Industria defiende que se ha actuado con rapidez y transparencia en su gestión del almacén de gas Castor

«Opacidad no sólo no ha habido, sino que todas las condiciones y todos los requisitos para que se pudiera hacer el pago por parte del operador están reflejados en esa norma», afirmó Soria en referencia al real decreto-ley que estableció la hibernación del almacén de gas y la indemnización para la empresa concesionaria Escal UGS. Además, el ministro señaló que el Gobierno «no ha pagado absolutamente nada» de la indemnización y que quien ha sufragado esta cantidad ha sido Enagás y, después de cerrarse su financiación, se irá pagando en la factura del gas natural.

Según el mecanismo diseñado, Enagás recibe un derecho de cobro con cargo al sistema gasista, es decir, a los consumidores de gas, equivalente a la cantidad de la indemnización. Enagás cedió ese derecho a un grupo de bancos, quienes abonaron esta semana los 1.350 millones de euros a la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, y cobrarán durante un plazo de 30 años esta cantidad más intereses mediante la tarifa del gas. Preguntado sobre si el Gobierno atenderá las demandas de organizaciones de consumidores que pidieron que no se cargue a la factura de gas, el ministro no se pronunció.

Según Soria, la indemnización estaba prevista en el decreto de concesión, aprobado por el Gobierno socialista en 2008, norma que también estipulaba que el concesionario podía renunciar en cualquier momento de desarrollo del proyecto y ser compensado por el coste de la inversión, incluso aun cuando mediara dolo o negligencia. Soria recordó que el actual Ejecutivo declaró «lesiva» esta cláusula, pero finalmente el Tribunal Supremo no aceptó el cambio en las condiciones de la concesión.

Asimismo, el ministro indicó que el Ejecutivo actual disminuyó la retribución al bajarla «casi dos puntos porcentuales» desde el 10,75% fijado inicialmente y detuvo «todas las actividades» de inyección de gas colchón en el momento en que se detectaron movimientos sísmicos de determinado nivel en la zona. Una vez que el operador «renunció ejerciendo el derecho que aparecía en el real decreto de concesión de autorización, hemos articulado un mecanismo en función del cual es el operador del sistema gasista quien hace el pago», para que posteriormente el sistema gasista haga frente del mismo en un período de 30 años.

Cataluña acude al Tribunal Constitucional

El consejero de Empresa, Felip Puig, anunció que el Gobierno catalán ultima un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley por el que se ha establecido una indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS por su renuncia a la explotación del almacén subterráneo de gas Castor y que pondrán este caso en conocimiento de la Comisión Europea para que lo investigue. En estos momentos, según detalló el consejero catalán, el Consejo de Garantías Estatutarias trabaja en los estudios previos preceptivos para presentar el recurso que, según explicó Puig, se basará en tres puntos.

«En primer término, negligencia de contrato» ya que, según el consejero, el documento contractual presenta numerosos defectos y «repercute únicamente en beneficio de la empresa concesionaria«. En segundo lugar, «no se han estudiado los riesgos» que suponía implantar esta industria sobre el territorio por lo que: «estamos ante un problema de posible negligencia también a la hora de hacer proyectos y estudios sísmicos que parece que no se hicieron. No tenemos aún toda la información del expediente», indicó. Por último, el recurso se basará también en la «valoración que se hace de la indemnización, que se le da un valor del 100% de la inversión«.

«Una infraestructura que no se pone en servicio debería tener un valor residual muy reducido. Una indemnización que se hubiera basado en este valor debería haber sido de coste 0 o del 10%. Ellos aplican un elemento jurídico dudoso que es hibernarlo para pagar este 100%», subrayó el consejero. En este sentido, Felip Puig lamentó «las decisiones incongruentes del Estado español» ya que: por un lado suspende el decreto contra la pobreza energética e impide que Cataluña atienda las necesidades de sus ciudadanos y, por otra parte, corre mucho para atender la indemnización por Castor«.

Felip Puig aseguró que el Gobierno de Cataluña seguirá trabajando para impedir que la paralización del almacén Castor se traduzca en un incremento del recibo del gas para las familias y las empresas. Este jueves, el Parlamento autonómico de Cataluña aprobó con los votos de todos los partidos menos el PP una moción de ICV-EUiA que instaba al Gobierno catalán a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto 13/2014 de indemnización.

Por su parte, el portavoz del Gobierno catalán y consejero de la Presidencia, Francesc Homs, expresó su «indignación y estupor» ante la «escandalosa» indemnización a Escal UGS, una medida que cree que el Gobierno intentó hacer «por la puerta de atrás«. Homs aseguró tener la sensación de que el Gobierno, «antes de hacer esta liquidación, se debería haber asegurado que desde un punto de vista jurídico y formal era la obligación que había». «Nosotros creemos que hay recorrido para hacer las cosas de otra manera, seguro, y no pagar de manera tan inmediata», indicó Homs.

Por su parte, el presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, consideró que el pago de la indemnización a la sociedad Escal UGS se ha hecho «con nocturnidad y alevosía«. Por ello, Costas abogó por que en los contratos donde intervenga el sector público con algún tipo de aval deberían incluirse los riesgos contingentes, es decir, posibles riesgos futuros, lo que ya se aplica en algunos países. «Aquel responsable público que haya firmado un contrato donde haya este tipo de aval y no haya sido hecho público tendría que tener algún tipo de responsabilidad, esto es el buen capitalismo», argumentó.

Paralizar la indemnización con firmas

Varias organizaciones de defensa del medio ambiente, entre ellas Ecologistas en Acción, iniciaron una campaña en Internet de recogida de firmas para exigir que no se indemnizase a las empresas encargadas de la construcción del almacén de gas Castor por la paralización del proyecto. De esta manera, estas organizaciones muestran su «rechazo frontal» a la indemnización que ha cobrado Escal UGS. «Un total de 1.350 millones de euros han ido a parar ya a la empresa promotora, participada en el 66,6% por ACS de Florentino Pérez», criticó Ecologistas en Acción.

Según esta organización, el dinero de la indemnización lo han avanzado tres bancos pero será la ciudadanía quien devolverá ese pago a través de la factura del gas a partir de 2016. El plazo para recurrir la indemnización al Tribunal Constitucional para instarle a cancelar el pago de la indemnización concluye el próximo 3 de enero, por lo que las organizaciones urgen también a 50 diputados y senadores que impulsen el recurso ante el Constitucional.

Escal UGS cobró esta semana

Escal UGS recibió el pasado 11 de noviembre los 1.350,7 millones de indemnización fijados por el Gobierno por la paralización del proyecto, como compensación a la inversión realizada en Castor y por los derechos retributivos devengados, es decir, pagos financieros y costes de operación y mantenimiento incurridos). El pasado 3 de octubre el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley en el que aceptaba la renuncia a la concesión presentada por Escal UGS y fijaba el importe de la compensación.

Al tiempo que se aprobó la indemnización, el Ejecutivo acordó su hibernación, lo que significa que no habrá ninguna inyección o extracción de gas en el subsuelo, aunque esta situación se podrá revertir en el futuro si los estudios técnicos lo aconsejan. El almacén Castor está situado en el subsuelo del Mediterráneo cerca de la costa de Vinarós (Castellón) y su construcción se paralizó en septiembre del año pasado al detectarse seísmos en la zona.