La CNE aplaza el análisis sobre el grado de implantación de la tarifa social

El Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) finalmente no analizó ayer el informe sobre el grado de implantación de la nueva tarifa eléctrica social entre los consumidores que tienen derecho a ella, dijeron fuentes del organismo.

Aunque en principio el regulador energético quería aprobar este documento, finalmente este asunto se ha excluido del orden del día de la reunión del Consejo de Administración.

El pasado 1 de julio, el Gobierno puso en marcha la tarifa social, una modalidad tarifaria a la que pueden optar los consumidores con una potencia contratada inferior a tres kilovatios (KW) en su primera residencia, unos 4,5 millones de hogares, según los cálculos de Industria.

Los consumidores con derecho a esta tarifa sólo pagan por el consumo de electricidad, ya que el término de potencia es gratuito. Para poder disfrutar de la tarifa social hay que tener un interruptor de control de potencia (ICP).

A finales de octubre, el vicepresidente y consejero delegado de Unión Fenosa, Honorato López Isla, afirmó que la compañía había recibido 1.800 peticiones de la tarifa social, el 0,25 por ciento de los 700.000 clientes que teóricamente tiene la eléctrica con derecho a disfrutar de esta modalidad tarifaria.