Industria afirma que la sentencia sobre los fondos mineros no le obliga a «ningún tipo de pago»

Soria hizo estas declaraciones en Alcalá de Henares momentos antes de participar en la reunión de ministros europeos que participan en la conferencia «Amigos de la Industria«, al ser preguntado por la sentencia que reconoce al Principado de Asturias el derecho a recibir hasta 213 millones de euros con cargo a los convenios de las obras programadas dentro de los fondos mineros hasta 2011.

«Hay una sentencia por parte de los tribunales, pero no obliga al ministerio, tal y como se ha dicho en algún ámbito, a hacer ningún tipo de pago», afirmó el ministro, antes de asegurar que a lo que sí obliga es «a revisar los procedimientos y, caso por caso, ver si procede la realización de ese pago o no».

Soria recordó que el informe de la Abogacía del Estado «no establece relación de causa efecto entre sentencia y obligación de pago» y que por lo tanto, lo que va a hacer es analizar «caso por caso» de acuerdo con ese informe.

El juzgado central de lo contencioso-administrativo número 4 dictó hace una semana una diligencia en la que exige al Gobierno central la ejecución de la sentencia que reconocía al Principado de Asturias el derecho a recibir hasta 213 millones de euros.

La resolución judicial, contra la que cabe recurso de reposición, emplazó además al Estado a informar al juzgado sobre las gestiones que realizó para cumplir la sentencia y el estado en que se encuentran y las actuaciones que quedan por practicarse para cumplirla en su integridad.

De los 58 convenios correspondientes a 2011 por los que pleiteó el Principado- que planteó otra dos reclamaciones sobre los de 2012 (53,3 millones de euros) y de 2013 (68,1 millones de euros)– algunos están ejecutados íntegramente dentro del plazo previsto, otros se justificaron fuera de plazo y un tercer grupo sólo se ha llevado a cabo parcialmente.

La Audiencia Nacional rechazó el pasado mes de mayo el recurso del Gobierno central contra la sentencia, que admitió los planteamientos del Principado al estimar que la anulación de los fondos mineros ya comprometidos con Asturias no respondían a una «imposibilidad económica sobrevenida».

La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Nacional por el Gobierno central que, en su primer Consejo de Ministros en diciembre de 2012 suspendió el pago de los fondos mineros destinados a infraestructuras.

Los sindicatos acusan al Gobierno

Por su parte, los sindicatos CCOO de Industria de Asturias y SOMA-Fitag-UGT criticaron la «dejadez» del Gobierno central al considerar que está demorando «de manera intencionada» el proceso judicial del colectivo de prejubilados de la minería privada afectados por el impago de los IPC de 2011 y 2012.

Las organizaciones sindicales recordaron que ya obtuvieron sentencia favorable en la Audiencia Nacional. En total son más de 7.000 ex trabajadores afectados pertenecientes a las explotaciones mineras de carácter privado de Asturias y Castilla León.

Para ambas organizaciones sindicales la administración pública, en este caso el Ministerio de Industria, aún sabiendo que está obligado a pagar, persiste en judicializar «hasta extremos de auténtica paranoia». La deuda corresponde al impago de los IPC reales de los ejercicios 2011 y 2012, lo que supone un 2,3%, señalaron los sindicatos.

Tanto SOMA Fitag UGT como CCOO de Industria exigieron al gobierno que reconsidere su actitud y no dilapide más recursos públicos en «una causa perdida».