La CNE declara desierta la subasta del déficit tarifario por la crisis financiera

El fracaso de la tercera subasta puede causar problemas de tesorería (menos caja) a las compañías eléctricas, que han apuntado en sus cuentas estas cantidades pero aún no las han cobrado, explicaron fuentes del sector energético.

En un comunicado, la CNE señala que la crisis financiera ha causado un «estrangulamiento de liquidez» y una «falta de mercado» para los productos financieros, que ha afectado tanto al número como a las características de las ofertas que han presentado las entidades financieras que acudieron al proceso.

Esta circunstancia se ha visto agravada en los últimos días por las turbulencias en el sistema financiero europeo que han llevado a los potenciales participantes a una situación de «extrema dificultad» para conseguir financiación.

A pesar de que la CNE reconoce la dificultad para obtener crédito en el mercado, considera que existe una percepción del riesgo sobre los derechos de cobro del déficit alejada de la que cabría esperar de un activo similar a la deuda pública.

Subastas previas

Tras declarar desierta la primera subasta de estas características, celebrada en noviembre de 2007, el organismo presidido por Maite Costa pidió al Gobierno que elaborara una normativa para que las pujas pudieran contar con la garantía pública.

Unos meses después el Ministerio de Industria aprobó una orden que permite referenciar los derechos de cobro del déficit a un tipo de interés (el Euribor con determinadas correcciones) ligado a un instrumento de deuda pública para que cuente con la calificación del Banco de España.

En la segunda subasta, celebrada en junio, se adjudicaron 1.300 millones, la mitad de la cantidad total ofrecida, a un tipo de interés del Euribor más 0,65 por ciento, y se decidió subastar en la tercera puja la cantidad pendiente (1.400 millones) más el déficit reconocido para los tres primeros meses del año (2.425 millones).

El déficit tarifario se produce cuando los ingresos obtenidos por las tarifas reguladas son insuficientes para cubrir los costes del sistema eléctrico.

Las compañías eléctricas tienen reconocido por ley la recuperación de estas cantidades, que adelantan los bancos a cambio de los derechos de cobro del déficit que pagan en varios años los consumidores mediante pequeños recargos en los recibos de la luz.