Inversores fotovoltaicos demandan al Gobierno español ante un Tribunal en Londres

Los inversores, representados por el despacho de abogados Allen & Overy, dicen haber realizado inversiones por valor de unos 2.880 millones de euros en proyectos fotovoltaicos en España. Entre los inversores se encuentran tanto inversores estratégicos como fondos de inversión especializados en energía, infraestructuras y tecnologías limpias.

Estos inversores actualmente gestionan más de 21.500 millones de euros de más de 70 fondos de pensiones y de otros inversores institucionales y privados que juntos suman un capital total bajo gestión de más de 2,1 billones de euros.

La demanda se produce ante la votación para este jueves 10 de marzo de la Ley Orgánica de Economía Sostenible en el Congreso de los Diputados, ya aprobada el día 23 de febrero en el Senado, y que incluye una enmienda que suprimiría los cambios retroactivos impuestos al sector fotovoltaico por el real decreto ley 14/2010 en las pasadas navidades.

Estas peticiones van en línea con el malestar que han creado los cambios en la Comisión Europea, que recientemente expresó (mediante una carta firmada por los comisarios Gunther Oettinger y Connie Hedegaard) su rechazo a las modificaciones retroactivas y condenó la aprobación de leyes por parte del Gobierno que pongan en entredicho la seguridad jurídica de cualquier país miembro de la Unión Europea.

Las demandas de los inversores se amparan en el «Energy Charter Treaty», un tratado multilateral de inversión diseñado con el objetivo de proteger inversiones transfronterizas en el sector energético, en el que se encuentra el solar fotovoltaico. Un total de 51 países, entre los que se encuentran todos los países miembros de la Unión Europea, son los firmantes de dicho tratado.

Este proceso pretende que se reparen los daños causados por las acciones del Gobierno español antes de acudir a los tribunales internacionales de arbitraje, lo cual ocurrirá en caso de que el Congreso de los Diputados no derogase el citado real decreto ley 14/2010 o que el Gobierno no acordase un mecanismo para indemnizar a los inversores.

Los inversores internacionales presentes en las acciones emprendidas contra el Gobierno de España son: AES Solar, Element Power, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL GmbH, Lux Energy/GWM, NIBC Infrastructure, Platina Partners, Riverstone LLC, Scan Energy, Triodos Bank/Ampere Equity Fund y White Owl Capital.

El recorte retroactivo de primas a renovables en España crea inseguridad en la UE

Por su parte, la comisaria de Acción Climática, Connie Hedegaard, pidió de nuevo al Gobierno que reconsidere el recorte retroactivo de las primas a las energías renovables por considerar que ello crea «inseguridad» sobre las inversiones en renovables no sólo en España sino en toda la Unión Europea.

«Cuando se cambian las condiciones de las primas para proyectos de renovables de forma retroactiva, ello crea inseguridad sobre las inversiones en renovables en general en Europa«, dijo la comisaria de Acción Climática.

Por ello, Hedegaard reclamó al Gobierno que «considere las implicaciones sobre la inversión en general en Europa» ya que, a su juicio, no es una cuestión que afecte únicamente a España sino que «va más allá de las fronteras».

Como ya se citó, la comisaria de Acción Climática y el comisario de Energía, Günther Oettinger, enviaron el pasado 22 de febrero una carta al ministro de Industria, Miguel Sebastián, para expresarle su «preocupación» por el recorte retroactivo de primas, especialmente para la fotovoltaica.

«Cuando recibamos la respuesta consideraremos qué hacer», explicó Hedegaard, que recordó en todo caso que el diseño de las primas es «100% competencia de los Gobiernos nacionales».