencia y contenido de un documento complementario de fuerte contenido intervencionista, para incorporar elementos y figuras tributarias discriminatorias por tecnologías en el mercado de generación y que habría sido presentado al final de la primera reunión.

Por otra parte, este informe podría ser aprobado de forma apresurada tras la fijación de la fecha de caducidad de este Consejo y condicionaría tanto la política del Ministerio de Industria como la del equipo que releve a los actuales consejeros.