Así lo manifestó durante una interpelación de la portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) de Energía, Laia Ortiz, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja

En respuesta a la pregunta de Ortiz, Soria subrayó que «no sólo no va a haber moratoria, sino que se va a impulsar una mayor penetración» de renovables en los sistemas insulares y extrapeninsulares, donde el coste medio de producción es muy superior al del territorio peninsular.

En ese sentido apuntó que la reforma del sistema eléctrico que el Gobierno aprobará previsiblemente antes de mediados de julio modificará «radicalmente» el régimen de estos sistemas eléctricos.

La reforma buscará «una mayor penetración de esas energías», en referencia a las renovables, con el objetivo de bajar los precios, lo que pasa por retirar en estos territorios la moratoria para la concesión de ayudas que afecta a las nuevas instalaciones en España desde enero del pasado año.

En el caso de Canarias, según Soria, una mayor participación de las renovables permitiría reducir el precio medio de la generación de cada megavatio hora desde los 220 euros actuales a unos 90 euros. «Eso será bueno para todo el sistema», aseguró.

Todo esto completará a las previsiones contenidas en el proyecto de ley de producción energética en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, actualmente en tramitación parlamentaria, que promueve que el combustible necesario para las energías renovables se adquiera en condiciones más competitivas, ya que tiene un impacto muy importante en el coste total del sistema y, por ende, en el déficit tarifario.

La reforma también incluirá la regulación del autoconsumo con balance neto, que permitirá consumir la energía que se produce y vender o comprar al sistema cuando se necesita, aunque el ministro insistió en que quienes opten por esta vía tendrán que pagar unos peajes por acceder a estas redes.

Sin embargo, no dejó claro qué sistema se aplicará para que los usuarios de autoconsumo también paguen por el empleo de la red eléctrica. A este respecto, remarcó que las redes «hay que hacerlas, fabricarlas, y pagarlas» porque el sistema eléctrico «somos todos nosotros».

«El galimatías del sistema tiene sus consecuencias»

El titular de Industria afirmó que el déficit de tarifa «ya está encauzado pero no solucionado» y que antes de las reforma se centró en buscar una solución porque era «imposible» abordar la reforma integral del sector «si previamente no se ponía solución a ello».

«Es condición imprescindible para poder tener un sistema energético equilibrado, seguro y sostenible medioambientalmente que también sea sostenible económicamente», insistió, negando que se perjudique a las energías renovables, que «seguirán teniendo una participación importante en el mix energético».

Sin embargo, las primas a las renovables no son las únicas materias que inciden en los desequilibrios financieros del sistema eléctrico, tal y como reconoció Soria, apuntando que el «galimatías» del sistema tiene sus consecuencias, y defendió que hasta la fecha ya se han ‘tocado’ diferentes materias –como el transporte, la distribución, los pagos por capacidad o la interrumpibilidad– para reducir los costes.

No obstante, no precisó sí se volverán a tomar medidas en estas parcelas en la nueva reforma y, al ser preguntado por esta posibilidad, se limitó a justificar la necesidad de pagos como el de capacidad o el de interrumpibilidad pese a reconocer que suponen un coste muy elevado.

En este sentido, reconoció que el pago por el servicio de interrumpibilidad es una «cuantía muy elevada» máxime porque «no se está utilizando» y se limitó a recordar que éstas son «industrias muy intensivas que emplean a miles de personas».

Finalmente, Soria señaló que el Gobierno apuesta por la eficiencia energética con medidas como los incentivos para cambiar de vehículo, las ayudas a la rehabilitación de edificios o la creación de la certificación energética.

Para reducir la dependencia energética e incrementar la seguridad del suministro, el ministro volvió a defender también la técnica del «fracking» y puso a Estados Unidos como ejemplo de cómo avanzar en ese sentido. «¿Creen que en Europa podemos permitirnos seguir dependiendo de la importación? ¿No nos hace eso más vulnerables? Por eso, si dentro de las condiciones medioambientales de España y Europa se presentan proyectos que cumplan, debemos autorizarlos«, justificó, defendiendo el mismo criterio para las prospecciones de gas y petróleo en territorio nacional.

ICV critica el «secretismo absoluto y sin diálogo» de la reforma

Por su parte, la diputada Laia Ortiz criticó el «secretismo absoluto y sin diálogo ni participación» en que se está elaborando la reforma, por lo que instó a realizar una auditoría sobre el déficit de tarifa, con el objetivo de determinar cuáles son los costes que necesitan ser recortados.

A este respecto, el ministro señaló que «no es verdad» que estén realizando las reformas sin contar con el sector, «cuestión distinta en que estemos más o menos de acuerdo con ellos» si bien el Gobierno «siempre» opta por el interés general.

Ortíz también criticó que los últimos y continuos cambios regulatorios en el sector provocaron que la España sea vista por los inversores como una «república bananera» y que nadie quiere invertir en renovables por inseguridad jurídica.

Además, avanzó que probablemente «se insistirá en los errores de culpar de todo a las renovables» sin ir «por fin a la raíz de los problemas». «¿Seguirán con parches y recortes que pagan los ciudadanos y las renovables o pondrán algo de sentido común?», se preguntó.

Porque, para la diputada de ICV, el empecinamiento del Ejecutivo en centrarse únicamente en terminar con el déficit de tarifa está haciéndole «olvidar temas muy importantes como la equidad, la sostenibilidad, al transparencia o el futuro energético». «Evidentemente el déficit de tarifa es un problema muy grave, pero han olvidado todo lo demás», acusó, reprochando también que se culpe de ese desfase financiero a las renovables cuando, a su entender, se deriva de «decisiones políticas de no cubrir los costes con la tarifa».

En este sentido, reprochó que no se haya explorado la vía de recortar otras partidas que se cargan en la factura eléctrica como el precio de los combustibles para la producción energética en las islas, los pagos por capacidad en un sistema «sobrecapacitado», la ininterrumpibilidad, las rentabilidades que las eléctricas cobran por la deuda o el sistema de formación de precios.

«Las empresas tienen al regulador y al Gobierno cautivos con las puertas giratorias, sus márgenes de beneficio son el doble de la media europea, y eso lo pagamos todos», dijo, recordando que no hay sostenibilidad económica sin sostenibilidad medioambiental y lamentó que, pese a ello, el Gobierno siga «hipotecando el futuro de España» al mantener la dependencia de los hidrocarburos importados.

Finalmente, Ortiz alertó de la «pobreza energética» que sufren cada vez más ciudadanos, sin acceso a la energía por su coste; y acusó al Ejecutivo de «destrozar» el sector de las renovables –muy intensivo en empleo– con su «inseguridad jurídica», que llevó a que «nadie quiera invertir» en España. Asimismo, criticó el retraso en la regulación del autoconsumo, pidió peajes «adecuados», recordando que las empresas productoras de energía también utilizan la red y no se les cobra por ello; y exigido que se respete a las comunidades autónomas que prohíban el «fracking».