Ayer el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria se apresuraba a tener una larga entrevista con Carlos Herrera en «Onda Cero» a cuenta de la reforma eléctrica. En ella, Soria se empleó a fondo en los mantras que tiene preparado el Gobierno para su comunicación política, a saber: vuelta a los costes de generación por tecnologías y sus diferencias (la palabra mercado ni por asomo), explicación de los costes regulados casi de libro, a las empresas no les va a gustar la reforma porque tienen intereses que son legítimos, el Gobierno busca una solución equitativa y para defender el interés general (entendido al político modo, claro), uso del término rentabilidad razonable para conjurar la litigiosidad que pueda generar la reforma (terror a los reveses judiciales como trauma, aunque seguramente imposible de conseguir) y acuerdo con el Ministerio de Hacienda para la absorción de parte de los costes regulados.

No habían pasado dos horas de esta entrevista cuando en todos los medios de comunicación figuraba que el acuerdo con el Ministerio de Hacienda no era tal, e incluso, se recoge la cancelación de la Comisión del Gobierno para Asuntos Económicos del día de hoy, previa al Consejo de Ministros, con motivo de este enfrentamiento y descoordinación con la reforma eléctrica. La tesis más suave es el hecho de que se había reproducido el enfrentamiento Montoro-Soria, pero esto es una simplificación, posiblemente mucho más grave.

El hecho es que nos encontramos en este caso con dos ministros que se hablan a través de los medios de comunicación y de notas de prensa, sobre un tema tan relevante para nuestra económica y para el suministro eléctrico. La descoordinación en el Ejecutivo a cuenta de un tema tan serio y en el que los poderes públicos han actuado tan incorrectamente desde hace muchos años, con toda la martingala vendida esa mañana de la comunicación política, hace presagiar lo peor. ¿De qué hablará el Gobierno mañana en la rueda de prensa? ¿De la nueva ley de los dos rombos?

Desde Energía Diario estábamos siguiendo, a través de varias fuentes, informaciones respecto a la variante europea en la resolución final del problema del déficit tarifario y relativas a las negociaciones del Ejecutivo con la Comisión Europea. Recordemos que en la última revisión del Plan de Reformas se había señalado con el dedo el problema del déficit tarifario, fijando plazos y obligaciones para el Ejecutivo español. Y, recordemos que el problema ha pasado de ser una cuestión macroeconómica, a ser una cuestión de finanzas públicas, involucrando también al sistema financiero nacional e internacional.

Según dichas fuentes hay dos líneas diferentes, aunque complementarias, en esta negociación sotto voce con las autoridades comunitarias. El Gobierno trabaja intensamente para conseguir una fórmula benigna para contabilizar los costes del suministro eléctrico y del déficit tarifario que finalmente se recogiera en los Presupuestos Generales del Estado. Incluso, también se está tratando de valorar la posibilidad de utilizar alguna fórmula de las que se arbitraban en el propio Memorandum de Entendimiento sobre la ayuda financiera.

El hecho es que la descoordinación en las áreas de Economía, Hacienda, Exteriores e Industria en el Gobierno puede ser un severo contratiempo para la resolución del déficit tarifario. Una cuestión que requiere de mayor oficio, experiencia y gestión desde el Ejecutivo. De hecho, estas filtraciones, adelantos y apresuramientos, pueden ser hasta contraproducentes. Son fruto de la ansiedad, de la visión aislacionista y solipsista de Industria, que ha logrado aunar el apresuramiento con la demora. El hecho es que el problema del déficit tarifario y su resolución final ya se ha convertido en un problema económico de una magnitud enorme y con unas consecuencias poliédricas nada desdeñables, a nivel nacional, internacional, de sectores económicos, jurídicos, de estabilidad jurídica, regulatoria, de mercado y para los agentes.

Lo de ayer y lo de hoy es altamente inquietante. Y revelador.