IU dice que las medidas de Soria no despejan las dudas sobre las consecuencias para la industria

«Lo que el ministro denomina superar el déficit de tarifa no despeja los interrogantes y nos tememos que estos nuevos cánones e impuestos sobre la producción energética recaigan sobre los grandes consumidores o usuarios generales», denuncia Llamazares en un comunicado.

Llamazares rechaza la propuesta del titular de Industria de que sean las empresas y el sector eléctrico quienes lleguen a un acuerdo sobre la tarifa «pues eso es poner el zorro a cuidar las gallinas».

«Lo peor es que la industria tendrá más excusas para presionar a los trabajadores y a las comunidades autónomas y es que junto con el aumento de costes por el recibo energético está la reforma laboral, que permite que las compañías puedan descolgarse del convenio de forma unilateral», añade el parlamentario de IU.

Gaspar Llamazares exige también al ministro que convoque de inmediato la comisión de seguimiento del carbón, «algo que no ha hecho porque no ha querido», dice.

«El ministro miente cuando dice que no se ha convocado porque las empresas y los sindicatos no han querido, pues el único interés de Soria y el PP es acabar con el sector recortando aún más el plazo de 2018 que había fijado el PSOE», agrega.

Para Llamazares la situación no mejora en el sector naval y en este caso responsabiliza a Soria y al PP de mantener paralizados los mecanismos de ayuda a las empresas, «lo que está suponiendo una pérdida de posibles contratos, de tal forma que España, frente a otros países de la Unión Europea, está perdiendo posibilidades de mantenimiento de actividad y empleo».

Por ello, el diputado ha presentado tres baterías de preguntas dirigidas al Gobierno del PP en las que pide información sobre esos tres asuntos de relevancia para la industria española y, especialmente, para Asturias.

En concreto, incide en la importancia de esclarecer las tarifas eléctricas de las industrias asturianas ante los anuncios de compañías como ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Alcoa de reducir sus plantillas y plantearse una posible deslocalización de su actividad.

De este modo, Llamazares quiere saber cuándo formulará el Ejecutivo el sistema definitivo de tarifación eléctrica para grandes empresas; si ese nuevo sistema supondrá un aumento de los costes para las industrias; si se ha estudiado el impacto en la economía y el empleo en Asturias del nuevo modelo; y si tiene previsto el Gobierno alguna línea que compense el aumento de costes energéticos de esas empresas para que no se vea mermada su competitividad.

Igualmente, el diputado de IU requiere información del Ejecutivo sobre el nuevo aplazamiento de la financiación de la contratación de buques en astilleros españoles y sobre la negociación del plan del carbón 2013-2018, la previsión del Gobierno sobre el papel de la minería española en el sistema energético y las medidas previstas para la reactivación de las comarcas mineras.

Con todo, Llamazares considera que la actuación del ministro hace necesaria una «rectificación» del Gobierno de Mariano Rajoy en política industrial.

Ascer cree que la reforma energética golpeará duramente a la industria

La patronal cerámica española Ascer ha expresado «su rotundo rechazo y gran preocupación» ante los nuevos impuestos previstos en el anteproyecto de reforma energética aprobado por el Gobierno, que a su juicio supondrá «un duro golpe a la competitividad y a la actividad industrial».

Según critica en un comunicado, este impuesto «ataca directamente a la línea de flotación del sector», porque supondrá un coste adicional de 30 millones de euros «abocando a las empresas a pérdidas, y con la consecuente destrucción de empleo y cierre de empresas».

«Este efecto demoledor no será fruto de las condiciones del mercado o de la capacidad competitiva de la industria, sino de una medida arbitraria de la administración que recae en la industria española», censura.

A juicio de la patronal, estas medidas «complicarán aún más la difícil situación que atraviesa el sector y comportarán una pérdida de competitividad insalvable frente a otros países productores, poniendo en cuestión la viabilidad y posibles inversiones futuras de la industria».

Ascer no entiende que el Gobierno «tome una medida de importancia tan radical sin haber realizado una evaluación pormenorizada, con la participación de los sectores industriales concernidos, de las consecuencias económicas que conllevan».

Entre otros argumentos, señala que «utilizar al gas natural como solución recaudatoria traslada una carga insoportable a la actividad exportadora azulejera».