Josep Sánchez Llibre (2ª parte): «La dependencia del Gobierno de los órganos reguladores es total y absoluta»

Pregunta.- ¿Cómo valora la reforma de la Ley del Sector Eléctrico?

Respuesta.- La reforma fue objeto de una negociación interesante por parte de todas las formaciones políticas, en las que, como socios activos, fuimos el grupo que más enmiendas presentó, junto con el propio Partido Socialista, que paradójicamente autoenmendó su proyecto de ley y, así, el que ha salido es totalmente diferente al que entró. Pero no por las enmiendas que presentaron los grupos que estamos en la oposición, sino por las autoenmiendas del propio PSOE. Es importante destacar que esta ley se ha creado con un consenso importante tanto por parte del primer partido de la oposición, como del resto de partidos como el PNV o CiU. Muchas de nuestras enmiendas fueron negociadas y aceptadas, con alguna excepción que ocurrió en el trámite final.

Pregunta.- Esta ley consagra a Red Eléctrica de España como transportista y monopolista único, una cuestión que posteriormente ha sido muy criticada. ¿Cuál es su valoración al respecto?

Respuesta.- Nosotros hicimos enmiendas que iban en una dirección contraria, porque entendíamos que no era oportuno en aquellos momentos que se pudiera establecer definitivamente REE como transportista único. La posición de nuestro grupo se dirigió, precisamente, a intentar romper el esquema del transportista único. También razonamos nuestra enmienda en contra del transportista único, exceptuando los casos de las instalaciones de 220 kW, que en muchas partes de Cataluña, estas instalaciones, más que de transporte, se utilizan como instalaciones de distribución, especialmente en el área metropolitana de Barcelona y no deberían entrar en la consideración de la actividad del transportista y monopolista único.

Planteamos la necesidad de que tenía que haber un informe de la CNE y un acuerdo con la Comunidad Autónoma correspondiente. Lo que ocurrió finalmente fue que tanto el Partido Popular, como el Partido Socialista, se pusieron de acuerdo en este aspecto.

Pregunta.- ¿Cómo valora que, en varios aspectos finalmente, una vez en el propio trámite en el Senado, los dos partidos mayoritarios se pongan de acuerdo ante ese tipo de cuestiones?

Respuesta.- Nosotros entendemos que tanto PP, como PSOE, tienen una mentalidad que va en la dirección de centralizar el máximo de decisiones y el máximo de poder bajo el control del Estado, dando poco juego a las CCAA. En este aspecto, y en muchísimos casos, se ponen de acuerdo rápidamente. Todo lo que sea cesión de competencias a las CCAA, como en los ámbitos energéticos, gasísticos o eléctricos, rápidamente se ponen de acuerdo, en que el poder lo tenga el Estado y no resida en las CCAA. Globalmente, -dejando de lado este aspecto del transportista y monopolista único que, por cierto, se introdujo como autoenmienda del Partido Socialista y no iba en el proyecto de ley inicial- yo diría que en la transposición de las dos directivas no ha habido pactos antiautonómicos en contra de los nacionalistas. Creo que también hay que reconocer la consideración y la sensibilidad de los portavoces socialistas para que el pacto representase al máximo de formaciones políticas. Aunque en este caso no hemos conseguido completamente lo que queríamos, en el resto diría que han hecho un buen papel y han conseguido un consenso considerable en una ley que es muy compleja.

Pregunta.- Una de las cuestiones que establecían las directivas pendientes de transposición es el cambio del estatuto o de las misiones de los órganos reguladores, en este caso de la CNE. Desde el punto de vista de mayor independencia, por un lado (se está reclamando que por lo menos la presidencia, incluso en algunos casos hasta el nombramiento de consejeros pase por el Parlamento), y por otro, que se pueda dar ahí cabida también a los grupos de las comunidades autónomas. Tampoco, en este sentido, la posición de otros grupos parlamentarios como el PNV expresa satisfacción ante el resultado final. ¿Cómo valora esta posición?

