La CNE analiza contrarreloj toda la avalancha normativa de la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo remitió a lo largo de la semana al organismo, que en unos meses pasará a integrarse en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), todas las normas por trámite de urgencia, lo que acorta a 15 días como máximo los plazos para recibir alegaciones y emitir los informes preceptivos, según varias fuentes consultadas.

El procedimiento estipula que las distintas normas deben recibir las alegaciones de los agentes afectados en un máximo de diez días y, a continuación, la CNE tendrá que elaborar y aprobar informes sobre las mismas antes de que acabe este mes.

Una tarea ingente con unos plazos más que ajustados que suscitó críticas entre los afectados ante la dificultad de poder analizarla de forma exhaustiva y presentar las alegaciones correspondientes.

«El calado de las medidas es desproporcionado a los tiempos que se han dado al usar los trámites de urgencia para todas, incluso para el anteproyecto de ley», criticaron desde una empresa del sector. Otros van más allá y calificaron estas formas y plazos de «desprecio» a los distintos agentes del sector, consumidores y a la propia CNE, que preside Alberto Lafuente.

Al inicio de la semana, Industria envió dos propuestas de real decreto con las metodologías para calcular la retribución del transporte y la distribución de electricidad.

También remitieron tres órdenes ministeriales: la de las retribuciones para transporte y distribución -para lo que queda de año-, una sobre el cálculo de la energía eléctrica en renovables y la de peajes de acceso para la subida de la luz en agosto, de la que se envió una nueva versión rectificada un día después.

A estas siguieron el real decreto sobre energías renovables, cogeneración y residuos y el anteproyecto de Ley del sector eléctrico.

Por último llegó la propuesta de orden que regulará el mecanismo de interrumpibilidad y otros cuatro reales decretos más: el de hibernación de ciclos combinados, el de extrapeninsulares, el de autoconsumo y el de comercialización y condiciones de contratación y suministro.

A todo esto se suma una propuesta de resolución sobre el modelo de la futura factura de electricidad.

Aún falta un real decreto más y algunas ordenes para completar la batería normativa de esta reforma, que podría enviarse ya en septiembre a la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El pasado 12 de julio el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la reforma y aprobó un primer real decreto-ley que se publicó en el BOE al día siguiente y fue convalidado por el Congreso de los Diputados el pasado miércoles para recortar costes y reducir el déficit.

Esta norma, la única en vigor de momento, implica un incremento de los ingresos del sistema eléctrico de 4.500 millones de euros: 2.700 millones de euros mediante recortes a las empresas del sector, 900 millones de euros llegarán de los Presupuestos Generales y otros 900 millones de euros más que se ingresarán con una subida de la luz en agosto de un 3,2%.