IU reclama al Gobierno que retire el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de fracking cántabra

El responsable federal de Políticas Energéticas de IU, Adolfo Barrena, advirtió de que el Ejecutivo del PP busca «eliminar cualquier restricción y dar vía libre a los permisos en todo el Estado, con el consiguiente perjuicio medioambiental y los riesgos que para la ciudadanía conlleva la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de gas.

Según Barrena, el Gobierno del PP utiliza «todas sus armas» para evitar que las comunidades autónomas legislen sobre el fracking y puedan establecer límites o prohibiciones respecto al uso de esta «peligrosa técnica para la extracción de gas».

La norma de la comunidad cántabra fue aprobada en abril de 2013 y está motivada en el informe que, en junio de 2011, publicó la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad del Parlamento Europeo, donde cuestiona el uso del fracking.

Este informe motivó que varios estados de la Unión Europea aprobaran una moratoria o prohibición. En España, además de Cantabria, comunidades como La Rioja ya prohibieron también el fracking, mientras en otras se tramita la correspondiente normativa con esta misma finalidad.

Mientras, el Tribunal Constitucional publicitó ya su providencia de 11 de febrero por la que el Pleno del Alto Tribunal admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra la citada ley cántabra.

Para el dirigente federal de IU, el Gobierno no sólo debe velar por el cumplimiento de las leyes que se aprueban democráticamente en los parlamentos autonómicos, sino que «está obligado a seguir el ejemplo» cuando se trata de decisiones que se toman desde el consenso y para la protección de su territorio y de sus habitantes.

En este sentido, señaló que la fractura hidráulica plantea «serios interrogantes sobre su actuación negativa en la salud de las personas y sobre el medio ambiente, representa una amenaza sobre la seguridad en materia de riesgos geológicos a raíz de los movimientos sísmicos que podrían producirse, tal y como ha puesto en evidencia el Proyecto Castor en Castellón, y supone un modelo de desarrollo que conlleva graves impactos en las actividades que mantienen el medio rural, como la agricultura, ganadería y el turismo».

Por todo ello, Barrena instó al Gobierno del PP a «situarse al lado de la ciudadanía, ser consecuente con lo que recomienda Europa, prohibir el fracking en todo el Estado y, cuando menos, respetar las decisiones democráticas que toman gobiernos autonómicos».