Respuesta.- Desde CiU siempre hemos dicho que los organismos reguladores -incluso hemos presentado iniciativas al respecto- tendrían que ser independientes y que una parte importante de sus miembros los tuviera que nombrar el Parlamento, y no el Gobierno, para que fueran verdaderamente independientes. Hoy, desgraciadamente, por lo que hemos visto tanto en la CNE, como en la CNMV, la dependencia de estos organismos del Gobierno es total y absoluta. El PSOE no ha cumplido con su programa electoral (siempre había planteado en su programa electoral que tendrían que ser nombrados por el Parlamento) y nosotros hemos planteado una iniciativa en el Congreso de los Diputados que ha obtenido el consenso de todas las formaciones políticas, excepto del PSOE, -que en un futuro inmediato pienso que va a ser una realidad, en la próxima legislatura- los organismos reguladores han de ser nombrados por el Parlamento. Nosotros, así como el Partido Nacionalista Vasco, siempre hemos defendido la necesidad de que algunas Comunidades Autónomas, o las Comunidades Autónomas en su conjunto, tengan una presencia efectiva en los distintos organismos reguladores estatales.

Son dos cuestiones que no se han cumplido, y esperamos que en la próxima legislatura esto sea una realidad para el buen funcionamiento de la economía española, para ganar solvencia y crédito en el ámbito internacional… Pensamos que el desenlace de la OPA por Endesa, primero de Gas Natural, luego de E.on, y después de Acciona y Enel, ha dejado una imagen lastimosa de los organismos reguladores españoles desde la perspectiva internacional, en este caso de la CNE, y de la CNMV podemos decir absolutamente lo mismo. Ha habido editoriales prestigiosos de medios de comunicación financieros internacionales en los que han dado a conocer su opinión de que no son organismos reguladores independientes, sino muy dependientes. Esto es una muy mala imagen para la economía española y para las instituciones españolas que tendríamos que resolver todas las formaciones políticas. Yo pienso que esto va a ser una realidad en la próxima legislatura.

Pregunta.- En el marco de la regulación, el Ministerio de Industria utiliza de forma habitual la regulación a través de los decretos-ley. Muchos decretos-ley incluso, pasan años y no se llegan a aplicar, y cuando llegan se incorporan en la regulación de la tarifa eléctrica. ¿Cómo valora que se utilicen los decretos-ley como herramienta legislativa?

Respuesta.- Pensamos que esto obedece a la falta de una política rigurosa y de un programa energético concreto por parte del Gobierno. No existe una política rigurosa desde la perspectiva energética y de la configuración de grupos empresariales. Es una política de improvisación. Y esto hace que cuando el ministro de turno, en este caso el señor Clos, o el señor Montilla, aterrizan en el Ministerio, les resulta muchísimo más fácil la gestión diaria mediante la publicación o aplicación de decretos-ley que no a través de leyes que puedan ser discutidas en el Parlamento. Esto responde a una falta de transparencia por parte del Gobierno para evitar que aspectos que están muy relacionados con la economía y con el consumidor, no transcurran por las vías parlamentarias y se tramiten con opacidad y falta de transparencia para evitar el debate parlamentario.

Pregunta.- El hecho de que haya habido una sentencia que obliga a justificar los motivos de urgencia para que existan esos decretos-ley (la sentencia contra la reforma laboral del PP) ¿puede hacer que en el ámbito de la energía se dejen de usar?

Respuesta.- Es posible que el Gobierno no tenga una política energética concreta y no sepa cuál es el mix energético que quiere plantear, esto siga siendo una política de improvisación. Mientras no exista una política clara y diáfana del Gobierno sobre cómo desarrollar sus responsabilidades, probablemente tenga que acudir al decreto-ley. Cuando empiece a haber sentencias que digan que los decretos-ley no se pueden utilizar para este tipo de asuntos, entonces se obligará a los gobiernos a crear unas políticas energéticas, gasísticas o industriales mucho más transparentes y de largo plazo, enviando las diferentes leyes al Parlamento. Si fuéramos (CiU)decisivos en la configuración de una determinada legislación energética, lo tramitaríamos por la vía legislativa oportuna y no por la vía del decreto-ley. Utilizar el decreto-ley es sustraer del debate parlamentario cuestiones que afectan a los ciudadanos y a la soberanía nacional, por lo cual creemos que no es un procedimiento oportuno, ni sano, en todo caso.

