IU-ICV-CHA solicita que Soria comparezca en el Congreso para explicar qué beneficios obtendrá el Gobierno al mantener Garoña
Así lo confirmaron fuentes parlamentarias, tras conocer que el propio Soria reiterase que si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) determina que Garoña cumple «con todas y cada una de las garantías y condiciones de seguridad», el Gobierno será «partidario» y apoyará la prórroga de su actividad, que está previsto que concluya en julio.
En declaraciones a los periodistas en Guadix (Granada) tras la inauguración de la Escuela Internacional de Turismo Rural y Naturaleza (Enturna), el ministro, que recordó que el operador nuclear de la central ha solicitado esa prórroga, sostuvo que esa posición del Ejecutivo «es la misma desde el principio de legislatura».
Asimismo, señaló que en el «mix energético» con el que cuenta España, el coste de megavatio/hora más barato es el de la energía nuclear, por lo que si «hay condiciones de seguridad», el Gobierno apostará por que Garoña siga abierta y generando «energía».
El ministro reiteró así la posición que ya anunció en su intervención en la Comisión de Industria del Senado, en la que manifestó que el Gobierno «no tiene prejuicio ideológico» respecto a la energía nuclear, añadiendo que «si el CSN es favorable a la prórroga, el Gobierno será favorable y si el CSN no lo es, nosotros tampoco».
El Pleno del CSN, a petición del Ministerio de Industria, volverá a reunirse este miércoles para continuar analizando la propuesta de Nuclenor, propietaria de la planta nuclear burgalesa, para que se revoque parcialmente la orden ministerial de cierre de 29 de junio de 2012, de modo que se pueda ampliar el plazo para que ésta pida la renovación de su licencia que, en la actualidad, expira el próximo 6 de julio.
Fuentes del regulador nuclear indicaron que los consejeros en pleno iniciaron el estudio de este tema el lunes pero, ante la necesidad de más imformes y de tiempo, acordaron convocar una nueva sesión este miércoles. Sin embargo, ello no quiere decir que adopten una decisión al respecto.
Nuclenor, empresa participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, sostiene que está a la espera de un informe de la Dirección General de Tributos sobre la retroactividad de los impuestos del sector energético.
Cuando Nuclenor comunicó su decisión de cese definitivode la actividad de Garoña en diciembre de 2012 , ya indicó que éste quedaba supeditado a dicho informe porque entiende que determinará si es viable o no la continuidad de la planta, tras la entrada en vigor de los nuevos impuestos del sector energético.
En su consulta, Nuclenor cuestionaba a Hacienda si el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos tiene o no carácter retroactivo.
Fuentes empresariales consultadas apuntaron que esta solicitud de prórroga no altera la decisión de cese de actividad pero que, de no pedirla, Garoña estaría en una «situación irreversible» si el informe sale después del 6 de julio. Se trata de un «paso adelante para intentar salvar Garoña «, sostienen de la empresa propietaria.
El CSN debe garantizar la seguridad sin impedir el deseo del titular
El ex consejero del Consejo de Seguridad Nuclear y catedrático emérito en energía nuclear, Agustín Alonso, consideró que el organismo regulador debe garantizar que las centrales nucleares funcionan con seguridad para las personas y el medio ambiente pero sin impedir los deseos de los titulares de seguir operando o de parar su actividad.
Alonso insistió en que, al contrario de la opinión de los grupos ecologistas, la situación de Garoña es «reversible» porque no ve impedimento para que el organismo regulador acepte la petición del titular al Ministerio y que éste les remitió. Sin embargo, pese a que la petición «es simple», la central nuclear de Garoña podría estar sin operar más de un año, que es la prórroga solicitada.
En ese caso, Nuclenor tendría que mantener los requisitos formalmente establecidos para que la planta permanezca abierta y el CSN mantener sus sistemas de vigilancia, de evaluación continuada y su inspector residente. «Es como si la central siguiese funcionando», manifestó.
