Industria amplía hasta junio de 2016 el permiso de fracking de Angosto-1

Se considera que la Administración no se pronunció en plazo sobre la necesidad de someter o no el proyecto a evaluación de impacto ambiental. Contra esta resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor este sábado, se puede interponer recurso de alzada ante el secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes.

El permiso de investigación fue otorgado por seis años, desde el 20 de diciembre de 2006 al 19 de diciembre de 2012, y la titularidad del permiso corresponde en la actualidad en un 44% a la Sociedad de Hidrocaburos de Euskadi, en un 36% a Petrichor Euskadi y en un 20% a Cambria Europe. La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi actúa como operador del permiso.

Según explica la resolución, el real decreto que otorgó el permiso estableció los compromisos y el programa de investigación, de tal manera que para el quinto y sexto año (2011 y 2012) se preveía la perforación de, al menos, un sondeo de exploración, con una inversión para estos dos años no inferior a 235.474 euros cada uno. Para cumplir estas obligaciones, los titulares solicitaron el 4 de noviembre de 2011 el inicio de los trámites ambientales para la autorización del sondeo de exploración. En concreto pidieron autorización para dos pozos.

El Ministerio de Medio Ambiente debía pronunciarse en el plazo de tres meses sobre la necesidad de someter o no los proyectos a evaluación de impacto ambiental. Por tanto, el incumplimiento de dicho plazo implicaba una suspensión de los trabajos por causas no imputables a las empresas. La Ley del Sector de Hidrocarburos establece que, cuando la paralización del expediente o suspensión de los trabajos se produzca por causas no imputables al titular, el permiso o concesión se prolongará en el mismo plazo de paralización.

El 31 de octubre de 2012 y ante la inminente caducidad del primer período de vigencia del permiso, el operador solicitó una ampliación de periodo de vigencia del mismo como consecuencia de la paralización del expediente por causas no imputables a los titulares del permiso, que fue concedida el 17 de diciembre mediante una orden que prorrogaba el permiso hasta el 19 de agosto de 2013 y habilitaba al director general de Política Energética y Minas para ampliar el plazo.

El 14 de febrero de 2013, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente notificó a la operadora la decisión de someter los dos proyectos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Teniendo en cuenta los plazos requeridos para la obtención de los permisos medioambientales y ante la próxima caducidad del permiso, la operadora solicitó el 3 de agosto de 2013 una ampliación de plazo de vigencia del permiso, que con la resolución publicada este viernes en el BOE se amplía en 34 meses.

Fracking en Cantabria, «muy difícil»

El Gobierno de Cantabria reiteró que será «muy difícil» que las empresas obtengan autorizaciones para hacer fracking en la Comunidad Autónoma, y que con la legislación autonómica será «prácticamente imposible» que las empresas puedan llevar a la práctica los permisos concedidos por el Ministerio de Industria. Así lo afirmó el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, tras conocerse que se ha ampliado hasta el año 2016 el permiso Angosto-1, algo que según indicó Diego obedece a «una cuestión reglada», por ser un «derecho» de la empresa adjudicataria, «y no tiene ninguna otra trascendencia».

En este sentido, Fernández dijo que la legislación urbanística de Cantabria y la «doctrina» dictada con la anulación del permiso regional de fracking Arquetu, es «suficiente para poder impedir el fracking en todo el suelo rústico de especial protección«, «aunque obviamente todo lo que supone protección paisajística puede ser un elemento más», apostilló. Además recordó que aunque está suspendida a la espera de la resolución del Tribunal Constitucional, la ley antifracking de Cantabria «prohíbe de una forma radical y absoluta» la utilización de esta técnica.