José Manuel Soria afirma que es «metafísicamente imposible» aumentar las ayudas al carbón

«Muchas veces se piensa que por posiciones de radicalización pueda haber modificaciones de las decisiones. El problema es que, en este caso, el Gobierno no tiene ningún margen de maniobra», afirmó el ministro en los Cursos de El Escorial, antes de asegurar que su intención es evitar que en el futuro se produzca un «ajuste adicional» en el sector.

Soria cifró en 24.000 millones de euros los fondos recibidos por el sector minero (para obras de reestructuración en comarcas, formación de los trabajadores, prejubilaciones y planes para empresas) desde 1990 y se preguntó «por qué no ha habido una reconversión en el sector» después de haber atraído «más recursos que ningún otro».

«Lo que hay previsto en 2012 para el sector de la minería y del carbón son 656 millones de euros, una cuantía que no tiene ningún otro sector de la economía, ni la energía, ni las telecomunicaciones, ni el turismo», afirmó.

Además, matizó que entre el presupuesto actual para el carbón y los fondos movilizados en el año anterior hay una reducción del 13%, ya que no se ejecutaron los 1.068 millones previstos en 2011 sino 755 millones de euros.

El ministro insistió en que la minería, con 4.000 empleos, recibe 656 millones de euros en 2012, mientras que el turismo, con una representación del 11% de la economía, cuenta con una partida de 438 millones de euros, pese a dar trabajo a 2,5 millones de personas.

«Es comprensible que un presupuesto inferior al de 2011 no guste a nadie, pero también hay que entender que estamos en un entorno presupuestario donde todas las partidas han disminuido y no puede haber una excepción, pero si la hay, es justamente en este sector, que es el que mayor cuantía tiene de dinero público en los presupuestos del Ministerio», afirmó.

Dada la reducción presupuestaria de su departamento, que alcanza el 32% con el objetivo de atajar el déficit público, es «metafísicamente imposible» aumentar las ayudas al sector.

Al ser preguntado tras su ponencia acerca de la Marcha Negra de los mineros, Soria dijo «respetar la libertad de manifestación de cualquier persona y colectivo», si bien mostró su deseo de que estos actos se realicen «sin ningún tipo de agresividad, de radicalización y de violencia». «Lamento que por consecuencia de esas manifestaciones hayan resultado heridos y personas con lesiones», añadió.

Fuentes de la Delegación del Gobierno de Madrid informaron de que la manifestación de los mineros contra el recorte en las ayudas al carbón se saldó con ocho detenidos y 76 heridos leves, entre los que 43 son manifestantes y 33 son policías.

El ministro dijo además que el Ejecutivo tuvo la «sensibilidad» de no reducir las partidas «sustancialmente sociales» de las ayudas al carbón. «De los 656 millones, 302 millones corresponden a prejubilaciones. Algunas se hacen a los 55 años, y en otros casos a los 50 y en otros a los 48, y en otros casos a los 40 años, lo que yo no recuerdo en ningún otro sector», señaló.

Junto a esto, Soria explicó que su departamento trabaja en la actualidad en el «plan de cierre» del sector para el periodo 2013-2018, según el cual todas las explotaciones que disfrutan de ayudas deben estar cerradas a «1 de enero de 2019» conforme a las disposiciones «imperativas» de la Unión Europea, por lo que volvió a pedir al sector del carbón que se siente a negociar, a lo que los sindicatos se niegan si el Gobierno continúa con los recortes previstos para esta industria.

También se pudo conocer que Soria comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados en relación al conflicto con la minería, según confirmó el presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, en la reunión de la Diputación Permanente.

En la Diputación Permanente se debatió la petición de los grupos parlamentarios IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural y Socialista para que comparezca Soria, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Durante el debate parlamentario, el diputado del PP, Rafael Hernando, señaló que, según el Consejo Europeo, las minas del carbón que no son rentables tienen que cerrar en 2018 y recordó que el Gobierno ha destinado a este sector 193 millones de euros «a fondo perdido».

Agregó que el ministro de Industria comparecerá en el Congreso de los Diputados para referirse, no sólo a este conflicto, sino para hablar del «futuro del carbón» y apeló al diputado de IU Gaspar Llamazares para que interceda ante los sindicatos con el fin de «se sienten a negociar» con el Gobierno para diseñar el plan 2013-2018 para el sector.

Por su parte, la diputada del PSOE, Luisa Carcedo, acusó al ministro Soria de «sembrar mitos tóxicos» sobre los mineros, cuando fue el Gobierno el que originó el conflicto, aprobando unos presupuestos destinados a acabar con el sector.

Tras afirmar que el de la minería es un sector que tiene «posibilidades de explotación», esta diputada defendió que «guste o no guste», el carbón «es una fuente energética segura y fiable». En cuanto al ministro del Interior, criticó «catastrófica» gestión del conflicto que llevó a cabo.

Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, dijo que fue Soria quien provocó un «incendio» en el sector de la minería, al «romper, de manera unilateral, un pacto que tiene fuerza de ley».

Tras recordar que los mineros «están más arropados que nunca», arremetió contra el Gobierno por querer «estigmatizar» a la minería, intento que, dijo, «ha fracasado». Criticó al Ministerio del Interior, por emprender el camino de «tratar a los mineros como terroristas».

El Gobierno pide al sector del carbón que digan a qué dedican las ayudas

Por su parte, el Gobierno consideró que las empresas del carbón deben explicar tanto a los trabajadores como a los ciudadanos en qué invirtieron las ayudas que recibieron por parte del Estado, según afirmaron fuentes gubernamentales.

Las mismas fuentes señalaron que el Ejecutivo no tiene intención de dar marcha atrás en sus planes de recorte de las ayudas a este sector, porque el sistema, según lo establecido por la Unión Europea, «finaliza sí o sí en 2018″.

No obstante, recordaron que el Plan de la Minería del Gobierno no afecta a las prejubilaciones de los trabajadores, sino a las ayudas que reciben las empresas del sector por parte del Estado, que son «las más altas» de todo el tejido industrial español.

En este sentido, las mismas fuentes pusieron en tela de juicio el destino de esas ayudas porque aseguraron que «las empresas deben explicar» a los trabajadores y a los ciudadanos «dónde han invertido» esos fondos procedentes de las cuentas públicas.

También se preguntaron si los ciudadanos saben que una parte de la factura de la luz que pagan cada mes se destina a esas ayudas al carbón.

Por último, sobre la actitud de Izquierda Unida, las citadas fuentes se preguntaron cómo es posible «casar» la preocupación por el medio ambiente con la defensa de uno de los combustibles fósiles más contaminantes.