Asimismo, recordó al titular de la planta atómica que, a consecuencia de las pruebas de estrés surgidas tras el accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi (Japón) hace dos años, hay una instrucción técnica complementaria del CSN a Garoña que le exige acometer una serie de modificaciones en un plazo. «Ahora también tendrán que ampliar ese plazo», indicó.
Sobre el cambio por el que Nuclenor se plantea que ahora Garoña sí podría ser viable, Alonso justificó la decisión del titular en que en la actualidad todos los fabricantes u operadores de electricidad (nuclear, hidráulica, de gas, renovables, etcétera) tienen planteados contenciosos administrativos por las decisiones tomadas por el Gobierno en cuanto a los impuestos en la energía. Por ello, estimó que Nuclenor quiere esperar a la resolución de estos porque en función del resultado, la central podría pasar de no ser rentable a sí ser viable.
AMAC considera perfecto que la central quiera seguir operando
Por su parte, la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC) consideró «perfecto» que la central nuclear de Santa María de Garoña haya manifestado su intención de seguir operando más allá del 6 de julio próximo y señaló que la solicitud planteada por su titular, Nuclenor al Ministerio de Industria para que le dé un año de prórroga, da «esperanza a la población local del entorno».
El gerente de Amac, Mariano Vila D’Adabal, especuló que parece que Nuclenor y el Gobierno han estado hablando. «Si el Consejo de Seguridad Nuclear dictamina que la central burgalesa es segura y este cambio quisiera decir que quizá se ampliara la operación a 60 años, a AMAC le parecería perfecto», apuntó.
Por ello, añadió que cree que abre la esperanza para la población del entorno del valle de Tobalina (Burgos) porque el cierre de Garoña supondría una pérdida de puestos de trabajo y de actividad económica en la zona. «No nos parece justo que no se tengan en cuenta los intereses de la población, por lo que si se rompe esta dinámica estaremos encantados», concluyó.
País Vasco cree que la nuclear del mix no debería proceder de Garoña
Asimismo, la consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, emplazó a conocer la decisión del CSN respecto a la petición de Nuclenor sobre Garoña y «bajo qué condiciones se podría «solicitar o conceder» una posible prórroga.
Tapia recordó que Garoña es una central «con muchos años de vida» y que precisaría de «grandes inversiones para adecuarse a la situación». «Por tanto, vamos a ser un poco cautos, pero en la medida en que podamos hacerlo, por las poblaciones vascas que se encuentran alrededor de Garoña, también muy escrupulosos con las garantías que nos va a proporcionar», advirtió.
La consejera insistió en que, el Ejecutivo aguardará al pronunciamiento del CSN, pero destacó que, aunque el ‘mix energético’ tiene una parte importante todavía de energía nuclear, «no debería ser ésa la central sobre la que habría que pivotar este tipo de energía».
Se ha generado «incertidumbre»
El Diputado General de Álava, el popular Javier de Andrés, defendió que el Gobierno central actúe «dando seguridad» en el caso de la posible revocación de cierre de la central de Garoña, y consideró que la decisión «se debería haber adoptado ya» porque «se ha generado incertidumbre, y las vacilaciones en una materia tan sensible como ésta generan tensión e incomodidad en la sociedad alavesa, por lo que no ayudan a que nos sintamos más seguros o a tener confianza en el proceso que se ha seguido».
El diputado general de Álava recordó que «las cosas estaban ya fijadas» porque había una fecha de cierre para este mes de julio. «Yo entiendo que se había adoptado ya la decisión porque creo que una reconsideración sobre una decisión ya adoptada no contribuye a calmar a la opinión pública ni a establecer un clima de confianza en el funcionamiento de la central nuclear», insistió.
