La AEE asegura que el cambio de primas vulnera «la rentabilidad razonable, la seguridad jurídica y la confianza legítima»

La AEE explicó también que «está haciendo todo lo posible» para que el real decreto aprobado la pasada semana y por el que se elimina la posibilidad de que las plantas reciban el precio de mercado más una prima se tramite como proyecto de ley.

De esta manera, se «permitiría modificar aspectos injustificados y perniciosos para el sector», una cuestión que la asociación quiere tratar directamente con el Gobierno, por lo que solicitó una reunión urgente con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal.

El cambio en la actualización de los costes regulados también está regulado en el real decreto aprobado la semana pasada, pero la AEE presentó la alegación por esta cuestión contra la propuesta de orden de peajes y a través de la CNE, ya que es la única vía formal que tiene de hacerlo.

En esta alegación, la AEE argumentó que las empresas eólicas realizaron sus inversiones de acuerdo al real decreto 661/2007, que garantizaba actualizaciones de la retribución con una «rentabilidad razonable» que, en su opinión, no se respetó.

Añadió que, de esta manera, se vulnera también el principio de confianza legítima, «lo que contribuirá a alejar la inversión del sector y del país».

Además, esta reducción de los ingresos «pone en riesgo la capacidad de las empresas para hacer frente a sus obligaciones de pago» frente a entidades financieras, lo que hace peligrar su viabilidad.

La AEE consideró que las medidas aprobadas por el Gobierno son «inaceptables» y defiende que la propuesta de orden de peajes «no se sustenta en un análisis objetivo», ya que obvia la reducción de la retribución eólica en unos 100 millones de euros prevista en el propio real decreto 661/2007.

La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier) y la patronal termosolar (Protermosolar) anunciaron que emprenderían acciones legales contra las últimas medidas del Gobierno.

En una comparecencia conjunta, las asociaciones criticaron la «política de acoso y derribo» del Gobierno contra las renovables y aseguraron que «solo se estudian las alternativas que vienen desde (la patronal de las grandes eléctricas) Unesa».

Frente a estas acusaciones, Unesa defendió que sus asociadas fueron las más afectadas por las medidas del Gobierno para atajar el déficit de tarifa y acusó a las renovables de ser las «principales causantes» de este desfase.