La AEE advierte de la desaparición de su industria en España si se prolonga la moratoria hasta 2017

La AEE recordó que el informe de la CNE plantea cuatro posibles escenarios, que van desde una suspensión indefinida que implicaría que la única potencia renovable instalada hasta 2020 sea la inscrita en el registro de preasignación, hasta una revisión de la senda de los objetivos del Plan de Energías Renovables de modo que se volviese a instalar a partir de 2017, plazo para el que la eólica «apenas» tendrá necesidad de incentivos, dando prioridad «a la tecnología más económica», que es la eólica terrestre.

La asociación consideró que si el Gobierno escucha la recomendación de la CNE, cuando quiera reactivar la eólica no tendrá más remedio que importar los aerogeneradores del extranjero, porque España no tendrá ya industria propia y se habrán destruido miles de empleos, que no se recuperarán.

El informe, que en diversas ocasiones citó a la eólica como la tecnología más competitiva y eficiente y que además «no tuvo impacto en el aumento del déficit de tarifa de 2011», recomienda además el establecimiento de un mecanismo de subastas para asignar la potencia renovable a instalar y determinar su coste.

La AEE consideró que esta medida supondría un cambio radical respecto al actual mecanismo económico, ya que los promotores fijan su retribución a través de una puja, y aseguró que en los países en los que se ha implantado este sistema se ha instalado considerablemente menos potencia de la adjudicada inicialmente en las subastas.

En todo caso, el sector eólico se mostró dispuesto a estudiar junto al Gobierno los diferentes mecanismos de mercado que, teniendo en cuenta la situación de la economía española, garanticen la supervivencia de la eólica y sus más de 30.000 puestos de trabajo.

Por otro lado, el informe incluyó medidas que afectan a la retribución que en estos momentos percibe el sector. La más significativa se refiere a la propuesta de reducir la tasa de actualización de los parámetros de la retribución a partir de abril de 2012, lo que tendría un impacto acumulativo que afectaría a la rentabilidad de los parques eólicos ya instalados, señaló.

El sector consideró que de ningún modo deben tomarse medidas que afecten a la potencia instalada, ya que ello pondría en duda la seguridad jurídica del país y alejaría la inversión. En definitiva, si el Gobierno atiende a estas recomendaciones de la CNE, el futuro del sector eólico se vería, a juicio de la AEE, «truncado».

«La industria eólica perdió más de diez mil puestos de trabajo en los últimos años como consecuencia de los cambios regulatorios y la incertidumbre», afirmó la asociación.

Por ello, insistió en la urgencia de contar con un marco regulatorio estable y duradero cuanto antes para garantizar la continuidad del sector en España, evitar la pérdida de empleo, consolidar el liderazgo tecnológico y permitir el cumplimiento de los objetivos europeos de cara a 2020.