Industria dice que las eléctricas y las mineras tendrán que llegar a acuerdos cuando finalice el decreto del carbón a finales del año 2014

Así lo ha puesto de manifiesto ante la Comisión de Industria del Congreso, donde ha respondido a varias preguntas sobre este tema del socialista Antonio Trevín, que le ha pedido al Gobierno que diseñe «un mecanismo que permita, sin costes adicionales para el sector eléctrico, mantener un hueco térmico suficiente para el carbón nacional dado su carácter de único combustible autóctono, capaz de contribuir a la seguridad del suministro en casos excepcionales».

«Bajar el porcentaje de producción de carbón nacional respecto del carbón importado no puede ser considerado positivo, porque pone de manifiesto una pérdida de competitividad de las empresas mineras nacionales por sus precios. No obstante, hay que señalar que este menor consumo de carbón nacional es también consecuencia de otros factores como la situación en 2012 del sector, con más de dos meses de huelga y conflictos en varias empresas, y unos precios internacionales mucho más bajos», ha señalado el secretario de Estado.

En cualquier caso, Calvo-Sotelo ha dejado en manos de las empresas la negociación, a partir del 1 de enero de 2015, de la producción de carbón necesaria y los precios, «sin perjuicio de que el Gobierno pueda hacer un procedimiento para que, sin costes para el sistema eléctrico, se mantenga un hueco suficiente para el consumo de carbón autóctono, siempre con el máximo respeto a las normas comunitarias».

En este sentido, el responsable del Ministerio ha cifrado en el 7,5% del mix energético la participación del carbón que se estima suficiente, aunque ha recordado que las empresas eléctricas deberán comunicar antes de final de año las inversiones que realizarán para adaptarse a la directiva comunitaria de emisiones, por lo que «a fecha de hoy el Gobierno ignora qué centrales continuarán funcionando» y, por tanto, qué demanda puede haber para el carbón.

Según datos que ha aportado Calvo-Sotelo, el carbón importado suponía un 5,48% del mix en 2005, un 4,6% en 2006, un 5,19% en 2007, un 2,95% en 2008, un 3,53% en 2009, un 12,58% en 2010, un 5,55% en 2011 y un 9,08% en 2012. Por su parte, la aportación de carbón nacional era del 24% en 2005, del 19% en 2006, del 20% en 2007, del 12% en 2008, del 8% en 2009, del 4,9% en 2010, del 9,12% en 2011 y del 9,76% en 2012.

En cualquier caso, se ha comprometido a que Industria «realice un seguimiento de los compromisos de estas empresas eléctricas y mineras en cuanto pueda resultar perjudicada la seguridad del suministro» y también «seguirá haciendo todos los esfuerzos para potenciar dentro del marco legal el desarrollo de las zonas mineras».

Asimismo, ha rechazado las acusaciones del PSOE de que las medidas del Gobierno hayan generado incertidumbre, asegurando que «precisamente donde se ha actuado de manera más decisiva, trayendo unas reformas legislativas de gran calado en el sector energético por primera vez en muchos años, plantean un futuro de certezas en el que las empresas podrán tomar las decisiones más adecuadas». «Es un esfuerzo normativo para atraer certidumbre, tranquilidad y predictibilidad para poder tomar las mejores decisiones».

Por su parte, Trevín ha abogado por «preservar» el carbón autóctono «priorizando» su entrada en el sistema, y ha pedido al secretario de Estado que le traslade al ministro José Manuel Soria su «inquietud» con el futuro del sector a partir de 2015. «Pídale al ministro que renuncie al papel de Poncio Pilatos y tenga liderazgo para conseguir un acuerdo entre empresas para resolver este problema», ha instado.

Y es que, a su juicio, «no se puede dejar la definición de las condiciones a partir de 2015 exclusivamente a los mecanismos del mercado. Si el Gobierno no tiene una actitud proactiva y unos criterios claros no será posible el acuerdo». «Pido que el Gobierno trace una hoja de ruta, una estrategia de adónde quiere ir, porque no habrá ninguna empresa energética que se oponga frontalmente a los criterios del Gobierno», ha insistido.

