Industria asegura que el nuevo Plan del Carbón permitirá supervivir a las empresas que sean competitivas

En el pleno del Senado, Soria señaló que desde la década de 1990 el balance de los distintos planes arroja una producción del carbón que pasó de 19,6 a 6 millones de euros, en tanto que el empleo se redujo desde los 45.000 puestos de trabajo a los 4.000 actuales.

El ministro también dijo que las ayudas a empresas pasaron de 22.000 a 5.400 millones de euros, de los que 2.200 millones de euros fueron a parar a una sola empresa.

En este sentido, indicó que a diferencia de algunos planes de reestructuración llevados a cabo en el País Vasco, los relativos a la minería no canalizaron de una forma eficaz los recursos.

Interpelado por el senador del Grupo Socialista, Ibán García del Blanco, Soria recordó que el Gobierno trabaja con sindicatos, organizaciones empresariales, empresas mineras y compañías eléctricas para elaborar un nuevo marco del sector hasta 2018 y que «quiere ser un plan distinto» al que remitió el gobierno socialista a Bruselas en 2011. «Un nuevo marco que tiene necesariamente que partir de una situación muy distinta desde el punto de vista económico», añadió.

Sobre esta cuestión, aprovechó para negar que el anterior Plan del Carbón se incumpliera en 2012, como sostuvo el senador socialista, y explicó que lo único que se minoró fueron las disponibilidades económicas con motivo de la crisis económicas que atravesaba y atraviesa España. «Todos los planes anteriores siempre han estado condicionados a esta disponibilidad», zanjó.

Por otro lado, subrayó que el carbón español no es de calidad, ni eficiente, ni barato, al tiempo que reconoció que el volumen objetivo de generación recogido en el real decreto de garantía de suministro no se produjo en ningún ejercicio por la proliferación de distintas tecnologías, fundamentalmente renovables.

Además, reiteró que la denegación de subvenciones a determinadas empresas mineras está justificada ya que estas compañías no están al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. La concesión de ayudas públicas o subvenciones está sujeta a determinados requisitos establecidos en dicha ley, entre otros, que no puedan ser beneficiarios quienes no se encuentren al corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, explicó el ministro.