Industria autoriza a Repsol a realizar hasta tres sondeos en Canarias

Según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE), a través de una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, se autoriza a Repsol a realizar hasta tres sondeos en tres puntos de las cuadrículas que tiene asignadas: Sandía , a 3.170 metros de profundidad, los 870 primeros de agua, Chirimoya a 3.000 metros de profundidad, con los primeros 1.019 de agua y Zanahoria a 6.900 metros de profundidad, los primeros 1.022 de agua. En concreto, la titularidad actual del permiso corresponde a Repsol Investigaciones Petrolíferas, Woodside Energy Iberia y RWE Dea AG, en unos porcentajes del 50%, 30% y 20%, respectivamente, actuando la primera de ellas como operador.

Para empezar estos sondeos, Repsol deberá constituir un seguro de responsabilidad civil por un mínimo de 40 millones de euros para hacer frente a eventuales daños, y otra garantía financiara de 20 millones para cubrir responsabilidades ambientales. Para poder realizar esos trabajos, a entre 50 y 55 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, deberá instalar en ambas islas sistemas de control de la sismicidad, que monitoricen en un radio de 20 kilómetros alrededor del sondeo cualquier movimiento que se produzca en el subsuelo como consecuencia de las perforaciones.

La autorización para los sondeos tiene una vigencia de tres años y se subraya que, en caso de amenaza de daño a las personas, los bienes o al medioambiente, «Repsol detendrá inmediatamente las operaciones adoptando las medidas adecuadas«. Asimismo, se establece que las perforaciones se detendrán si en un radio de 75 kilómetros del sondeo se produce un terremoto natural con intensidad superior a 4,5 en la escala de Richter. Tras el final de cada sondeo, Repsol tendrá seis meses como máximo para presentar todos los informes técnicos sobre los trabajos realizados. El Ministerio de Industria se reserva además el derecho a realizar las pruebas que estime convenientes y podrá dejar sin efecto la resolución publicada este miércoles ante el incumplimiento de las condiciones establecidas.

La Dirección General de Política Energética y Minas y el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas «podrán inspeccionar todos los trabajos y actividades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones que resulten exigibles a sus titulares», añade la resolución. Al menos una semana antes de empezar los trabajos, Repsol deberá comunicar a distintas autoridades, incluida la Capitanía Marítima de Las Palmas, las fechas de inicio y fin de los distintos trabajos. El pasado mes de julio, la petrolera ya anunció su intención de empezar las prospecciones en el último trimestre de este año.

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, precisó que los trabajos comenzarían en Sandía, un punto del océano situado a aproximadamente 60 kilómetros de las costas de Fuerteventura, donde su barco perforador, «de séptima generación», deberá atravesar 885 metros de agua antes de llegar al lecho marino. La unidad de perforación que llevará a cabo las prospecciones es la unidad de posicionamiento dinámico Rowan Renaissance. Se trata de un barco de perforación de última generación con capacidad de perforar sondeos de hasta 12.000 metros de profundidad, en profundidades de agua de más de 3.500 metros.

En marzo de 2012, el Consejo de Ministros aprobó la autorización necesaria para que Repsol pudiera realizar prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, unas prospecciones fuertemente rechazadas desde el Gobierno canario que ha llevado el tema hasta el Tribunal Supremo. El objeto es investigar la existencia de hidrocarburo en la cuenca atlántica de Canarias, hasta el momento inexplorada por sondeo, siendo el objetivo principal unos depósitos arenosos turbidíticos del Terciario y Cretácico.

Esta resolución llega después de que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente diera el pasado 29 de mayo el visto bueno a la declaración de impacto ambiental del proyecto. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes a partir de este jueves, el día siguiente al de su publicación en el BOE.