La Asociación Empresarial Eólica cree que la reforma energética es «injusta y maltrata a la eólica»

López-Tafall, que inauguró la jornada que AEE organizó en Madrid bajo el nombre «La reforma energética y la eólica», destacó que «las empresas e industrias eólicas nos sentimos especialmente maltratadas, pero también perplejas; pensábamos que España defendería su industria eólica, innovadora, que sigue creando empleo y que genera la energía renovable más barata. Pero no es así«. Por ello, López-Tafall subrayó que la reforma es «injusta e incomprensible. La reforma no es la solución a los problemas y el daño que se hace al sector eólico es excesivo«.

El presidente de AEE insistió en que hay medidas que penalizan a la eólica frente al resto de tecnologías. A este respecto, López-Tafall recordó que, con la eliminación del complemento por gestión de energía reactiva, el sector ha dejado de ingresar 4,9 millones de euros en los primeros 18 días desde que el Real Decreto-Ley 9/2013 (única norma de la reforma que ya es firme) entró en vigor.

Según los cálculos realizados desde la asociación, estos números se traducen en 140 millones de euros que la eólica dejará de percibir anualmente. Un recorte que se debe añadir a los ya sufridos con anterioridad por el sector, enumerados previamente por el propio presidente de AEE que no dudó en aseverar que «desde hace años se perjudica a nuestra industria y empresas de forma consciente«. AEE estimó que el Real-Decreto Ley 2/2013 del pasado febrero, unido al impuesto del 7% sobre la generación en vigor desde enero, le costarán al sector 600 millones este año.

Desde la AEE se aseguró que la reforma energética sume al sector en la más absoluta incertidumbre jurídica, financiera y empresarial. López-Tafall manifestó que el Real Decreto-Ley 9/2013 «cambia radicalmente el sistema, modifica sustancialmente las reglas del juego que atrajeron 25.000 millones en inversiones en los últimos veinte años». Además, López-Tafall añadió que el proyecto de Real Decreto sobre retribución a las energías renovables «se basa en una supuesta rentabilidad razonable muy alejada de la realidad de nuestro sector y nos condena a problemas financieros».

Retroactividad versus inversión

López-Tafall insistió también en la retroactividad de la normativa que se quiere aplicar y recordó la advertencia del Consejo de Estado, en su informe sobre la reforma energética, sobre el «enorme» riesgo que supone fijar retribuciones futuras sobre la base de hechos pasados. Para el presidente de AEE «no hay peor praxis regulatoria que la retroactividad, ni nada que más asuste a los inversores» por lo que la consecuencia de esta retroactividad resulta evidente: «será muy difícil no sólo que nuestras empresas se planteen invertir en España, sino que encuentren quién se arriesgue a financiarlas«.

Precisamente Luis Casals, socio de Baker & McKenzie, hizo hincapié en que la advertencia realizada por el Consejo de Estado sobre la retroactividad de la nueva normativa constituye junto a Europa los dos principales motivos para la esperanza a los que pueden aferrarse las empresas del sector. Casals consideró que la sensatez finalmente imperará ya que hay líneas rojas en el Estado de Derecho que no se pueden traspasar libremente y sus esperanzas en Bruselas radican en que considera «difícil de imaginar» un escenario en que la normativa española no se adapte a la europea.

Casals manifestó también que hay intranquilidad en el sector por la introducción de dos elementos: la retroactividad y el concepto de rentabilidad razonable. Dos consecuencias directas de que en España, desde hace muchos años, se está legislando mal. «Hay mucha falta de rigor. Nos encontramos con una normativa dispersa, difícil de armonizar. El problema es que estamos parcheando continuamente. No solo en energía, es un mal endémico de nuestra legislación. Se legisla a corto plazo, sin una visión prospectiva de cómo deberían ser las cosas. Y esta reforma no es ninguna excepción ya que se hace sobre la base de una recesión que hemos padecido«, aseveró.

En consecuencia, Luis Casals aseguró que «los tribunales irán poniendo en su sitio estas normas que, por otro lado, no se han hecho con las mejores formas posibles«. Así pues advirtió que la reforma energética propicia una conflictividad que «no es buena ni para las empresas ni para la Administración» antes de concluir que «las aguas volverán a su cauce aunque previamente habrá que presentar batalla. La situación tiene que ir a mejor pero tendremos que luchar, impugnar, recurrir y reunirnos con la Administración», manifestaba ante el numeroso auditorio congregado.

Rentabilidad razonable «inadecuada»

Pablo Dorronsoro, socio de Baker & McKenzie, realizó un análisis global de la reforma desde el punto de vista del sector eólico. Pormenorizando cada punto conflictivo del paquete normativo de la reforma energética y explicando cuáles pueden ser las vías legales a seguir, Dorronsoro aseguró que encontrarnos con la décima reforma para el sector eléctrico en un plazo de siete años hace que el Gobierno caiga «en una clara arbitrariedad regulatoria«. Esta arbitrariedad puede constituir uno de los puntos débiles de la reforma. Además, este abogado añadió que la rentabilidad razonable que plantea el Gobierno es «inadecuada» al fijarla en el rendimiento medio durante la última década de las obligaciones del Tesoro a 10 años más 300 puntos básicos.

El director de Políticas Energéticas de la Asociación Empresarial Eólica, Heikki Willstedt, reiteró que desde la AEE piden la retirada del Proyecto de Ley del Sector Eléctrico y de la propuesta del Real Decreto para las energías renovables debido a su carácter retroactivo y porque se aplica un criterio de rentabilidad razonable «definido a posteriori«. Willstedt recordó que la eólica es la tecnología con las instalaciones más antiguas y eficientes pero aseveró que la reforma no hace justicia al sector: resulta «el más penalizado» por la reforma energética. «Queremos ser parte de la solución, pero no somos el problema«, aseguró este directivo de la AEE, que se muestra rotundo al afirmar que la reforma es «coyuntural» y no soluciona los problemas «a largo plazo».

Antonio Baena, socio director en Garrigues Medioambiente, no dudó en anticipar que, como resultado de esta reforma, los parques eólicos no recibirán retribución a la operación; además, los más antiguos tampoco tendrán derecho a la retribución por inversión y acudirán al precio de mercado. En consecuencia, «la mayoría de los parques eólicos tendrán que refinanciarse» según Baena, lo que conlleva el riesgo para el sector financiero de que «si el promotor de un parque ve su beneficio comprometido por la reforma, pueda renunciar a su titularidad en favor del banco«.

Por parte de la Asociación de Representantes en el Mercado Ibérico de Electricidad (ARMIE), Manuel Fernández explicó cómo los mecanismos de capacidad e hibernación así como el servicio de interrumpibilidad, costes soportados hasta ahora por la demanda,» van a ser con la reforma energética pagados también por la generación«.

Alberto Ceña, coordinador de los servicios técnicos de AEE, explicó a los presentes la incidencia de la reforma en el mantenimiento y alargamiento de vida de los parques. Consideró que si la reforma termina aprobándose en los términos que se plantea, «habrá que adecuar la operación y el mantenimiento a un nuevo escenario en el que ya no se tratará de producir cuanto más mejor sino especialmente en momentos de precios altos, lo que puede hacer por ejemplo que se pare la maquinaria para realizar trabajos de mantenimiento preventivos». Este cambio de filosofía buscará «optimizar los costes dentro de unos límites» para asegurar cierta rentabilidad.