El revuelo ocasionado por la supuesta subida de tarifas eléctricas en estos últimos días tiene un barniz interesado y exagerado, en la medida que la elevación del precio de suministro propuesta sólo recoge el aumento del precio de la energía, pero no recoge el aumento de los costes que deben cubrir las tarifas de acceso o peajes.

El precio del suministro de la energía está compuesto por dos partes, el precio de la energía y las tarifas acceso (peajes). Es preciso tener en cuenta que, en la actualidad, lo que genera el déficit tarifario son las tarifas de acceso y la insuficiencia de las mismas para cubrir todos los costes que en ellas se incurren. Por tanto, era necesario elevar este componente de la tarifa eléctrica para no generar más déficit, de forma que se paguen las tarifas de acceso necesarias para ser suficientes y equilibrar su evolución y, al menos, no superar los límites de déficit tarifario establecidos legalmente.

Esto implica que, con esta propuesta encima de la mesa, el déficit tarifario seguirá aumentando en 2010 muy por encima de lo permitido. De hecho, se duplicará. Es preciso recordar que el Real Decreto Ley 6/2009 establecía como límite de crecimiento para el déficit tarifario un montante máximo de 3.000 millones de euros. La previsión con las liquidaciones conocidas del año es llegar a los 5.523 millones de euros, casi el doble de lo legalmente fijado por esta ley.

En este sentido, según los datos conocidos, la propuesta de modificación de tarifas presentada por el Gobierno a la CNE para la revisión del mes de octubre, no permite reducir el déficit tarifario acumulado durante el ejercicio. Industria, por tanto, no aprovecha los bajos precios del mercado de generación y renuncia a aplicar subidas de tarifa que consigan amortiguar el déficit acumulado este mismo año o el año pasado.

Así, la propuesta de modificación de tarifas que hoy estudiará el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía remitida por Industria realmente no produce una elevación de las tarifas. Se limita exclusivamente a absorber la elevación del precio de la energía en el mercado de generación y mantiene estables las denominadas tarifas de acceso (de las que se debería incorporar una partida para reducir el déficit tarifario acumulado). La consecuencia es que el déficit tarifario este año aumentará en 2.523 millones de euros por encima de lo previsto (y de lo que establecía como límite máximo el R.D. Ley 6/2009), alcanzando un total de 5.500 millones de euros.

Del mismo modo, durante el ejercicio 2009 este déficit acumulado también creció por encima de lo previsto, ya que se elevó a 1.022 millones de euros, según las empresas eléctricas (el Gobierno reconoce únicamente 293 millones). Una discrepancia que, por otra parte, ha vuelto a levantar las alarmas en torno a la forma de tratamiento de las partidas que lo componen.

Las consecuencias políticas, sociales y mediáticas de esta decisión, no se han hecho esperar. Por una parte, las empresas eléctricas han anunciado que denunciarán al Gobierno por prevaricación (el delito de prevaricación consiste en el hecho de que la Administración actúe contra una ley a sabiendas de que un comportamiento es contrario a la misma). Las empresas consideran que, el hecho de no aumentar las tarifas de acceso sobrepasando el límite de déficit fijado por el Real Decreto Ley 6/2009 para este año y el pasado, tiene todos los visos de incurrir en esta práctica ilegal.

Por otra parte, los consumidores, a través de sus asociaciones (que han señalado que el precio de la electricidad ha subido un 30 % en los últimos años) también han expresado su disconformidad con esta no subida de tarifas, dado que la tarifa eléctrica mantiene el carácter de precio intervenido. Mientras, los consumidores industriales se benefician de este clima de agitación.

Y, finalmente, esta publicación apuesta porque el colectivo de retroprogresivos de la energía, negacionista además del déficit tarifario, se apresurará a aportar sus «soluciones creativas», antimercado, antiliberalización para la erradicación del déficit tarifario. Se trataría de los mecanismos expropiatorios que circulan en la CNE desde el Informe de Costes y Precios y que de vez en cuando se deslizan por la mesa de operaciones de su Consejo: vuelta a los costes reconocidos, discriminación de precios discrecional por tecnologías, impuestos a determinados tipos de tecnologías, promover la remoción legal de la liquidación de los CTC’s, y todo en ese plan.

Además, en medio de todo, una cierta estrategia de hostigamiento en torno al problema: Industria, con el déficit desbocado, con el revuelo mediático de la impotencia en torno a la subida/no subida de tarifas y la demagogia política alrededor bramando, incluyendo la retirada del Partido Popular de un supuesto pacto energético basado en la idea de congelar la energía, como en la crisis del 73 con Franco. El mejor de los mundos posibles.