IU presenta una proposición no de ley para reclamar la «inmediata intervención» del sector energético
La iniciativa fue presentada en una rueda de prensa en la que estuvieron presentes el coordinador federal de IU, Cayo Lara; el responsable federal de Medio Ambiente, Energía y Transporte, Adolfo Barrena, y el eurodiputado de la formación Willy Meyer y en la que explicaron que esta iniciativa se va a presentar también en los parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos y en las diputaciones provinciales donde IU tiene representación institucional.
La proposición no de ley presentada por IU solicitó «adoptar las medidas legislativas oportunas para que quede garantizado el suministro básico esencial de energía eléctrica y nadie más pueda verse privado de este servicio básico por carencia constatada de recursos económicos».
«Queremos que se cumpla el artículo 128 de la Constitución», dijo Barrena. La Carta Magna establece que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general».
Otra de las propuestas que hizo IU en esta iniciativa parlamentaria se encuentra la de «presentar, en el plazo de 15 días, un proyecto de ley ante el Congreso de los Diputados que reserve para el sector público la totalidad de los servicios energéticos».
En este sentido, el responsable federal de Medio Ambiente, Energía y Transporte reconoció «la iniciativa pública en la actividad económica», de modo que, «mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio», y también, que se podrá «acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».
Para Barrena, el Gobierno tiene la obligación de resolver el «terrible» problema que tiene España con la luz y el deber de «garantizar los servicios básicos», como es el suministro de energía eléctrica.
Por su parte, el eurodiputado Willy Meyer señaló que la desregulación de la energía eléctrica llevada a cabo por PP y PSOE en España y practicada también por la Unión Europea «es la responsable de tener una situación social» similar a la que había «en los años 50», por ello a abogó por reducir un 60% las emisiones de gases de efecto invernadero y por implantar las energías renovables para 2030.
Asimismo, IU reclamó una «mesa de diálogo y negociación, con participación de agentes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos parlamentarios, al objeto de acordar la necesaria reforma del sector energético español».
En los antecedentes de la iniciativa, IU señaló que «la factura de la electricidad en España es la tercera más cara de Europa, después de Irlanda y Chipre», y que las empresas eléctricas españolas tienen unos ratios de rentabilidad «bastante superiores a los de sus homólogas europeas».
«No es lógico que en nuestro país, con la crisis económica que estamos soportando, todas las grandes empresas eléctricas españolas sigan teniendo más beneficios que las grandes empresas eléctricas europeas», criticó.
Tras señalar que en España hay ya un 10% de pobreza energética, IU defendió la urgencia de una reforma «en profundidad» del sistema energético. «Hasta ahora, la benevolencia del regulador con las empresas eléctricas queda demostrada por la falta de control y por la generosidad en los criterios de fijación de tarifas», dijo IU en su iniciativa, y sostuvo también que «el ‘presunto’ déficit tarifario existente es de naturaleza regulatoria y no económica».


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