Industria, sindicatos y patronal llegan a un acuerdo sobre la minería, que perderá el 8% de empleos hasta 2018

En una reunión que se prolongó durante más de cuatro horas, las partes consensuaron los aspectos sociales del plan, que eran los puntos que quedaban pendientes tras las negociaciones de la pasada semana.

El texto tendrá que ser revisado el próximo jueves por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, formada por los departamentos de Hacienda, Trabajo, Industria y Economía, y que previsiblemente lo aprobará para que después sea suscrito por las partes.

Posteriormente, y en un plazo relativamente corto, comenzará el desarrollo normativo del plan, es decir, su encaje en forma de reales decretos, órdenes ministeriales, resoluciones y convocatorias a aprobar por el Gobierno antes de su remisión a Bruselas.

El acuerdo, denominado «Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las comarcas Mineras para el periodo 2013-2018« se aplicará en los territorios de Asturias, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha, con acciones concretas de carácter excepcional en Andalucía, Cataluña y Galicia.

Según detalles del acuerdo facilitados por la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT, el sector del carbón recortará de 4.894 trabajadores en 2012 a 4.496 trabajadores su plantilla en el periodo comprendido entre 2013 y 2018, lo que supone una reducción de 398 empleados, o de un 8,13% del total. En concreto, al final del periodo, la plantilla será de 3.318 de trabajadores propios y 1.178 procedentes de subcontratas.

El preacuerdo alcanzado prevé la jubilación a los 54 años de edad (antes era a los 52) con el 70% del salario bruto de los últimos seis meses con al menos 19 días trabajados, aunque se establecieron suelos y techos a la hora de concretar esta cantidad.

Dicho salario no podrá exceder de un máximo del 70% de los topes de cotización por accidentes de trabajo y enfermedad profesional, ni ser menor del 60% de su categoría respectiva de la base normalizada en la Minería del Carbón. La revisión anual del salario que corresponda será la que el Gobierno aplique a las pensiones.

Estos trabajadores deben haber cotizado al menos once años en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, haber permanecido en la empresa al menos los últimos tres años y haber cumplido los requisitos de excedente en la misma un año. Asimismo se logró que los trabajadores mileuristas pasen a cobrar un salario de 1.400 euros.

También se establecieron medidas para fomentar la formación de trabajadores en las comarcas mineras, mejoras sobre la seguridad de los mineros y un tratamiento diferenciado para los afectados por silicosis.

Además se permite recolocaciones prioritarias incluso para los trabajadores de las subcontratas como excedente del sector y bajas incentivadas voluntarias con una compensación lineal de 10.000 euros más 35 días por año trabajado hasta un máximo de 30 mensualidades. Este esquema se aplicará a las personas que formen parte de las plantillas propias de las empresas a 31 de diciembre de 2012 y tengan una antigüedad de al menos un año a la extinción del contrato.

Igualmente, se fijó la creación de una comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento del plan que se reunirá cada trimestre y en la que estarán presentes los sindicatos más representativos.

El acuerdo llega tras una maratón de reuniones celebradas a lo largo del mes de septiembre sobre la base de un documento presentado por Industria, después de que el anterior texto, dado a conocer en julio, fuera rechazado por los sindicatos.

El nuevo plan del carbón garantiza una contribución mínima de este mineral a la generación eléctrica del 7,5% a partir de 2015, lo que supone mantener de alguna forma el mecanismo que da prioridad a la materia prima nacional y que vence a finales de 2014. Además, las producciones en ese periodo pasarán de los 6,55 millones de toneladas de este año a 5,87 para el año 2018.

En cuanto a las ayudas a la explotación del carbón subterráneo se acuerda una cantidad de 30 euros por tonelada para 2013, decreciendo en 5 euros por año a lo largo de la vigencia. En cielo abierto este año las ayudas serán de un euro por tonelada y en 2014 0,50 euros por tonelada

Además, para 2013 se establece una potencia de 20.054 gigavatios hora (GWh) generada por carbón, y 22.221,90 GWh para 2014. A partir de ese año las compañías eléctricas y las empresas mineras tendrán que acordar contratos a largo plazo, para los que el Ejecutivo se postuló como mediador.

