La CNE advierte a Industria de que la congelación de los peajes de la luz puede ser recurrible ante el Supremo y le insta a retirar los recargos progresivos del recibo

Además, la CNE pide a Industria que no incluya en la orden ministerial los nuevos peajes progresivos en el consumo de electricidad y llama la atención sobre la imputación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y no a la tarifa eléctrica, de los costes extrapeninsulares, cuando el propio Gobierno ha sacado este coste de las cuentas públicas.

Estas consideraciones aparecen recogidas en el informe del regulador sobre la propuesta de orden ministerial de peajes eléctricos a partir de enero, en la que se contempla una congelación de los mismos. Esta circunstancia no evita que la tarifa vaya a subir un 3% en enero debido al encarecimiento de otro componente, el referido al coste de la electricidad.

En su informe, el regulador considera que el escenario de costes e ingresos previsto por Industria es «formalmente suficiente», si bien «existen incertidumbres que podrían determinar que los peajes no cumpliesen el principio de suficiencia».

Uno de los elementos que más preocupan al regulador son los costes extrapeninsulares en 2012 y 2013. Industria ha diseñado la orden ministerial dando por hecho que los PGE asumirán en 2012 un total de 1.217 millones y en 2013 un total de 1.755 millones.

Sin embargo, advierte, el proyecto de ley de PGE de 2013 ya determina que a partir de ese año y «con vigencia indefinida» queda «en suspenso» este mecanismo de compensación. De esta forma, si esta partida se financia con cargo al sistema eléctrico, las necesidades de financiación aumentarían sobre lo previsto en 2.972 millones.

Además de los costes extrapeninsulares, la CNE también encuentra desviaciones entre sus previsiones y las de Industria en otros costes. En la página 30 del informe cifra la diferencia total entre sus cálculos y los de Industria en 5.354 millones, a razón de 1.511 millones en 2012 y 3.843 millones en 2013.

También se muestra cauta acerca de los 5.717 millones que Industria prevé ingresar en 2013 a través de la nueva fiscalidad eléctrica, de las subastas de derechos de emisiones de CO2 y de unos ingresos extraordinarios no detallados, que coinciden con las anualidades del déficit de tarifa y sobre los que «no existe normativa que defina la naturaleza de dichos ingresos ni justificación en la estimación».

Junto a esto, muestra reticencias acerca de los 200 millones de ingreso procedentes de suplementos territoriales, ya que sobre este aspecto falta desarrollo normativo, y sobre el bono social, en el que hay que definir el mecanismo de financiación.

El informe de la CNE también propone aumentar la cuota correspondiente a la moratoria nuclear para evitar la ejecución de los avales del Estado como resultado de activar las condiciones de ingresos mínimos.

También propone la actualización de las anualidades para la financiación del déficit de tarifa, una vez tenidas en cuenta las diferentes emisiones realizadas por el fondo de la deuda eléctrica, el FADE.

La CNE insta a Industria retirar los recargos progresivos en el recibo de la luz

La Comisión Nacional de la Energía ha instado a Industria a que retire su propuesta de aplicar recargos en el recibo de la luz cuando se sobrepasen determinados niveles de consumo por entender que elevará la factura eléctrica a casi 8 millones de usuarios y es de difícil ejecución de forma inmediata.

En su informe sobre la propuesta de orden ministerial de peajes eléctricos para el primer trimestre, la CNE pide que no se incluyan los recargos porque éstos no se identifican con los principios de la directiva europea de eficiencia energética, ya que no se aplicarían sobre el exceso de consumo sino sobre toda la electricidad consumida por el usuario.

Además, la factura media de los usuarios aumentará en función de las horas de utilización de la potencia contratada «lo que no se considera una señal económica adecuada en los peajes de acceso».

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) añade que los recargos tendrán un impacto económico que podría afectar de forma asimétrica a clientes cuya demanda no sea superior a un «umbral razonable de consumo», así como discriminar a aquellos que viven en regiones en las que se consume más por razones climáticas.

Adicionalmente, añade el informe, la progresividad de los peajes penaliza a los usuarios con discriminación horaria y su introducción no está justificada económicamente en la memoria que acompaña a la orden de los peajes, en la que tampoco se analiza el impacto que tendrá esta medida en los consumidores.

La CNE considera también que la aplicación de estos recargos aumentará la complejidad de la facturación de los consumidores y es de difícil ejecución de forma inmediata.

