La Audiencia Nacional determina que Repsol será indemnizada con 63,8 millones de euros por no trasladar el coste real del butano

En la primera de ellas, le reconoce a Repsol una indemnización de 23,2 millones de euros por los daños más intereses ocasionados por la insuficiente traslación de costes en la revisión del segundo trimestre de 2011.

Una segunda sentencia reconoce un importe de 14,6 millones de euros por el mismo concepto aplicado a la revisión tarifaria del tercer trimestre de ese año, mientras que la tercera corresponde tanto al cuarto trimestre de 2011 como al primero de 2012, y obliga a indemnizar a la compañía con 26 millones de euros.

De esta forma, la Audiencia da la razón a Repsol no sólo en su denuncia en contra de las denegaciones de los recursos de alzada presentados ante el Ministerio de Industria, sino también en lo referido a la indemnización reclamada, al considerar que la empresa tiene derecho a recibir el importe correspondiente a la fórmula que se aplicaba antes de 2009 más los intereses.

Las empresas del sector consideraban que la fórmula en vigor desde 2009 les hacía vender a pérdida, al tomar el trimestre anterior como referencia de precio, lo que generaba un decalaje que hacía que el sector no recogiese el encarecimiento de la materia prima.

El Tribunal Supremo dio la razón a los operadores en una sentencia de junio de 2012, y es sobre esta base sobre la que la Audiencia Nacional formula ahora las sentencias en las que se reconoce el derecho de Repsol a ser indemnizado.

En concreto, el Supremo anuló la orden ministerial con la fórmula de revisión de precios de 2009, lo que implica regresar al mecanismo de cálculo de 2008. El tribunal consideró que «un sistema de determinación automática de precios máximos de venta de los GLP envasados que obliga a que los operadores los vendan a pérdidas durante un prolongado período de tiempo no se atiene a las normas legales».

El actual Gobierno volvió a modificar la fórmula de revisión de precios, en la que se fija un umbral máximo de 17,5 euros por bombona y se reconoce a los operadores la posibilidad de recuperar en el futuro los costes en caso de que superen este límite.