Asimismo, el «Plan del Carbón» acordado contempla el reparto de 400 millones de euros en planes de reactivación de las comarcas y las empresas mineras, de los que 250 millones de euros son para infraestructuras y 150 millones de euros para la subvención de proyectos empresariales, al tiempo que se acordó continuar con la complementariedad y la adicionalidad.

El preacuerdo establece también unas ayudas de carácter medioambiental destinadas a restauraciones y cierres, con una partida económica de 120 millones de euros para el periodo 2014-2021, así como el apoyo a nuevas tecnologías (carbón verde) mediante convenios con contenido tecnológico y medioambiental.

Además, la semana pasada ya se alcanzó un acuerdo sobre los volúmenes de producción y plantilla hasta 2018, fecha límite de este plan, ya que, de acuerdo a la legislación europea, a partir de 2019 sólo podrán continuar abiertas las minas que sean rentables sin ayudas.

Soria considera que se alcanzó «un buen acuerdo»

En este sentido, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, consideró que se llegó «a un buen acuerdo» para todas las partes en las negociaciones sobre el ‘Plan del Carbón’.

Soria indicó que lo que se negoció afecta «fundamentalmente a las ayudas, prejubilaciones o inversiones en las comarcas mineras y supuso «un buen acuerdo, teniendo en cuenta el contexto de restricciones presupuestarias».

El ministro recalcó su agradecimiento, que ya trasladó en persona, tanto a la patronal, como a los sindicatos y los miembros del Ministerio de Industria encargados de la negociación.

El acuerdo «no es el que nos hubiera gustado», según Carbunión

Por su parte, la asociación de empresas mineras Carbunión consideró que el acuerdo sobre el plan del carbón para el periodo 2013-2018 alcanzado no despeja «incertidumbres» y «no es el que nos hubiera gustado aceptar» a los empresarios.

La patronal dijo que acudió «optimista» a la reunión, con el objetivo de «suavizar la tendencia descendente de las ayudas a la producción», a la vista de que el nivel de ayudas que se planteó recientemente a las empresas es un 80% inferior a las recibidas hace apenas dos años.

Sin embargo, indicaron que se sumaron al acuerdo porque desde Industria se les dio un «ultimátum» de que a partir de esta reunión las condiciones tirarían siempre a la baja.

Por ello, consideraron que era «mejor» recibir la cantidad de 30 euros por tonelada este año, decreciendo en 5 euros por año a lo largo de los años de vigencia del pacto, que empezar con un precio más bajo.

Según señaló, una reducción progresiva cada año en una media del 20% aumenta la incertidumbre acerca de la capacidad de varias explotaciones para llegar a 2018 y ser competitivas. Por este motivo, consideró «muy importante» suavizar el ritmo de reducción de ayudas para evitar «fuertes recortes y en varios casos la inviabilidad».

Los empresarios comunicaron además al Ministerio su interés en concretar aspectos genéricos y precisar otros, como las soluciones específicas que permitan que el carbón nacional cubra al menos el 7,5% de la generación eléctrica, la reducción del céntimo verde o las bases reguladoras de las ayudas.

Además, insistió en que la situación de las empresas es «crítica» y en que en el último año, en el que las centrales térmicas no compraron carbón nacional, las explotaciones se vieron obligadas a parar la actividad durante meses.

Desde la patronal también criticaron que para este año en los Presupuestos Generales del Estado se fijó una cuantía de 156 millones de euros si bien ahora se reparte 67 millones de euros que finalmente se quedan en 57 porque una empresa ya liquidó.

Carbunión reconoció que sienten «frustración» porque el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, no haya estado en las reuniones para fijar este plan y que haya delegado en el gerente del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo de las Cuencas Mineras (IRMC). Desde que los saludó en marzo y participó en una reunión sectorial en abril, «no se volvió a ver».

