IU denuncia presiones de los lobbies para impedir controles europeos sobre la fracturación hidráulica

Estas presiones se producen ante el debate y votación que se producirá el próximo miércoles de una batería de iniciativas para establecer la obligatoriedad de realizar estudios de evaluación ambiental y endurecer los requisitos para que puedan resultar positivos, indicó la formación política, que ya expresó su rechazo a esta técnica y reclamó una moratoria en su aplicación.

Según Adolfo Barrena, responsable federal de Políticas Energéticas de IU, «la Eurocámara intenta obligar a todos los países comunitarios a implantar un riguroso sistema de evaluación ambiental de esta técnica» y pidió un mayor compromiso del Parlamento.

«Es importante que esta obligatoriedad de evaluación de impacto ambiental se extienda también a las investigaciones y prospecciones de evaluación, ya que inciden en el territorio y provocan afecciones ambientales y de salud pública», afirmó, antes de considerar que la nueva normativa «debe abarcar a todas y cada una de las actividades relacionadas con la extracción de gas recurriendo al ‘fracking'».

Barrena denunció «las presiones» que IU ha «conocido» procedentes de «las empresas interesadas en aplicar el «fracking» en España y en el conjunto de Europa». «Entre otras acciones, están utilizando conocidos foros económicos para tratar de allanar el camino a la fractura hidráulica y evitar los controles que, como es razonable, pretende establecer la Unión Europea», indica.

«Lo más patético es que el propio ministro de Industria del Gobierno de Mariano Rajoy, José Manuel Soria, ha decidido ignorar el amplio rechazo social que hay hacia esta técnica y se ha alineado claramente con quienes ven en el «fracking» una oportunidad de negocio aún a costa de causar graves impactos ambientales, sociales y de salud pública», criticó Barrena.

Para IU «no es aceptable la presión económica en este tema». «Lo que debe salir de Bruselas es un documento claro, nítido y riguroso sobre el ‘fracking’ que obligue a que todos y cada uno de los proyectos sean sometidos a un control exhaustivo que garantice la inexistencia de impactos y riesgos para la salud, para el medio ambiente y para el territorio», dijo Barrena.