La Audiencia Nacional respalda la convocatoria pública para elegir a los municipios candidatos al ATC

Greenpeace alegó en su recurso la improcedencia de la forma jurídica adoptada, la vulneración del derecho de información y participación, la ausencia de documentos esenciales y el desconocimiento de las cuestiones medioambientales, entre otros, al tiempo que pedía un proceso «transparente y democrático».

No obstante, la sala rechazó en su sentencia todos los argumentos de la organización ecológica. Así, en cuanto a la forma adoptada –la convocatoria pública–, recordó que se trataba de un acto administrativo y, por tanto, es conforme a Derecho acordarlo por resolución del secretario de Estado.

En relación a la vulneración de derechos de información, el tribunal entendió que se respetaron y se posibilitaron la participación del público en la toma de decisiones. En este sentido, la resolución judicial deja constancia de la publicación de una nota divulgativa de la convocatoria en 154 cabeceras de medios de comunicación y que, además, se habilitó una página web específica.

Asimismo, los jueces consideraron que tampoco se omitieron documentos sustanciales y esenciales para realizar la convocatoria, puesto que en esa fase previa de selección no eran preceptivos esos documentos que la recurrente consideraba omitidos.

Además, la Audiencia Nacional señaló que sí se tuvieron en cuenta las cuestiones medioambientales. En este caso, se contemplaban dos posibilidades: la instalación de almacenes temporales individuales o un solo almacén centralizado, si bien se llegó a la conclusión de que era la segunda de las opciones la más respetuosa con el medio ambiente y por eso se optó por ella.

Por último, la sentencia recordó que se aportó un informe elaborado por Enresa en octubre de 2006 en el que se concluyó que el coste global de ocho instalaciones en centrales es el doble que el de una instalación independiente.

Por su parte, Greenpeace anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que avala la puesta en marcha de la convocatoria pública para la selección de los municipios candidatos a albergar el cementerio nuclear, al entender que la decisión tiene «puntos débiles».

Según explicó el responsable de la campaña anti-Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, la Audiencia Nacional no «ha entrado al fondo de la cuestión» en relación a la falta de participación ciudadana en el proceso de elección, al tiempo que hizo una «aplicación muy limitada» del convenio de Aarhus, que aborda esta cuestión.

En este sentido, entiendió que el Gobierno «siempre ha ido a por una opción determinada –en este caso, el ATC– sin debate previo», a diferencia de otros países como Holanda donde se discutió durante 20 años el modelo más adecuado para albergar residuos.

«En España no ha habido discusión real y en este tema, la sentencia no aclara si tenemos o no razón. Por ello recurriremos, ya que entendemos que tiene puntos débiles y que no se ha entrado al fondo de la cuestión en algunos asuntos», señaló Bravo.

Soria considera que el impulso del almacén nuclear es de «puro sentido común»

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que la decisión de ubicar el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado en Villar de Cañas (Cuenca) se tomó porque es «de sentido común», ya que el proyecto estaba «avanzado» y estaba a expensas de una decisión final en el Consejo de Ministros.

Soria no dio una fecha «exacta» para que esté listo el ATC, pero apuntó que espera que se pueda comenzar «lo antes posible y que lo antes posible» esté disponible. A este respecto, añadió que el periodo de construcción previsto para esta instalación es de tres a cinco años.

Sobre la elección de Villar de Cañas, destacó que los ocho municipios candidatos finalistas cumplían «el conjunto de los requisitos» y que lo que faltaba era llegar a un acuerdo con un presidente de comunidad autónoma; con un alcalde, y llevarlo al Consejo de Ministros.

En este sentido, reconoció que su predecesor en el cargo, Miguel Sebastián, le dio «todo el trabajo hecho» y que elegir una ubicación es «bueno» para el interés general de España. Por ello, reiteró que se trata de una «decisión acertada».

Por otro lado, agregó que respeta a quienes no estén de acuerdo con la construcción de un ATC o con el lugar elegido, pero que el Gobierno lo que debe es gobernar tomando decisiones y pensando en el interés general. A su juicio, lo que no tenía sentido era no tomar una decisión que conllevaba un coste de 60.000 euros diarios a España y, sobre todo una mayor «vulnerabilidad».

Respecto a la revisión de la orden ministerial de cierre de la central de Santa María de Garoña (Burgos), previsto para julio de 2013, el titular de Industria recordó que su departamento solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un nuevo informe para que el organismo regulador valore si se puede extender o no su licencia de operación hasta 2019. «No tenemos todavía la respuesta, pero la decisión del Gobierno tendrá que ver con el contenido de este informe del CSN», apostilló.

«No se trata de que este Gobierno sea pronuclear o antinuclear, sino de que en España no nos podemos permitir muchos lujos, y mucho menos, el de infrautilizar la capacidad de generación de energía instalada y, en este caso, los reactores nucleares que están antiguos pero que aún pueden tener una cierta vida útil», precisó.