La CNE envía a Industria el informe que estima la subida de tarifas necesaria entre un 19 y un 30 %

La CNE tenía el encargo que había realizado la Secretaria General de Energía en la orden ministerial de revisión de tarifas de elaborar un informe para determinar el montante de la subida de tarifas eléctricas a realizar para que fuesen aditivas, es decir para que recogiesen todos los costes. Así, el informe tenía que recoger los distintos costes que soporta el sistema eléctrico (producción, distribución y transporte, comercialización, impuestos y otros asuntos pendientes de ejercicios anteriores, como el déficit de tarifa o las compensaciones a la generación en islas).

El Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) rechazó en primera instancia en el mes de noviembre y por unanimidad, el informe que habían elaborado los servicios técnicos sobre las variaciones que resultaría necesario introducir en la tarifa eléctrica para que recoja todos los costes del sistema al considerar que tiene carencias metodológicas.

La propia Maite Costa, presidenta del organismo, lo descalificó en su momento, señalando que el mismo tomaba un indicador inadecuado sobre las operaciones a plazo y hacía una traslación incorrecta del precio del crudo, al no tomar en cuenta el mix tecnológico del sector. Costa explicó que el informe no era una propuesta de subida de tarifas, sino un borrador de propuesta metodológica para la construcción de la tarifa. Según Costa, el Consejo consideró que el informe elaborado por sus servicios técnicos tenía dos problemas fundamentales, tomaba un indicador inadecuado sobre las operaciones a plazo y hacía una traslación incorrecta del precio del crudo al no tomar en cuenta el mix tecnológico del sector.

El informe elaborado por los técnicos de la CNE, y que se ha remitido en su mismas expresiones, señala que las tarifas eléctricas para hogares y pymes deben aumentar entre un 19,6 y un 30,9 por ciento, si se pretende que el recibo de la luz recoja todos los costes y no haya déficit tarifarios. Según fuentes sectoriales, esta fórmula de proceder por parte de la CNE en la remisión del informe a la Secretaria General de Energía, en primer lugar su aplazamiento y en segundo lugar su falta de difusión pública, un mecanismo para evitar el coste político de difundir la necesidad de subida de las tarifas, en un momento tan delicado como la campaña electoral.