La asociación Adeces lamenta la «despreocupación general» ante el déficit energético, que considera el «gran talón de Aquiles» de España

Las referencias a la energía como concepto general o en el contexto de eficiencia, ahorro, balanza o consumo apenas se utilizaron en seis ocasiones durante el debate, y en ninguna de ellas para ahondar en su interés estratégico, indicó Adeces.

«Esta falta de profundidad puede ser entendible en los grupos minoritarios por falta de tiempo, pero difícilmente en los mayoritarios», advirtió la asociación, antes de aludir a que, en un año de recesión como 2012, el déficit acumulado hasta noviembre fuese de 42.400 millones de euros, un 18,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

En este contexto, Adeces consideró «absolutamente primordial» promover el ahorro energético en todos los sectores, pero especialmente en el residencial, cuya factura energética crece y sus rentas se reducen.

El potencial de ahorro energético del sector es del 50%, pero «alcanzar ese objetivo requiere medidas mucho más profundas e intensas que el simple maquillaje que hasta ahora recoge el anteproyecto de ley de rehabilitación».

Este anteproyecto «no define, ni tan siquiera, los objetivos porcentuales de rehabilitación del parque de edificios para cumplir con las Directivas de Eficiencia Energética y contribuir a alcanzar los objetivos de ahorro energético del 20% para 2020», afirmó.

La asociación consideró además que aproximadamente 22 de los 25 millones que componen el parque de viviendas son anteriores al código técnico de la edificación y, por tanto, no reúnen las mínimas exigencias térmicas que recoge la citada norma.

Dentro del fomento del ahorro energético consideró que es «preciso recuperar» la seguridad jurídica que en su día facilitó la inversión de 10.000 millones de euros en el desarrollo de renovables a cambio de posibilitar la recuperación de la misma en un período de 20 años.

Según Adeces, «no es posible reclamar seguridad jurídica para nuestras empresas internacionales y paralelamente llevar a efecto cambios legislativos que suponen la ruptura de las condiciones establecidas por el Gobierno de España, sea del signo que sea, sin el más mínimo diálogo».

También reclamó «revisar los precios de generación de las distintas energías, ya que, por ejemplo, el megavatio nuclear nos cuesta 60 euros, aproximadamente un 40% más que en Francia».

Asimismo pidió «dar por amortizadas las inversiones en plantas nucleares e hidráulicas, porque ya los usuarios las pagaron cuando se impusieron los costes de transición a la competencia. De este modo se conseguirían recursos para el desarrollo de renovables y, además, el déficit de tarifa se vería rebajado«.

Y, por último, estimó «necesario hacer un mejor uso de los recursos energéticos, manteniendo en permanente uso los sistemas eólicos».