Pregunta.- ¿Cómo valora el nivel de liberalización del mercado eléctrico?

Respuesta.- Uno podría llegar a la conclusión de que España parece cumplir, en general, la normativa europea en materia de liberalización. Pero no es menos cierto que, por otro lado, podríamos llegar a tener la conclusión de que el grado de liberalización efectivo no es el que hubiéramos querido inicialmente. También estamos convencidos de que aún quedan barreras que deberían superarse, pero no sólo en España, sino también en otros países europeos. Realmente la conformación del mercado refleja un oligopolio, por lo que podemos decir que hemos avanzado, pero queda muchísimo camino por recorrer.

Pregunta.- Las subastas de energía que se están planteando para detraer poder de mercado a Iberdrola y a Endesa, ¿mejorarán la liberalización del mercado eléctrico?

Respuesta.- Son mecanismos que el mercado ha aceptado… Finalmente tendríamos que mirar los mecanismos que están utilizando otros países de la Unión Europea… Aquí se trata de saber si el coste efectivo o el precio al que venden las compañías energéticas a las empresas y a las familias es un precio real o es un precio subvencionado. Por una parte el gobierno defiende una subida de los precios para llegar a los precios reales, y nosotros defendemos en este caso que la energía no suba más que el IPC.

Tampoco entendemos que existan grandes beneficios como los de Endesa o los de Iberdrola, que son beneficios importantísimos. ¿Qué sentido tiene subir las tarifas eléctricas más que el IPC cuando a la vez los beneficios de las eléctricas son tan importantes? Creemos que los precios no deberían subir más que la inflación y que las empresas sean más competitivas, buscando la mayor eficiencia en su gestión. Otra cuestión interesante a tener en cuenta es el planteamiento de cuánto deben invertir las compañías eléctricas en sus redes de distribución.

Pregunta.- ¿Cómo valora la existencia del déficit tarifario, en el sentido de que cada año tengamos que financiar parte de la tarifa que no se ha cobrado a los consumidores, y que esa cifra vaya engordando en términos de intereses en el recibo de la luz?

Respuesta.- Hay quien dice que nuestros hijos van a tener que pagar la deuda tarifaria que estamos generando en estos momentos por no ofrecer un precio real de la energía, sino un precio subvencionado aunque sea ‘temporalmente’. A partir de las cuentas de resultados de las compañías, creemos que a pesar de la existencia de ese déficit, no podemos cargar a los consumidores incrementos de precios energéticos que no podemos asumir en estos momentos. Que el Gobierno sea imaginativo y que pactemos políticas eficientes de ahorro energético para que no se incurra en este déficit y para que las empresas sean productivas. Por tanto, que lo resuelvan sin incurrir en subidas inaceptables para los consumidores, revisando el contenido de la propia tarifa actual.

Pregunta.- ¿Cómo valora que se califique como ayudas de Estado la existencia de las tarifas industriales -la G4, la THP, las tarifas que tienen un precio por megavatio muy inferior a lo que pagan los consumidores domésticos- y que nuestro país tengamos una denuncia en la Unión Europea por este motivo?

Respuesta.- En este aspecto, creemos que existe una voluntad clara de que la tarifa eléctrica se pueda acercar cada vez más a los costes. Eso hará que exista una convergencia real con el resto de Europa. Desde nuestra perspectiva, es importante hacer dos observaciones. En primer lugar, que un incremento de tarifa debería corresponderse con un incremento real del coste. Y segundo, este incremento del coste debería realizarse de una forma gradual.

Pregunta.- ¿Qué piensan de los últimos movimientos corporativos en el ámbito energético?

Respuesta.- Creemos que la intervención del Gobierno en estos movimientos durante la última legislatura ha sido muy desafortunada. Lo que en realidad se habían planteado y propuesto, sobre la creación de un campeón nacional, ha tenido un resultado totalmente inverso al esperado. Al menos en la compañía que genera el 50% de los recursos energéticos en España. Vamos a ver si son capaces de articular una política solvente, y a ser posible, con recursos financieros españoles, en el resto de compañías que componen el sector eléctrico -Unión Fenosa e Iberdrola-, y también veremos si son capaces de no dinamitar el sector gasista y el sector petrolífero en España.