La Asociación Eólica de Galicia solicita a Alberto Nuñez Feijóo que recurra la Ley del Sector Eléctrico

AEG recordó que la futura Ley «es la culminación de catorce normas de diferente rango, promulgadas todas ellas por el actual Gobierno del Partido Popular, con prácticamente un mismo objetivo: reducir el llamado déficit de tarifa», aunque «los hechos han constatado que las catorce medidas legislativas en modo alguno han resuelto los problemas planteados».

La asociación agregó que la nueva Ley «adopta una serie de medidas que perjudican gravemente al sector eléctrico gallego, tanto a los parques que se encuentran en funcionamiento, como a los que pudieran instalarse en un futuro, cuestionando en ambos casos su viabilidad».

Subrayó asimismo que, paralelamente, «y de un modo interesado», se ha promovido una corriente de opinión que responsabiliza a las energías renovables y, entre ellas, a la eólica, de la generación e incremento del citado déficit de tarifa», lo que «es absolutamente falso», como «ha confirmado expresamente la Comisión Europea en su informe de 30 de mayo de 2012».

Por el contrario, el sector reiteró que «cuanta mayor cantidad de energía eléctrica se produzca mediante parques eólicos, más barato será el recibo de la luz para los ciudadanos».

EGA recordó que ha mantenido «reuniones personales» y trasladado escritos a los diferentes diputados y senadores gallegos y concluyó que es «inexplicable y contradictorio» el apoyo de los representantes del PPdeG a un texto «que supone de hecho condenar a una energía limpia, barata, autóctona y sostenible como la eólica, perjudicando los parques eólicos gallegos que se encuentran en funcionamiento, así como los proyectos que pudieran instalarse en un futuro».

Tras insistir en que tanto la Ley como las medidas anteriores «disponen de evidentes vicios de inconstitucionalidad y vulneran los principios de irretroactividad, seguridad jurídica y confianza legítima», la asociación eólica solicitó el apoyo del presidente de la Xunta en una carta en la que demandó a Núñez Feijóo que, con carácter urgente, interponga recursos de inconstitucionalidad.