Industria ultima las tarifas eléctricas por horas y el autoconsumo, aunque renuncia a hibernar los ciclos de gas

El nuevo mecanismo de revisión hora a hora de la tarifa de la luz se publicará este mes de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se aplicará a los consumidores que tengan el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y que dispongan de contadores inteligentes, esto es, digitales y telegestionados.

Las eléctricas podrán aplicar la nueva tarificación desde su entrada en vigor, si bien dispondrán de un periodo de adaptación de «tres o cuatro» meses, con lo que algunos consumidores no verán fluctuar el precio del recibo hora a hora hasta finales de agosto.

El nuevo mecanismo de tarifa o PVPC, en vigor desde abril de 2014, establece que los consumidores paguen la electricidad en función del precio al que esta cotice en el mercado mayorista en ese momento, un importe que varía cada hora.

Inicialmente y de forma transitoria mientras se aprobaban los procedimientos, se determinó que se aplicarían unos perfiles de consumo, es decir, una distribución media de las horas de demanda para asignar las tarifas, que todavía continúan vigentes.

Una vez que las eléctricas empiecen a aplicar los procedimientos definitivos, los consumidores con contador inteligente pagarán la electricidad al precio que cotice cada hora, lo que les permitirá modular su demanda, mientras que los que no lo tengan seguirán con los perfiles.

Industria defendió que muchos consumidores no notarán la diferencia con el cambio de sistema, ya que sus patrones de consumo serán muy parecidos a los definidos en los perfiles.

El autoconsumo se tramitará de forma «inmediata»

En cuanto al real decreto de autoconsumo, la tramitación comenzará de forma «inmediata», este mes o el próximo, con el objetivo de que entre en vigor antes de julio, una vez obtenidos los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado, además de la aprobación de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Industria mantiene su propósito de incluir un peaje de respaldo al autoconsumo con el objetivo de que «los costes regulados sean los mismos para todos los consumidores», produzcan o no su propia electricidad.

El peaje de respaldo será similar al que pagan los consumidores convencionales por el término de energía. Los autoconsumidores también deben pagar el peaje por el término de potencia en función de los kilovatios contratados.

La única diferencia en cuanto a cargas fiscales y regulatorias con respecto a los consumidores convencionales vendrá de los impuestos, que los autoconsumidores, como es lógico, no deberán costear por la electricidad que produzcan. «Van a tener una subvención fiscal, no de peajes», argumentaron las fuentes.

Carbón y extrapeninsulares

En cuanto al mecanismo que debe sustituir al decreto de restricciones por garantía de suministro, conocido como «decreto del carbón» y cuya vigencia concluyó el 1 de enero, las fuentes reconocieron que suponen una ayuda de Estado y deben pedir permiso a Bruselas para su aplicación.

Industria subrayó que trabaja en un mecanismo de ayudas ligado a mejoras ambientales en las centrales térmicas que usan esta materia prima y que tendrá un coste para la tarifa eléctrica de entre unos 80 ó 100 millones de euros, muy inferior a los cerca de 500 millones anuales del anterior «decreto del carbón».

Esta normativa está todavía en una fase inicial, en la que se incorporan comentarios del sector, para posteriormente comenzar su tramitación en la CNMC y Bruselas, ya que constituyen ayudas de Estado.

En cuanto al decreto de revisión de los extracostes de la actividad eléctrica extrapeninsular, se encuentra ya en el Consejo de Estado y supondrá un recorte en esta partida, cuya cuantía anual llegó a situarse en 1.800 millones de euros. En él, se incluirán medidas como «no pagar lo que ya está amortizado».

«Hibernación hibernada»

En cuanto a la hibernación, o cierre temporal, de ciclos combinados, el decreto ha quedado «frenado» según los argumentos de Industria por discrepancias con las eléctricas, que reclamaban unos incentivos a tres o cuatro años vista, cuando el Gobierno sólo los contemplaba año a año.

Industria tiene la norma redactada, «sólo a falta de los números», y decidió «dejárselo al siguiente» porque «no sabe a ciencia cierta cómo evolucionará la demanda de electricidad» y cuál será la necesidad de los ciclos combinados de gas en los próximos años, ya que los patrones tradicionales se han alterado a medida que se introducía mayor eficiencia energética.

Estas previsiones de demanda son imprescindibles para precisar la capacidad de generación eléctrica que se necesitará en el futuro y para asegurar que se cumplirán los objetivos de renovables, ya que para mantener el porcentaje si aumenta el consumo hacen falta también más renovables.

Así, a falta de esta información, no se puede calcular la potencia que podría hibernarse (inicialmente se hablaba de unos 6.000 megavatios), a lo que se une la reclamación del sector de que el cierre temporal no sea de un año sino de varios, lo que a su vez dificulta las previsiones de demanda.

Por ello, Industria remitió la aprobación de la normativa, prevista en la reforma eléctrica de 2013, hasta que cuente con todos los datos, una fecha que podría exceder la actual legislatura.

Los pagos por capacidad, con los que se premia a los ciclos de gas por su disponibilidad cuando lo requiere el sistema, seguirán aplicándose, e Industria autorizará el cierre de las centrales que deseen cerrar y que hayan recibido informes favorables de Red Eléctrica de España (REE) y de la CNMC, siempre y cuando «no hay ningún elemento en contra».