La Asociación de Productores de Energías Renovables reclama al Gobierno la retirada de la reforma

José Miguel Villarig, que inauguró en Madrid la jornada Energías renovables tras la reforma energética, pidió al Gobierno que retire la reforma energética que impulsa desde julio porque quebranta la seguridad jurídica y, además, no ayuda a combatir el que considera el mayor problema energético español: «la dependencia del exterior». En este sentido, reivindicó «más política de Estado» para conseguir «un horizonte predecible y certidumbres para el sector» con el fin de «dejar el cortoplacismo y la improvisación continua en política energética que padece España».

El presidente de APPA señaló a las energías renovables como las «grandes damnificadas» por la reforma energética del Gobierno. Del mismo modo explicó que desde el sector renovable se ha vivido con «asombro» el cambio regulatorio y desveló un sentimiento de «engaño» dentro del sector porque se pretenden cambiar «todos los parámetros» con los que se lanzaron los proyectos. Villarig también arremetió contra las empresas de Unesa (Asociación Española de la Industria Eléctrica) argumentando que «el exceso de centrales de ciclo combinado es el gran error de nuestro sistema eléctrico» ya que sus titulares no supieron hacer una «planificación adecuada».

Por su parte, el director general de APPA, Jaume Margarit, calificó la reforma impulsada por el Gobierno como «improcedente e incoherente puesto que no encaja dentro los marcos de referencia internacionales que son la Carta de la Energía y las Directivas Europeas, así como inadecuada ya que el Ejecutivo demuestra que carece de visión estratégica». En este sentido, Margarit lamentó que se busque «aplicar medidas con carácter retroactivo y se infrinjan acuerdos internacionales» y reiteró que el sector renovable «no da crédito a lo que el Gobierno está haciendo» por lo que apeló a «agotar las vías disponibles» para defender las inversiones ya realizadas y animó a canalizar los esfuerzos a través de la asociación.

Paradoja regulatoria

Luis Pérez de Ayala, socio en Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, arremetió contra el principio de rentabilidad razonable, epicentro del nuevo sistema retributivo a energías renovables. Si bien admitió que los tribunales españoles «darán por buena» una rentabilidad razonable del 7,5%, para Pérez de Ayala la cuestión radica en que esta rentabilidad termine siendo la real «y no se quede en nada como consecuencia de que no se reconocen los costes reales». Según explicó este abogado, el Real Decreto-Ley 9/2013 altera «radicalmente» el sistema retributivo y «distorsiona en gran medida la realidad de las instalaciones existentes» ya que excluye costes no generales como los que suponen «instalaciones diferentes a las de generación, impuestos locales, convenios con ayuntamientos o concursos autonómicos». Pérez de Ayala asegura que esta exclusión de costes «va a lastrar la rentabilidad y no se alcanzará la prometida».

Este abogado también destacó la incertidumbre en la que se encuentra inmersa el sector ya que aún faltan por definir aspectos como los estándares de inversión o el concepto de vida útil regulatoria. También queda por concretar, al aplicarse medidas con retroactividad, una posible compensación de las cantidades ya percibidas desde el inicio de la vida útil de una instalación y que ahora, años después, «puedan considerarse como excesivas». Respecto a este asunto, Pérez de Ayala descartó que haya que devolver cantidades percibidas «después de lo apuntado por el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de la Energía y señaló como vía factible para impugnar «toda retroactividad que haga a las instalaciones percibir una remuneración igual a cero».

Pérez de Ayala lamentó la «paradoja regulatoria» que encierra que, dentro de un sistema regulado, «cada norma que se pone en marcha incrementa la inseguridad jurídica». Este abogado señaló dos posibles vías para recurrir: por un lado, recurrir el Real Decreto-Ley 9/2013 alegando violación inconstitucional del derecho de propiedad, de la libertad de empresa así como de los principios de seguridad jurídica, confianza legitima e irretroactividad de las leyes; por otro, recurrir la estandarización que se plasme en las órdenes ministeriales, para lo que considera «decisivo» el papel de las asociaciones «para poder demostrar que los parámetros que presente el Ministerio no se ajustan a la realidad». En cualquier caso, indicó que los diferentes procesos en los tribunales pueden extenderse durante 7 u 8 años.

