El representante del PSOE afirmó que Soria «cogió la máquina de podar» en enero de 2012, con la supresión de las primas a las energías renovables, y año y medio después sigue haciendo lo mismo, pero sin reformar nada.

Agregó que además esa «poda» perjudica aún más a Canarias, ante la incertidumbre sobre la financiación de los sistemas eléctricos extrapeninsulares, que se carga sobre el sistema, entre otros sobre los consumidores, pero no se incluye en el presupuesto del Estado.

«Un jardinero poda para que luego el árbol rebrote», pero Soria «está arrancando las ramas», se quejó José Segura, quien afirmó que la financiación del sobrecoste de la energía fuera de la península tiene «un futuro incierto» al no incluirse en los presupuestos del Estado.

Asimismo, el secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, aseguró que su partido presentará una propuesta de reforma estructural del sector energético tras el «nuevo mecanismo de recaudación» que aprobó el Gobierno y que elevará un 3,2% el recibo de la luz en los próximos días.

Así lo señaló , tras asegurar que el Gobierno no presentó una reforma, sino «simple y llanamente una nueva subida de la luz» y explicó que la reforma supondrá una subida inmediata de más de un 3% que, a su parecer, vendrá seguida de «todo un rosario de subidas» que acabarán soportando las economías familiares.

En este sentido, lamentó que el Gobierno no haya presentado una planificación estratégica a medio y largo plazo para diseñar un nuevo mercado energético y trasladar seguridad al sector con el objetivo de fomentar futuras inversiones, tal y como venía diciendo.

En cambio, dijo Morán, optó por «arrojar la toalla» en la batalla contra el déficit y encomendar a los ciudadanos su solución cuando habría que «desmontar de una vez por todas» la ley del sector de 1997 y resolver la fuente por la que emana el déficit de tarifa.

«Eso es lo que vamos a hacer», dijo, Morán, quien explicó que presentarán una propuesta para reformar el sector abierta al diálogo con todos los agentes, con la «esperanza» de que pueda convertirse en un escenario de consenso y resuelva con carácter definitivo en un el problema de la energía en España.

ICV carga contra el «nuevo despropósito» del Gobierno

Por su parte, la portavoz de ICV, Laia Ortiz, cargó contra la reforma energética aprobada por el Gobierno porque supone «un nuevo despropósito» en este ámbito que conllevará un aumento del recibo de la luz del 3,2%, no aborda los problemas reales del sistema energético estatal y va en contra de los consumidores y las energías renovables.

«Es una reforma injusta porque vuelven a pagar más los que menos tienen, mientras las grandes eléctricas tienen el doble de beneficios que la media europea por una situación de oligopolio«, criticó.

Según Ortiz, la solución del sistema energético pasa por apostar por el ahorro, la eficiencia, el autoconsumo y la energía redistribuida y renovable, por lo que instó al Gobierno a modificar la regulación del sistema de suministros básicos para primar el ahorro y penalizar el consumo ineficiente.

Extremadura rechaza la reforma y exige un régimen «específico»

Asimismo, el Gobierno extremeño indicó que rechaza la reforma energética a pesar de que, según indicó, entiende que «era necesario abordar la situación generada por el déficit de tarifa», puesto que «no es sostenible seguir manteniendo una deuda que en los ocho años del anterior Gobierno pasó de algo más de 1.100 millones de euros en 2004 a los más de 24.000 millones de euros en 2012».

Por eso, resaltó que desde Extremadura «se respalda el esfuerzo del Gobierno central por tratar de acabar con uno de los principales problemas en este ámbito», pero añadió que «no» comparte «ni algunas de las medidas incluidas en esa reforma ni las formas utilizadas por el Ministerio de Industria», que «una vez más no ha contado con las comunidades autónomas a la hora de planificar el futuro de un sector de gran importancia a medio y largo plazo».