CCOO y UGT valoran «positivamente» el acuerdo

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, se felicitó por el acuerdo logrado entre patronal, sindicatos y Gobierno para el plan del carbón y consideró que «merece la pena», pese a admitir que «incorpora sacrificios en el empleo, en términos salariales y para el país».

Toxo consideró que es «muy importante» que se haya alcanzado este acuerdo, pues se trata de un sector «destinado aún a tener un papel muy importante» y añadió que «ninguno de los actores» se declarará «satisfecho al 100%», pero es «el equilibrio al que se pudo llegar» en esta materia.

Asimismo, y tras la reunión entre las partes implicadas, el responsable estatal de minería de CCOO, Juan Carlos Álvarez Liébana, valoró «positivamente» el acuerdo alcanzado ya que se ha «avanzado significativamente» en las mejoras contempladas con respecto al inicio de las conversaciones.

En este sentido, el responsable de CCOO pidió una mirada «retrospectiva» a la hora de valorar el acuerdo y, en esta línea, recordó la «conflictividad» que rodeó las negociaciones y el punto de partida con respecto a la propuesta del Gobierno.

Así, subrayó que en el acuerdo se incluyeron «aportes sustanciales» tras unas negociaciones «complicadas» en las que se ha hecho un gran «esfuerzo». «Sin sentirnos del todo satisfechos, valoramos positivamente el plan», apostilló.

Por su parte, el responsable de minería en Asturias de CCOO, José Luis Villares, apuntó que estos logros quedan por debajo de los objetivos del sindicato, pero dan «una base de tranquilidad al sector». Y añadió que ahora «hay que darle un contenido, un formato» al texto, para que todo esté garantizado jurídicamente.

De la misma manera se expresó el responsable de minería de FITAG-UGT, Víctor Fernández, quien señaló que tras un año y 18 meses de «fatiga» se llegó a un punto de unión, por lo que «ahora hay que ponerse a trabajar para desarrollar el acuerdo» y para comenzar a negociar con Europa la posibilidad de que las minas continúen abiertas más allá de 2019, aunque hubieran recibido ayudas en el pasado.

«Es muy difícil salir satisfechos sobre todo cuando la realidad económica del país y de Europa no permitía que ningún documento no permitiera un tratamiento no traumático para trabajadores que quedasen fuera del sector y con cuarenta y tantos años».

«No estamos tan contentos como podríamos estar si hubiésemos conseguido todo lo que queríamos, pero eso es prácticamente imposible», indicó. «Hemos pensado unos objetivos que, pensamos, nos dirigen a un futuro», añadió el sindicalista de UGT.

Fernández reiteró que «vale más un acuerdo que no sea tan bueno que un desacuerdo» porque, a su juicio, «sin nada, este sector no hubiese pasado del año que viene». Por todo ello, pidió celeridad en el trámite para que el sector «no sufra más» y «no tenga que volver a Madrid en muchos años».

IU ve el acuerdo del carbón con «sabor amargo»

Por otro lado, el coordinador regional de IU en Castilla y León, José María González, aseguró que el acuerdo del carbón deja un «sabor amargo» porque a pesar de lograr «virar levemente» el rumbo del Gobierno, mantiene en su «hoja de ruta» el cierre de la minería no rentable, por lo que es una «amenaza» para las cuencas mineras.

González, tras recordar las movilizaciones que supuso la negociación, indicó que «al final, el Gobierno obliga a prolongar la respiración asistida al sector» al sentirse «forzado» a mantener la actividad hasta 2018. «Cierto que es en unas condiciones que hacen muy difícil su viabilidad, pero es el momento de empezar a sumar fuerzas para cambiarlo y garantizar la minería rentable socialmente más allá de 2018», señaló.

En esta línea, el coordinador de IU añadió que el PP hablaba de despidos, de la aplicación estricta de la reforma laboral y «ha terminado firmando jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas en peores condiciones que en planes anteriores pero sin despidos, eufemísticamente denominados bajas traumáticas».