Impacto estimado en energías renovables

Antonio Baena, socio director en Garrigues Medio Ambiente, realizó una estimación del impacto económico del nuevo sistema de retribución específico para las energías renovables. Por ello, explicó que este sistema se compondrá de los ingresos de la venta de energía en el mercado así como una retribución a la inversión y a la operación; Antonio Baena avanzó que ni la eólica ni la fotovoltaica cobrarán retribución a la operación mientras desgranó la complejidad que encierra la retribución a la inversión. La retribución dependerá de ciertos criterios como la estandarización que se haga de las instalaciones tipo por parte del Gobierno y otros parámetros que variarán en función de criterios como tecnología, potencia, antigüedad, sistema eléctrico así como “cualquier otro que se juzgue conveniente”. Antonio Baena presentó un cálculo realizado a partir de “unos parámetros razonables” y estimó que la retribución para instalaciones existentes se reducirá en los siguientes marcos: eólica (6-25%), fotovoltaica fija (29-38%) y fotovoltaica a dos ejes (41-48%).

Fernando Javier Triviño (Cuatrecasas, Gonçalves Pereira), centró su intervención en los aspectos fiscales de la reforma eléctrica. En este sentido, afirmó que el Impuesto sobre el Valor de la Producción Eléctrica del 7%, creado por el Real Decreto-Ley 15/2012, carece del carácter medioambiental propugnado en la exposición de motivos y sólo sirve para reducir el déficit tarifario a cargo de “los grandes damnificados de este impuesto”: los consumidores, “a los que se les trasladará este nuevo coste mediante el incremento de la tarifa”, y las renovables y la cogeneración, “que no lo pueden trasladar al estar dentro del régimen especial”. Por lo tanto, Triviño aseguró que existe base jurídica para impugnar este impuesto y explicó las diferentes vías a seguir aunque también advirtió que los proceso en los tribunales se extenderán durante los próximos años.

Ineficiencia y reestructuración financiera

El director técnico de APPA, José María González Moya, denunció el incremento “extraordinario” del término fijo de potencia (hasta un 152% más) y la reducción del término de energía (hasta un 73%) ya que es una medida que “va en contra de la eficiencia y, por lo tanto, de las directivas europeas”. González Moya también repasó la regulación que se está tramitando sobre el autoconsumo energético y reclamó que “al igual que la cogeneración queda exenta del pago del peaje de respaldo hasta 2020, pedimos lo mismo para las renovables”. También denunció “discriminación regulatoria hacia las renovables” ya que considera que si se van a tener en cuenta las retribuciones ya percibidas, este criterio se debe extender a otros costes del sistema como los pagos por capacidad a los ciclos combinados, “a los que se les recorta la retribución pero se duplica el período de tiempo que tienen derecho a percibirla de 10 a 20 años así como se abre la puerta a nuevas instalaciones hasta 2016 mientras hay una moratoria sobre las renovables”. De todos modos, González Moya considera que «dado el exceso de potencia instalada, los pagos por capacidad y el servicio de interrumpibilidad no están justificados«.

Finalmente, Josep Montañés, del Banc de Sabadell, anunció que para las instalaciones renovables será necesaria una reestructuración de la financiación que será estudiada «caso a caso» y avanzó que la voluntad del sector financiero es «no quedarse con ningún parque de generación» por lo que recomendó acudir a una renegociación con su correspondiente entidad financiera «antes que entregarlo o llevarlo a una situación de concurso». Por su parte, el presidente de Economistas Frente a la Crisis y ex presidente de Red Eléctrica de España (REE), Jorge Fabra, destacó «las graves faltas» que la reforma comete sobre la seguridad jurídica y el principio de confianza legítima. Además, volvió a incidir en su diagnóstico de los problemas del sector eléctrico y estimó necesario, «para conseguir una electricidad más barata en España», reducir entre 4.000 y 6.000 millones los costes del sistema; aseguró que 3.000 podrían salir de los «beneficios injustificados» de la energía hidráulica y la nuclear.