El Ejecutivo autonómico recordó además que esta reforma finalmente «no» ha incluido el régimen específico solicitado por Extremadura para el sector de la biomasa (dadas las circunstancias socioeconómicas de la comunidad, el enorme potencial de este sector y la escasa incidencia que habría tenido en los costes del sistema) y si contemple un régimen específico para Canarias y Baleares».

Asimismo, insistió en que «hay otras vías para abordar el déficit de tarifa sin que con ello se lastre el desarrollo futuro de las energías renovables en general y del sector en Extremadura en particular».

En esta línea, recalcó el Gobierno regional que su «apuesta» por las energías renovables «sigue siendo firme y está fuera de toda duda». No en vano, afirmó que la comunidad autónoma presentó tres recursos de inconstitucionalidad contra otras tantas normativas energéticas del Ejecutivo central, mientras que un cuarto recurso está actualmente en fase de estudio. «Algo que no se hizo desde anteriores gobiernos regionales», añadió.

La reforma «penaliza de nuevo al ciudadano», según UGT

Para la Unión General de Trabajadores (UGT), la reforma energética aprobada por el Gobierno aumentará el coste de la energía y reducirá el poder de compra de los ciudadanos, por lo que será «otra piedra más» en el camino de la recuperación económica pues llega en un contexto de «profunda crisis» de la economía, según advirtió.

El sindicato denunció que la reforma supondrá una nueva «penalización al ciudadano», que se verá traducida en el aumento del recibo de la luz, al tiempo que la inversión por parte de las empresas del sector disminuirá, lo «puede provocar problemas en la distribución de la electricidad».

La organización que dirige Cándido Méndez subrayó que, con su reforma, el Gobierno «pretende hacer recaer» en los consumidores y las empresas la reducción del déficit de tarifa.

UGT recordó que el déficit estructural de la tarifa eléctrica, situado en 4.000 millones de euros anuales y más de 26.000 millones de euros en déficit acumulado, supone prácticamente 3 puntos del PIB español, lo que califica de «enorme problema».

El sindicato consideró «errónea» la manera en la que el Ejecutivo abordó esta cuestión, especialmente su «falta de transparencia», que impidió, a su juicio, un debate público «sosegado» sobre la materia.

«(El Gobierno) ha situado innecesariamente la cuestión en un debate de intereses cuando éste es un aspecto central para nuestro futuro. Además, el Gobierno ha incumplido el compromiso de consultar a los interlocutores sociales«, se quejó el sindicato.

La reforma eléctrica es «insostenible e ineficaz», según ecologistas

Por último, las organizaciones Greenpeace y Ecologistas en Acción denunciaron que la reforma del sector eléctrico aprobada en Consejo de Ministros es «insostenible e ineficsaz» y sólo beneficia a las grandes empresas.

A la espera de conocer el texto íntegro de la reforma del sector eléctrico, los primeros datos conocidos hacen pensar a Greenpeace que la propuesta del Gobierno vuelve a cargar contra las energías renovables y sólo beneficia a las grandes empresas eléctricas.

La organización ecologista consideró que la normativa carece de visión estratégica de futuro y aleja a España de los objetivos europeos de lucha contra el cambio climático, energías renovables y eficiencia energética, ya que, por ejemplo, mantiene la moratoria a las energías limpias.

Para Greenpeace, «queda claro que el Gobierno ha utilizado el déficit de tarifa como simple excusa para justificar nuevos recortes retroactivos a las energías renovables, tal como viene exigiendo el oligopolio eléctrico liderado por Iberdrola».

Por su parte, Ecologistas en Acción calificó la reforma de «insuficiente, insostenible e ineficaz y va en contra del interés general» y aseguró que esta reforma «será ineficaz para conseguir un sistema eléctrico de futuro y beneficioso para la ciudadanía, basado en el ahorro, la eficiencia, la soberanía energética y las energías renovables».

Según la organización, la reforma aprobada «no es más que un parche para un problema que no se solucionará sin otro tipo de enfoque» y «tiende únicamente a parámetros económicos cortoplacistas».