«No se puede obligar por ley (a fijar un precio máximo para el carburante), pero en caso de que veamos una evolución no acorde con lo que sería deseable, iríamos a una modificación de la Ley de Hidrocarburos, que por cierto ya estamos preparando por si llega el caso», afirmó el ministro tras la firma del Plan de Internacionalización para los Sectores Industriales.

Soria dijo que las medidas que estudia el Ejecutivo, incluidas las propuestas formuladas desde la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), afectan «tanto al sector mayorista como minorista» para que se produzca una «mayor competencia de la que hay ahora en el mercado», y tienen como objetivo «encauzar los incrementos de precios de acuerdo al resto de los países europeos». «No queremos que ocurran cosas distintas, sino simplemente lo que ocurre en los países europeos», señaló.

En concreto, el ministro indicó que en España el coste del combustible es similar a la media comunitaria, si bien «el margen comercial es superior». Este encarecimiento queda parcialmente compensado de cara al consumidor gracias a que la fiscalidad española es inferior, explicó.

Por este motivo, reconoció que está «preocupado» por la evolución de los precios, ya que entiende que la escalada de precios «no se justifica», salvo porque en España es «superior» el margen comercial.

«Les hemos pedido que contribuyan al ajuste que todo el mundo está haciendo en España», afirmó en alusión a las conversaciones mantenidas entre su departamento y los principales operadores del sector.

Soria recordó que el Gobierno pide esfuerzos a las petroleras como también lo hace con «administraciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, colectivos de médicos y de docentes».