Industria obligará a las eléctricas a ofrecer precios fijos de la luz a los consumidores más vulnerables

Así se recoge en una de las trece enmiendas parciales que el PP registró en el Congreso de los Diputados al proyecto de Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, actualmente en tramitación parlamentaria. En concreto, los «populares» presentaron una enmienda para modificar la Ley del Sector Eléctrico, que fue aprobada en el último Pleno de la Cámara Baja del pasado mes de diciembre.

El objetivo del PP es establecer una nueva obligación para las comercializadoras eléctricas: la de realizar ofertas a los consumidores con derecho al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (que sustituye a la Tarifa de Último Recurso) en las que «el precio del suministro sea fijo para un periodo determinado, sin perjuicio de las revisiones que procedan de los peajes, cargos y otros costes regulados».

Según se justifica en la enmienda, el objetivo es que los consumidores puedan optar, si así lo desean, por un «precio fijo a largo plazo» en lugar del coste de producción que se fije con el nuevo mecanismo que sustituirá a las subastas trimestrales Cesur, y que «podría estar sometido a variaciones periódicas en función de la metodología que se establezca».

En la misma enmienda, el partido que da sustento al Gobierno también propone modificar otro aspecto de la Ley del Sector Eléctrico para evitar que el coste de la energía se determine atendiendo al precio medio del mercado durante un periodo determinado reglamentariamente, como se hacía hasta ahora con las Cesur.

Así, con la modificación propuesta la Ley se limitará a señalar que el coste de producción se determinará «en los términos que se desarrollen reglamentariamente», de modo que se eviten «limitaciones en las referencias de precio».

«Los hechos acaecidos recientemente han puesto de manifiesto la necesidad de proceder a una revisión urgente del mecanismo existente», añadió el PP, en referencia a la cancelación de la Cesur de diciembre, que arrojó un incremento desproporcionado con las tendencias del mercado en las semanas anteriores.

Según los «populares», el texto que se propone para la Ley del Sector Eléctrico permitirá «desarrollar el cálculo del coste de producción a tener en cuenta en la fijación del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor a partir de los diferentes mecanismos de mercado que pudieran existir».

La eficiencia energética en el sector público estatal

Por otro lado, el PP presentó otra enmienda para que las Administraciones Públicas que pertenezcan al sector público estatal solamente suscriban nuevos contratos de suministro de bienes y servicios y de adquisición y arrendamientos de edificios cuando quede acreditado que estos tienen un alto rendimiento energético.

Estas medidas, según el PP, suponen para las entidades administrativas del sector público estatal un compromiso con la eficiencia energética a través de su política de compras públicas y suponen un acicate para que otras entidades públicas del ámbito autonómico y local sigan las mismas pautas.

El objetivo es mejorar la eficiencia energética, garantizar la viabilidad económica, así como la idoneidad técnica y el mantenimiento de un nivel de competencia adecuado en los mercados. Según el PP, primar la eficiencia energética revertirá en una reducción de los gastos a largo plazo.