La Audiencia Nacional desestima el recurso del Gobierno central contra la sentencia que obliga a pagar fondos mineros a Asturias

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 admitió el pasado mes de noviembre los principales planteamientos del Principado al estimar que la anulación del pago de los fondos mineros ya comprometidos con Asturias no respondían a una «imposibilidad económica sobrevenida».

La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Nacional por el Gobierno central, que en su primer Consejo de Ministros en diciembre de 2012 suspendió el pago de los fondos mineros destinados a infraestructuras, y el Principado reclamó, por su parte, que se le obligase a cumplir temporalmente la sentencia dado el perjuicio social y económico causado con este retraso.

La resolución judicial la dieron a conocer en rueda de prensa los consejeros de Presidencia y Economía del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez y Graciano Torre, respectivamente, que emplazaron al Ejecutivo a asumir y ejecutar la sentencia en torno a unos proyectos que suponían una inversión de 213 millones de euros.

Según Martínez, la resolución judicial, contra la que el Principado desconoce por el momento si cabe recurso, avala las tesis del Gobierno regional y pone de manifiesto el «incumplimiento» por el Ejecutivo central «con las cuencas mineras y con Asturias».

La demanda fue presentada por el Gobierno de Foro ante la Audiencia Nacional y después replanteado por el gabinete socialista de Javier Fernández ante el juzgado central de lo contencioso, donde planteó otra reclamación con los proyectos previstos para 2012 por importe de 53,3 millones de euros e inició el trámite para hacer lo mismo con los de 2013 cifrada inicialmente en 68,1 millones de euros.

El rechazo al recurso del Gobierno central reitera los argumentos esgrimidos en la sentencia inicial al considerar que la anulación del pago de los fondos ya comprometidos no puede atribuirse a una falta de disponibilidad presupuestaria sobrevenida con lo que no puede aducir «falta de recursos» para hacerles frente.

Martínez destacó que el tribunal considera así que el Estado no ha cumplido con sus obligaciones de pago ni ha cumplido con su obligación de vigilar el cumplimiento de los convenios firmados con el Principado para la ejecución de las distintas obras.

A partir de ahora, apuntó el consejero, el Gobierno central debería realizar un informe técnico para determinar la situación en que se encuentra cada convenio para determinar cuáles han sido sus incumplimientos para proceder al pago, dado que hay proyectos que no se iniciaron y otros en los que el Principado adelantó los fondos.