IU critica que el Gobierno alivie las cuentas de las eléctricas subiendo las tarifas

Durante una rueda de prensa en la sede de IU, el responsable de Energía y Sostenibilidad, Adolfo Barrena, ha explicado que con el nuevo decreto de suministro eléctrico lo que hace el Ejecutivo socialista es «dar a las compañías privadas los 34.000 millones de euros que, según dicen, les deben los ciudadanos».

Pero, sobre todo, Barrena ha advertido de las consecuencias que tiene el nuevo decreto para los consumidores de más de 10KW de potencia o de más de 15 KW (entre ellos muchos ayuntamientos y administraciones públicas), que ven incrementada su tarifa en un 17,5 y un 20 por ciento, respectivamente.

Y no sólo padecerán este aumento, sino que, en el caso de que estos consumidores no hayan contratado a una empresa comercializadora, se les aplicará un recargo sobre su tarifa que aumentará un cinco por ciento trimestralmente hasta el 1 de abril de 2010.

Una cuestión que no afecta a los domicilios particulares o a los consumidores de menos de 10 kilovatios, puesto que el cliente pasará a estar acogido a la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR), cuyo precio será un dos por ciento superior a la actual.

Para IU, se trata de una medida injusta para las administraciones públicas, que, en general, no pueden contratar una compañía eléctrica en un plazo breve, puesto que tienen que sacar a concurso su adjudicación, una demora que provocará que sean penalizados con un cinco por ciento de incremento de la factura.

En este sentido, Izquierda Unida insta a las administraciones públicas a que soliciten al Ministerio de Industria una prórroga del plazo fijado por el real decreto para que puedan elegir compañía dentro del «mercado libre» y, si no se hace así, que se aplace «sine die» la penalización.

Además, reclama que los servicios esenciales municipales (como alumbrado público, centros de educación, guarderías, residencias y centros de mayores, o centros de servicios sociales) se incluyan dentro del grupo de consumidores a los que se les aplica la TUR, aunque tengan contratada una potencia superior a 10 kilovatios.

También anima a los ciudadanos a que «presionen» para que se avance en las energías alternativas eligiendo como compañías suministradoras de electricidad aquellas que declaren como fuente de procedencia de la misma energías renovables y limpias.

Otra de las propuestas es que los pequeños consumidores negocien paquetes de contratación más económicos que los individuales, por ejemplo organizándose a nivel de comunidades de vecinos o a través de asociaciones sindicales o ecologistas.