Para De Andrés, es «fundamental» conocer el pronunciamiento del CSN sobre esta propuesta «repentina» de las eléctricas y conocer el recorrido que podría tener esta petición y destacó el «cambio» dado por las eléctricas «que daban por cerrada Garoña y ahora solicitan un plazo de un año para abrir un periodo de negociación o revisión del futuro de la central».
Ecologistas denuncian «negociaciones secretas y escandalosas»
Por su parte, Ecologistas en Acción aseguró que existen negociaciones «secretas y escandalosas» entre el Gobierno y las empresas eléctricas, a tenor de la decisión del titular de la Garoña de pedir un año más de plazo para solicitar la renovación de su licencia.
Para Ecologistas en Acción, esta petición está poniendo en juego «una vez más» la credibilidad del CSN porque si permite que la planta burgalesa siga un año más en parada fría, mientras el titular negocia con el Gobierno, estaría siguiendo el dictado de Nuclenor.
A este respecto, el portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, valoró que se trataría de un «peligroso precedente de cesión» a las presiones gubernamentales y empresariales.
La organización recordó que Endesa e Iberdrola, propietarias de Nuclenor, mantuvieron en los últimos meses un pulso con el Gobierno para que se paralizara la ley que grava la generación de residuos radiactivos y para que se prolongara la vida de las nucleares. A su juicio, el «elemento de presión» que usaron las eléctricas fue la central nuclear de Garoña (Burgos), cuya vida se había comprometido a alargar el PP en su programa electoral.
Así, añadió que tras una primera parte de un pulso «bajo los focos», siguió una segunda parte «en secreto» y cuyos resultados se desconocen pero que han permitido a Nuclenor replantearse su postura de cerrar, por lo que solicitó pedir una prórroga para mantener la central en parada fría durante un año.
Para Castejón, la sola petición de la prórroga, después de que el titular haya incumplido «todos los plazos ofrecidos generosamente por el Gobierno, es un indicio de negociaciones escandalosas».
Respecto a la fecha en la que el Consejo de Seguridad Nuclear tiene que tener listo el informe, el 1 de junio, Ecologistas consideró que es «imposible» realizarlo de forma competente en tan corto espacio de tiempo, «salvo que se pida a los técnicos que escriban al dictado».
Por ello, consideró «inadmisible» la «enorme presión» que Nuclenor y el Gobierno está ejerciendo sobre el CSN y sus técnicos. Además, esto está dañando «enormemente» su credibilidad, por lo que instó al organismo regulador a rechazar la petición por la simple «imposibilidad material de cumplirla y para demostrar su independencia».
Ecologistas en Acción recordó que las maniobras de estos días son nefastas para la seguridad nuclear, puesto que los propietarios de las centrales se creen con derecho a comerciar con el Gobierno y el CSN.
Finalmente, la organización señaló que, si finalmente se prorroga Garoña se sentará un «peligroso precedente» porque si la planta volviera a operar se pondría en grave riesgo a las personas y el medio ambiente. De este modo, subrayó que cientos de personas se dirigen estos días al CSN a través de las redes para pedirles que #StopGaroña.
Eguzki denuncia la «connivencia» del CSN con el lobby nuclear
Finalmente, el colectivo ecologista Eguzki se mostró «pesimista» ante la decisión que tomará el CSN sobre la prórroga de un año para la central de Garoña, y denunció la «connivencia» del CSN con el «lobby nuclear», sumada a la opinión favorable del Gobierno del PP. «Creemos que es muy probable que el CSN dé el sí a la prorroga», indicó.
Además, Eguzki consideró que el debate de la prorroga está solapando «el verdadero problema de Garoña: la falta de seguridad». A su entender, esté produciendo energía o no, es una central «con graves defectos constructivos y de seguridad que está poniendo en riesgo tanto a los habitantes (más de 1.000.000) como al medio ambiente».
Por ello, afirmó que la única medida que puede evitar estos riesgos es su cierre y desmantelamiento definitivo, para lo que Eguzki trabajará «sin cesar» hasta conseguirlo.



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