La Audiencia Nacional decide mantener las cautelarísmas sobre el decreto del carbón

En sus tres autos dictados, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional mantiene la suspensión de esta obligación hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por las eléctricas contra el Real Decreto del carbón.

Los jueces de la Audiencia Nacional recuerdan que ya el propio Tribunal Supremo reconoció la «perentoriedad» del plazo de tres días que establece el Real Decreto, y que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) recomendó ampliar dicho plazo a un mes. Las partes tienen cinco días para presentar recurso de reposición.

En concreto, las eléctricas recurrieron la resolución de la Secretaría de Estado de Energía del pasado 22 de octubre, fecha a partir de la que comenzaba a contar el plazo de tres días, y en la que se fijaron las cantidades de carbón, el volumen máximo de producción y los precios de retribución de la energía con el objetivo de incentivar la quema de carbón nacional en centrales eléctricas.

La Audiencia Nacional acepta así las alegaciones de las eléctricas, que consideran que la obligación de presentar las cartas de compromiso provocaría un daño económico irreversible y distorsionaría el mercado de la energía por la imposibilidad de negociar los precios.

Por su parte, el abogado del Estado defendió que el posible daño económico a las eléctricas no justificaba la retirada del Real Decreto, porque su finalidad es evitar que las empresas de extracción y las centrales de quema de carbón entren en quiebra.

De hecho, fuentes del Ministerio de Industria señalaron que lo dictado por la Audiencia Nacional «se refiere únicamente a un aspecto menor» (al citado plazo de tres días) y explicaron que la Audiencia no ha paralizado en ningún caso el decreto.

Por tanto, el Supremo tendrá que resolver las medidas cautelares de suspensión del Real Decreto 1221/2010, aprobado el pasado 1 de octubre, y que modificó el Real Decreto 134/2010, aprobado el 12 de febrero.

La normativa aprobada en febrero fijaba un plazo de dos meses para que las eléctricas y las empresas de almacenamiento de esta materia prima presentaran las cartas de compromiso ante la CNE. Sin embargo, la modificación de octubre rebajó este plazo a tres días, lo que dio lugar a que las eléctricas recurrieran ante la Audiencia Nacional.

Según fuentes jurídicas, el Supremo todavía tardará varias semanas en pronunciarse sobre las medidas cautelares solicitadas contra la normativa entera, ya que el proceso se encuentra en fase de contestación del recurso por las partes. La sentencia sobre el fondo del asunto podría tardar un año.

Guerra a tres frentes

Las compañías Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa están abiertamente en contra del llamado Real Decreto de resolución de restricciones por garantía de suministro y han abierto tres frentes diferentes contra el mismo.

Estas empresas entienden que esta normativa perjudica a las centrales que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado, que quedarían fuera del mercado cuando no hubiera hueco para ellas, dado que el nuevo decreto da prioridad a la entrada de las plantas que consumen carbón español.

Estas compañías, a título siempre individual, han acudido a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo en contra de este decreto. Así, el pasado 7 de octubre presentaron sendos recursos contencioso-administrativos ante la Sala Tercera del Supremo.

Asimismo, el día 18 de octubre abrieron el tercer frente al acudir al Tribunal europeo, con sede en Luxemburgo, en contra de la decisión de la Comisión Europea de autorizar esta normativa que, a su entender, entraña una ayuda de Estado, incompatible con el derecho comunitario, y daña a sus intereses comerciales.

El tribunal europeo decidió también aplicar medidas cautelarísimas, en este caso contra la decisión de la Comisión Europea de autorizar el decreto (es decir, contra la decisión de Bruselas de declarar compatible con el derecho comunitario el real decreto).

Esto significa que la ejecución de la decisión de Bruselas queda suspendida hasta que Luxemburgo dicte un auto al respecto; algo que podría tardar entre dos o tres meses, aproximadamente, y que podría requerir que, previamente, comparezcan las partes.

En el auto del Tribunal de Luxemburgo, el juez ordena a la Comisión que informe a las autoridades españolas de esta decisión y les solicite la adopción de todas las medidas que sean necesarias para evitar o, en su caso, suspender la aplicación en la práctica del citado real decreto, hasta que el Tribunal se haya pronunciado.

Carbunión solicita su personación ante la Audiencia Nacional

Además, la patronal del sector del carbón, Carbunión, solicitó su personación ante la Audiencia Nacional para defender la posición de las empresas extractivas y solicitar que se levanten las cautelarísimas que impiden la aplicación del real decreto que incentiva la quema de carbón nacional en centrales eléctricas.

Según informa Hullera Vasco-Leonesa, la petición de la patronal, en la que «vierte los argumentos que avalan la necesidad de dejar sin efecto la suspensión», se produjo después de que la Audiencia Nacional citara a las partes implicadas para analizar el caso.

El desarrollo normativo paralizado por el tribunal fue publicado el pasado 26 de octubre y constituye una de las dos resoluciones técnicas necesarias para permitir la entrada en vigor del decreto.

Si bien las eléctricas alegan el poco tiempo establecido para la remisión de las cartas de compromiso de compra de carbón hasta 2012, Hullera Vasco-Leonesa afirmó que Iberdrola ya remitió a la Comisión Nacional de Energía (CNE) el mismo 28 de octubre su misiva, y que el 28 de octubre firmó el contrato de suministro de carbón a su central palentina de Guardo.

Sin embargo, la empresa minera aseguró que Iberdrola ha remitido otra carta en la que deja en suspenso el contrato a la vista de la decisión tomada por la Audiencia Nacional. Hullera Vasco-Leonesa «ha respondido manifestando la más absoluta disconformidad con su contenido toda vez que el mencionado contrato de adquisición de carbón entre ambas compañías ha sido suscrito en cumplimiento del Real Decreto 134/2010, y no de la citada resolución» sobre la que se pronunció la Audiencia.

En cuanto a su negociación con Gas Natural Fenosa, Hullera Vasco-Leonesa aseguró que se ha producido un acuerdo sobre la carta de compromiso de la eléctrica de compra de carbón hasta 2012 y sobre las condiciones de entrega. No obstante, afirmó, Gas Natural Fenosa ha aplazado la firma de este acuerdo por decisión unilateral.

El Gobierno «trabaja» para que Luxemburgo levante las medidas cautelares

Por su parte, el Gobierno español está «trabajando» para que el tribunal de justicia de la Unión Europea levante las medidas cautelarísimas adoptadas contra la decisión de Bruselas de autorizar el real decreto de ayudas al carbón español.

Así lo afirmó el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que dejó clara la «voluntad política» del Ejecutivo en defensa del sector de la minería del carbón.

«Mantenemos nuestra posición con respecto al carbón» que, además, «estamos defendiendo jurídicamente», indicó.

Según explicó, «tiene que existir un sector energético ligado al carbón autóctono«. «Es nuestra posición y la vamos a defender en los tribunales; es lo que estamos haciendo», dijo.

Rubalcaba indicó que en el Gobierno «somos respetuosos con los tribunales», en alusión a los recursos presentados por tres compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el tribunal de Luxemburgo, para frenar este decreto.

No obstante, insistió en que el Gobierno trabaja para que Luxemburgo levante las medidas cautelarísimas que adoptó el pasado miércoles e incidió en que «confiamos» en que, efectivamente, así ocurrirá.