En este sentido, ha recordado que las ayudas para el carbón no tendrían que ser «desmesuradas» porque el suplemento de precio del carbón nacional es de 31,3 euros por tonelada, lo que en costes de producción de energía eléctrica tiene una repercusión de 1,82 céntimos por kilowatio (cts/kw). Un coste «claramente inferior» al que tienen otras tecnologías primadas, como la que parte de residuos (3,33 cts/kw), la eólica (4,29 cts/kw), hidráulica (4,38 cts/kw), de cogeneración (5,12 cts/kw) o solar (42,86 cts/kw).

Asimismo, ha subrayado que en muchos países de Europa aún se sigue utilizando el carbón, lo que podría ser otra vía de rentabilidad para las mineras españolas, por lo que el Gobierno no debería «renunciar a la pelea que comienza con la nueva regulación desde enero de 2015 ni a la de lograr prorrogar las ayudas más allá de 2018 para seguir usando el carbón nacional si es necesario para el mix energético».

Con respecto al acuerdo sobre el Plan del Carbón alcanzado la semana pasada entre Ejecutivo y sindicatos, Trevín se ha congratulado «sobre todo porque Bruselas empezará a salir de la estupefacción que le causaba que, después de que (José Luis Rodríguez) Zapatero ganara la batalla por la ampliación de las ayudas hasta 2018, el PP empezara en 2012 a desmantelar el sector«.

No obstante, también ha reprochado que «la dilación» en las negociaciones durante el último año por culpa del Ejecutivo es lo que ha llevado a la «asfixia» al sector, y ha criticado que el año pasado se dejara sin ejecutar casi un tercio del presupuesto para los programas del carbón.

El ministro Soria comparecerá en el Congreso el jueves para explicar el acuerdo sobre el carbón

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, comparecerá el próximo jueves 3 de octubre ante la comisión del ramo del Congreso para explicar el acuerdo alcanzado la semana pasada por su departamento con los sindicatos sobre el Plan del Carbón 2014-2018.

El acuerdo, que llega tras más de año y medio de negociaciones, incluye fijar un peso del 7,5% del carbón nacional en el ‘mix’ eléctrico, prejubilaciones para los mayores de 54 años (anteriormente eran a los 52) e indemnizaciones de 10.000 euros, con 35 días por año trabajado y un tope máximo de 30 mensualidades.

Asimismo, contempla inversiones en infraestructuras y reactivación de empresas para la subvención de proyectos empresariales por valor de 250 y 150 millones, respectivamente, así como un compromiso por parte del Ejecutivo para lograr contratos de suministro que firmen las empresas mineras con las compañías eléctricas para el consumo del carbón.

En cuanto a los trabajadores, se incluyen prejubilaciones a los 54 años con cuantías de un 70% de su salario, así como medidas para fomentar la formación de trabajadores en las comarcas mineras, recolocaciones prioritarias incluso para los trabajadores de las subcontratas como excedente del sector, mejoras sobre la seguridad de los mineros y un tratamiento diferenciado para los afectados por silicosis.

Por otra parte, el presidente de la comisión parlamentaria, Pablo Matos, ha respondido a los reproches de algunos portavoces de la oposición respecto de la dificultad de analizar con profundidad los diferentes temas sobre los que se pide la comparecencia del ministro por su acumulación en una misma sesión.

Así, el ‘popular’ ha reconocido que la última intervención de Soria ante la Comisión, el pasado mes de junio, fue «excesivamente densa» ya que se acumularon asuntos sobre turismo, industria, energía y telecomunicaciones, lo que hace que los grupos mayoritarios utilicen más de un portavoz específico por área y, así, se dilatan los tiempos.

«Por eso hemos decidido que las próximas comparecencias del ministro sean sobre temas más concretos para no tener que repartir el tiempo y poder trabajar adecuadamente», ha añadido Matos.