Industria autoriza inversiones en infraestructuras de la red eléctrica por valor de 917,5 millones de euros

Los acuerdos afectan a un conjunto de actuaciones de la red de transporte de electricidad que abarcan nuevas líneas eléctricas y cambios de tensión de líneas existentes, nuevas subestaciones o ampliaciones de otras existentes, reactancias y transformadores, entre otros. Las actuaciones afectan tanto al sistema eléctrico peninsular como a los sistemas de Baleares y Canarias.

Las novedades más significativas son las nuevas líneas para evacuar la generación de electricidad eólica en las islas Canarias y la interconexión submarina entre la Península y Ceuta, una reivindicación histórica de la ciudad autónoma.

Asimismo, se dio el visto bueno a nuevas líneas eléctricas entre las islas del archipiélago balear Ibiza y Formentera, y las canarias de Fuerteventura y Lanzarote y La Gomera y Tenerife.

Industria defiende desde hace meses la necesidad de conectar las islas de los archipiélagos entre sí con el objetivo de crear sistemas eléctricos más grandes, ya que estos son más eficientes y menos costosos.

Las infraestructuras de transporte de electricidad, que incluyen los enlaces submarinos, las construye la compañía Red Eléctrica, que actúa como transportista único del sistema.

La modificación del programa, incluido en la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016, se realizó con la finalidad de incluir nuevas actuaciones que «están justificadas, caso por caso, por seguridad de suministro, nuevas necesidades o mejora de la eficiencia económica del sistema» y que implican que sea necesario hacer modificaciones puntuales en ese plan, según subrayó Soria.

Según explicó el ministro de Industria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las modificaciones responden, por un lado, a actualizaciones técnicas de infraestructuras ya contempladas en la planificación en vigor y, por otro, a infraestructuras «de carácter excepcional sobrevenidas y no previstas inicialmente» tras la última modificación de la Planificación en 2012.

«Todas estas modificaciones han tenido audiencia pública y han sido informadas favorablemente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, en algunos casos, ha sido la que ha sugerido las modificaciones que finalmente se han llevado a cabo», explicó el ministro Soria.

Además, Industria estimó que algunas de las infraestructuras también darán al sistema una mayor eficiencia económica, como es el caso de las interconexiones entre las islas, que permitirán el mayor uso de tecnologías de generación más eficientes y la aplicación economías de escala, así como optimizar la integración de la generación renovable.

Estas modificaciones comportan un importe de 917,5 millones de euros, pero «no se empezará a financiar las infraestructuras hasta dos años después de la entrada en funcionamiento de las mismas, es decir, no se financiarán todas de una vez, sino a lo largo de toda su vida útil, por lo que se irá redistribuyendo la financiación de las mismas», explicó Soria.

Habilitación de Industria en la Planificación 2008-2016

Por otro lado, el Consejo de Ministros acordó también habilitar al Ministerio de Industria para autorizar o, en su caso, emitir los informes favorables que permitan la autorización de las actuaciones incluidas en el acuerdo de modificación del Plan de desarrollo de la red de transporte antes mencionado.

Según los acuerdos, la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPyM) podrá emitir autorización administrativa en el caso de instalaciones que son competencia de la Administración General del Estado o informe favorable en el caso de instalaciones cuya autorización es competencia de las CCAA.

Según Industria, esta habilitación por el Consejo de Ministros es necesaria, ya que toda la Planificación 2008-2016 se encuentra paralizada, con carácter general, en virtud del Real Decreto-ley 13/2012, para contener los costes eléctricos y adecuar el desarrollo de la red a la evolución real de la demanda, salvo en los casos en que haya razones de interés público que determinen la necesidad de la construcción.