La Audiencia Nacional desbloquea la orden que obliga a las eléctricas a ceder sus bases de datos

La Audiencia Nacional ha levantado las medidas cautelares que paralizaron la decisión del Ministerio de Industria de obligar a las distribuidoras de las eléctricas a abrir sus bases de datos de clientes a las comercializadoras independientes.

Según informó el Ministerio de Industria, la Audiencia Nacional ha accedido esta semana a levantar las medidas que suspendieron cautelarmente la aplicación de la norma, después de que el departamento que dirige Miguel Sebastián incluyera en el texto que los clientes deben dar su consentimiento expreso a la cesión de datos.

El pasado mes de diciembre, Industria incluyó en la orden de tarifas eléctricas una disposición en la que se obliga a las distribuidoras a poner a disposición de las comercializadoras independientes información sobre los puntos de suministro de sus clientes.

En enero, la patronal eléctrica Unesa presentó un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden de tarifas en el que también solicitaba la suspensión cautelarísima de la disposición adicional que hacía referencia al libre acceso a la bases de datos de clientes. La patronal argumentó que la disposición vulneraba la Ley Orgánica de Protección de Datos y que la cesión de los datos de clientes produciría «daños y perjuicios de reparación imposible». La Audiencia Nacional accedió a la petición de la patronal, lo que paralizó la aplicación de la normativa.

Posteriormente, el Ministerio de Industria redactó de nuevo el texto para añadir que la cesión de datos debe contar con el consentimiento de los usuarios, publicó la orden modificada a finales de marzo pasado y volvió a recurrir ante la Audiencia Nacional. Como consecuencia de este último recurso, el tribunal ha accedido a levantar las medidas cautelares.

La actitud de Unesa sobre este asunto motivó en febrero la apertura de un expediente sancionador a la patronal por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Según argumentó entonces Competencia, las empresas de Unesa «podrían haber presentado el citado recurso ante la Audiencia Nacional con el objeto de evitar que esa medida se ponga en marcha y, por tanto, con el objeto de restringir la competencia».

Industria ha argumentado que la obligatoriedad de ceder datos permitirá a los consumidores recibir ofertas de otras compañías, lo que fomentará la libre competencia del mercado eléctrico.