«El PP no hablaba de planes territoriales y sobre la mesa hay una propuesta para proyectos empresariales e infraestructuras», aseguró González, quien recordó que aún quedan asuntos por resolver sobre la mesa como la incorporación de los trabajadores de las subcontratas, el proceso de liquidación sobre Coto Minero Cantábrico, «inicialmente única afectada, pero con las características del actual empresario, la amenaza se cierne sobre el resto del grupo», o la deuda de fondos mineros.

Unos contenidos propios de la negociación de la mesa sindical, señaló el coordinador general de IUCyL, quien consideró que todos ellos además se han de incorporar a la agenda de relaciones entre el gobierno central y los de Asturias y Castilla y León.

Asimismo, el responsable federal de Políticas Energéticas de IU, Adolfo Barrena, consideró que la firma del acuerdo de la minería supone «un primer paso necesario para mantener el sector del carbón» y valoró tanto la labor de CCOO y UGT como la movilización ciudadana «para que el Gobierno rectifique».

Barrena explicó que la formación política valora el principio de acuerdo alcanzado «en su justa medida», ya que sirve para «establecer y articular medidas sociales y un régimen de ayudas para los próximos cinco años». No obstante, reclamó «una solución definitiva que dé alternativas viables a las zonas y comarcas mineras».

«Reconocemos el trabajo seguido en las movilizaciones ciudadanas en las comarcas mineras en defensa del carbón que han propiciado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya tenido que corregir su rumbo sobre este sector», afirmó Barrena.

El dirigente federal de IU aseguró además que, para el ministro Soria, la minería del carbón «no está entre sus prioridades», de lo que da cuenta la tardanza con la que se presentó a los agentes sociales el primer borrador del plan para el periodo 2013-2018.

«Ha sido el empeño de los sindicatos mineros y la necesidad de mantener activa la minería en las comarcas que dependen de este sector lo que ha resultado clave para la firma del acuerdo», constató Barrena.

Ariño (Teruel) recibe con «incertidumbre» el acuerdo

Finalmente, el alcalde de Ariño (Teruel), Joaquín Noé, mostró sus reservas sobre el acuerdo del » Plan del Carbón»porque «el Gobierno ha incumplido el plan anterior y mucho de lo firmado», y también porque las empresas del carbón «deben ahora establecer sus previsiones de futuro», lo que les deja todavía en una situación de incertidumbre.

Noé quiso ser cauto hasta conocer con detalle el documento del acuerdo, pero recalcó la necesidad de que el texto «aclare la situación de los trabajadores de subcontratas que pueden llevar más de 20 años trabajando para la mina y a ver cómo se quedan», aseguró.

Hizo referencia a la situación del municipio de Ariño, donde todo apunta a que cerrará la mina de interior para 2017, y «hay que saber en qué condiciones quedarán los trabajadores». Según explicó, hasta ahora «la empresa decía que no sabía qué haría hasta que no estuviera el acuerdo, así que habrá que ver qué ponen encima de la mesa», y recordó que este cierre afectaría a 180 puestos de trabajo.

Noé apuntó que «las diferencias con el plan anterior son abismales, así que de momento no podemos decir que sea bueno».

No obstante, en el aspecto positivo, destacó que el acuerdo garantiza una contribución mínima del carbón autóctono a la generación eléctrica del 7,5% a partir de 2015, lo que supone priorizar el carbón nacional frente al importado.

Sin embargo, advirtió de que «existe un Real Decreto que establece que las eléctricas tienen que comprar carbón autóctono, incluso se recoge la cantidad, y eso no se cumple. Este Gobierno tiene poca credibilidad».

Noé pidió además que las ayudas para la reindustrialización que se recogen en el plan, hasta 400 millones de euros para toda España, «se inviertan en los municipios mineros donde se están perdiendo los puestos de trabajo, y no a otros pueblos que en su día las recibieron más por cuestiones políticas. Es una cuestión de justicia».

En todo caso, reiteró que la petición de los pueblos mineros es «seguir apostando por el carbón autóctono», y defendió que la central de Andorra «es una de las más eficientes de España».