Industria exigirá un informe de seguridad a las nucleares que entregarán al CSN en septiembre

Durante la sesión de Control al Gobierno, Miguel Sebastián apuntó que los protocolos de seguridad se revisarán en dos fases, la primera relacionada con «los accidentes naturales» y la segunda relacionada con «accidentes aéreos, posibles sabotajes, y terrorismo, entre otros». En este sentido, indicó que tras lo sucedido en la central de Fukushima (Japón) el pasado 11 de marzo, las autoridades europeas decidieron que se inicien las inspecciones de seguridad evaluando la preparación de las centrales ante catástrofes naturales.

Así, los informes que las diferentes centrales nucleares españolas deberán entregar al CSN el próximo 15 de agosto, de manera provisional, y el 30 de septiembre de manera definitiva estarán relacionados con la preparación del lugar ante seismos, tsunamis o inundaciones, según apuntó el ministro, que afirmó que «no hay ninguna central en España que esté situada sobre una falla o con riesgo de ser víctima de un tsunami».

Aún así se mostró «concienciado» con la necesidad de elaborar este tipo de informes «tras el suceso de Japón y teniendo en cuenta que la seguridad ciudadana es una de las prioridades de cualquier gobierno».

Así, el ministro señaló que actualmente se encuentra en estado de tramitación un Proyecto de Real Decreto sobre protección física de instalaciones, materiales nucleares y fuentes radiactivas, que tiene como objeto «incrementar sus medidas de seguridad física aplicadas mediante la incorporación a la normativa española del concepto de amenaza base de diseño que se refiere a las características de posibles adversarios internos o externos que podrían intentar la retirada no autorizada de material nuclear o actos de sabotaje».

Sebastián destacó que esta medida «viene a cerrar el grupo de reformas en el ámbito jurídico que se están realizando para reforzar la seguridad, además de las reformas que proponen los organismos internacionales a los que pertenece España».

Del mismo modo, insistió en que «la intención final del Gobierno es reducir progresivamente la participación de la energía nuclear en el sistema energético español acordando el cese de explotación de las centrales al final de su vida útil» y, apuntó que «así se seguirá haciendo».