En la reunión también asistieron representantes de las minas de Zarréu (Degaña) y Pilotuerto (Tineo), quienes trasladaron a Soria la compleja situación existente en la mineria de la zona suroccidental de la región.

Martínez explicó a Soria los efectos que están teniendo en los trabajadores los recortes de ayudas y producción que sufrieron algunas empresas.

A pesar de la reunión con el ministro, Martínez destacó que en realidad donde se va a decidir lo que va a pasar con la minería es Madrid, en la negociación abierta del Plan del Carbón 2013-2018 con las federaciones sindicales. Según el portavoz del comité de empresa, «sabíamos que el futuro del sector no se iba a decidir hoy».

La situación actual, de acuerdo a lo que explicó Martínez, es que las plantillas que había fijas siguen trabajando de momento, a la espera de que haya negociaciones, y la gente de las contratas sigue toda despedida de momento. «La gente lleva seis meses sin trabajar más la huelga, desde noviembre hasta este mes que han empezado a trabajar», aclaró el directivo.

Respecto a los abucheos al ministro, quien acudió a la inauguración del Parador Monasterio de Corias, en Cangas de Narcea, para Martínez responden al hecho de que el sector de la minería les da cada día una vuelta más de tuerca.

Desde el comité de empresa de Carbonar se habla de unos 1.000 trabajadores afectados, de los que 800 pertenecen al grupo Victorino Alonso, entre contratas y plantillas directas.

Los municipios mineros de León urgen un marco jurídico del carbón

La Asociación Regional de Municipios Mineros (ARMI), de ámbito leonés, urgió al Ministerio de Industria a presentar «de inmediato» un marco jurídico que regule el sector del carbón entre 2013 y 2018.

La ARMI instó al ministerio a fijar la cuantía o el porcentaje que le corresponde al carbón en el mix energético nacional, una vez que el Gobierno central aprobó una reforma en la que «abre la puerta a una presencia estable del carbón» entre las fuentes de producción eléctrica.

Un marco jurídico es «imprescindible» porque permitiría distribuir las cantidades previstas en los Presupuestos Generales del Estado dentro de las correspondientes ayudas anuales con el fin de evitar los problemas sufridos en 2012 con las ayudas a la producción del carbón.

La ARMI instó de esta forma a despejar «inmediatamente» dos cuestiones: la elaboración del citado marco regulador y decidir si se debe permitir la continuidad de la actividad de las empresas mineras ahora que el carbón se considera una de las energías del mix español más allá de 2018.

«En estos momentos, y una vez que el Gobierno de la nación parece defender que se pueda seguir la actividad después de 2018, el principal escollo para el futuro de la minería es la actitud del comisario socialista Joaquín Almunia, por lo que se necesita un cambio radial de su actitud», añadió.