En su opinión, esta medida debería ser analizada en la propuesta de metodología de peajes de transporte y distribución de la CNE, a lo que añade que el procedimiento de urgencia por el que se ha tramitado los recargos «no se corresponde con el impacto que puede derivarse para el consumidor doméstico».

En este sentido, subraya que no ha habido tiempo suficiente para analizar los efectos de dicha propuesta, que, según datos de 2011 afectaría a unos 7,9 millones de usuarios.

«Se hace necesario un análisis previo, especialmente con las oficinas de consumo de las Comunidades Autónomas y representantes de consumidores», añade la CNE, que subraya la necesidad de realizar propuestas que faciliten la participación activa del consumidor en la adecuación de su demanda.

El precio de la electricidad resulta de la suma del coste de la energía y de los peajes de acceso, parte del recibo de la luz que fija el Gobierno y que retribuye costes como el transporte, la distribución, las primas a las renovables, los costes extrapeninsulares o las ayudas al carbón.

En su propuesta para el primer trimestre del año, Industria introdujo los denominados «peajes progresivos», unos recargos que se aplicarán cuando los usuarios superen en un 10% determinados niveles de consumos medios calculados en función de las distintas potencias que pueden contratarse.

Según datos del Ministerio, esta medida implicará incrementos de entre el 1 y el 8% en el recibo de la luz, en función de en cuánto se sobrepasen los consumos medios, y se aplicarían a los usuarios con potencias contratadas de entre 3 y 10 kilovatios (KW), la mayoría de ellos acogidos a la tarifa de último recurso (TUR).

Con esta medida, que aún no ha sido aprobada por parte del Gobierno, se prevé ingresar unos 280 millones de euros en 2013.

La CNE recuerda a Industria que debe cambiar quién paga el bono social

El bono social fue creado en 2009 por el Gobierno para apoyar a los consumidores más vulnerables, que son aquellos que tienen contratadas hasta 3 kW, y a los que no se les aplicarán las subidas de la luz hasta finales de 2013.

La financiación de dicho bono fue distribuido por el Gobierno entre las compañías generadoras de electricidad.

En una sentencia del 7 de febrero de 2012, el Supremo no cuestiona el bono social, sino que señala que la medida adoptada por el Ejecutivo es «discriminatoria» ya que carga toda la financiación de este bono social en unas empresas concretas sin explicitar las razones de esta elección y anula dicho mecanismo.

Según el informe de la CNE publicado sobre la propuesta del nuevo sistema de peajes que la semana pasada le remitió el Departamento que dirige José Manuel Soria, el organismo estima que «la orden que finalmente se publique debería adoptar las decisiones necesarias para la ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2012 sobre anulación del mecanismo de financiación del bono social».

Además, el organismo que preside Alberto Lafuente, también recuerda al Gobierno que, sobre el déficit de tarifa con el que acabará 2012 -de 3.451 millones de euros- hay diversos autos del Tribunal Supremo que se han pronunciado recientemente en materia de peajes y que instan a la «obligación de revisar los precios de los peajes de acceso para que éstos sufraguen en su integridad los costes regulados previstos para el ejercicio que corresponda».

La propia CNE asegura que «si bien la propuesta de orden de peajes para 2013 prevé, formalmente, la recuperación de los desajustes del año 2012, las diversas incertidumbres referidas tanto a los ingresos (CO2, suplementos territoriales, medidas fiscales, etc.) como a los costes (actividades extrapeninsulares, etc.) podrían determinar que los peajes no cumpliesen el principio de suficiencia, es decir, que no permitiesen la recuperación de la totalidad del coste de las actividades reguladas«.

Por todo ello, la CNE dice que actualmente existe «una importante incertidumbre sobre la base normativa que sustentará dichos ingresos para el sistema y la procedencia de ingresos necesarios para la sostenibilidad del sistema eléctrico. Se pone de manifiesto que en el caso de que las cuantías incluidas en la Memoria justificativa no sean incorporadas al sistema eléctrico, se generará un desajuste para el sistema que será financiado temporalmente por los agentes indicados en el RDL 6/2010″.

Según dicha norma, cuando por la aparición de desajustes temporales, éste será liquidado por la Comisión Nacional de Energía en las liquidaciones mensuales aplicando los siguientes porcentajes de reparto: Endesa 44,16%, Iberdrola 35,01%, Gas Natural 13,75%, Hidroeléctrica del Cantábrico 6,08%, EON España 1%.