Industria admite que el gas de Castor «podría tener una relación muy alta» con el origen de los seísmos que se registran en la costa de Castellón

Así, explicó que lo que ha ocurrido es que, según el Colegio de Geólogos y del Instituto Geográfico Nacional, «parece que hay una correlación directa muy alta entre la inyección de gas que se ha introducido en ese almacén subterráneo y los microsismos que se han producido a lo largo de los últimos 15 días» en los municipios del litoral de Castellón.

Por ello, defendió la actuación de su departamento porque cuando se produjo un temblor de intensidad 3,6 en la escala Richter el pasado 26 de septiembre, el Ministerio dictó una resolución para parar «todo tipo actividad» adicional hasta que no se sepa exactamente qué está pasando. «Eso es lo que ahora se está investigando», añadió.

Por eso, el ministro aseguró que esperará al informe que están realizando los expertos del Instituto Geológico Minero y del Instituto Geográfico Nacional», que se conocerá en los «próximos días», y que «mientras no haya garantías totales para la seguridad de la población, seguridad material, de que no se van a producir movimientos, no se autorizará la inyección de nuevo gas».

Soria reiteró que el Ministerio mantendrá esta situación de parada hasta ver «qué ha pasado» si bien, reconoció que «hay una probabilidad muy alta» pero «no todavía una constancia científica de causa efecto entre la inyección gas y los movimientos sísmicos». «El almacenamiento va a estar paralizado hasta que no haya garantías por parte de los técnicos», recalcó.

No obstante, Soria pidió calma frente a los sismos registrados y aseguró que el plan de emergencia activado por la Generalitat valenciana se sitúa «en este momento» en el nivel cero «porque en opinión de los técnicos no es una situación preocupante». Además, destacó que la vicepresidenta del Gobierno está coordinando la actuación de varios departamentos ministeriales sobre la materia.

En este mismo sentido, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, aseguró que los trabajos en el proyecto Castor no se reanudarán «hasta que haya garantías técnicas de seguridad al 100% para las personas y bienes».

Preguntado por los medios acerca de los riesgos que pudiera haber, Arias Cañete recordó que, cuando se emitió la Declaración de Impacto Ambiental en noviembre de 2009, en dicha declaración no había «ningún condicionamiento por razones sísmicas», porque no se valoró el riesgo.

Según añadió el ministro, era una declaración «muy breve» que no tenía «ningún condicionante» en este sentido, por lo que ha aseverado que habrá que esperar a los informes científicos para ver si hay una «relación causa efecto» entre el gas inducido y los seísmos en la costa de Castellón.

Por su parte, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, confirmó que se está estudiando la tramitación administrativa que en aquel momento dio pie al permiso para el almacén de gas, a la vista de lo acaecido al poner en marcha las pruebas del almacén. «Las responsabilidades políticas exigirán lo que corresponda y las judiciales, entiendo que todavía es pronto», concluyó.

Así, precisó que en los antecedentes de hecho de la declaración, únicamente el Observatorio del Ebro dijo que habría que pedir informes sobre movimientos sísmicos, eso consta en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

En este sentido recordó que la autorización que tenía la compañía Escal UGS, propietaria del almacén, era una «autorización provisional» de inyectar el denominado gas colchón para «hacer pruebas».

En cuanto a la financiación de la infraestructura, indicó que correrá a cargo de la empresa propietaria, la cual está participada por ACS en un 66,67% y la canadiense CLP en el restante 33,33%, porque el sistema gasista español sólo se hace cargo «una vez que empiecen a funcionar» las infraestructuras.

«No se van a escatimar ni esfuerzo, ni tiempo ni medios»

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, aseguró que «no se va a escatimar ni esfuerzo, ni tiempo ni medios» para conocer la causa de los seísmos que se están registrando en la provincia de Castellón. Asimismo, destacó la necesidad de conocer el origen de estos movimientos de tierra para «tomar decisiones con los informes técnicos» correspondientes.

Sánchez de León realizó dijo que «estamos en contacto permanente» con el Ministerio de Industria y con otras administraciones y entidades, y subrayó que «se están investigando las causas de esos movimientos».

Igualmente, Sánchez de León resaltó su voluntad de «transmitir a la población que desde el primer minuto que se produjeron hubo una reacción rápida y eficiente» al paralizar la actividad en la planta de gas.

«La actividad provoca temblores, pero no de la magnitud actual»

Por su parte, el presidente de Escal UGS, la empresa que gestiona el proyecto de almacenamiento de gas natural frente a las costas de Castellón, Recaredo del Potro, reconoció que «efectivamente» este tipo de operaciones provocan «microseísmos», que son los que «precisamente» la empresa preveía frente a los temblores actuales que son «mayores de los esperados».

Del Potro insistió en que en estos proyecto son «normales» temblores de una magnitud 1 ó 2 en la escala Richter. Ante esta actividad sísmica, aseguró que se está investigando con «los medios más avanzados en cooperación inmediata» con la red nacional de alerta sísmica del Instituto Geográfico Nacional, con el Instituto Geológico y con instituciones de las «más prestigiosas» de Europa para tratar de determinar cuál es el origen preciso del fenómeno y que espera que el informe esté terminado aproximadamente en una semana.

Además, confirmó que la actividad en Castor está paralizada desde el 16 de septiembre, cuando se terminó la operación de inyección de gas. En esta línea, los técnicos del Ministerio de Industria certificaron «in situ» que Escal UGS cesó los trabajos en la zona tras los últimos seísmos registrados, aunque los alcaldes de esta localidad, de Benicarló y Peñíscola anunciaron que exigirán responsabilidades si finalmente se demuestra que existe riesgo sísmico, según explicó el subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles.

En este contexto, Del Potro explicó que el proyecto consiste en utilizar una antigua estructura sobre un campo que albergó petróleo hace millones de años. Ese petróleo que estuvo contenido durante miles de años sin escaparse se extrajo en los años 70. Posteriormente, ese área con petróleo fue ocupada por agua del subsuelo hasta el momento en que la empresa desplazó «un poco» el agua con poca cantidad de gas para acomodar gas natural en el mismo lugar donde estuvo antes el petróleo.

Castor se encuentra a 22 kilómetros de la costa de Vinaròs (Castellón), a más de 1.800 metros de profundidad, y en el se invirtieron unos 1.200 millones de euros.

Según datos facilitados por la compañía, Castor cuenta con 100 millones de metros cúbicos de gas, lo que supone un 7,69% del total de su capacidad, que sería de 1.300 millones de metros cúbicos.

Respecto al personal, indicó que en la plataforma hay unas 45 personas. «El personal está a bordo para garantizar la seguridad en la instalación», agregó.

Asimismo, Barelles explicó que la empresa, «en un principio, no ha negado la responsabilidad de que puedan ser los autores de lo que ha ocurrido, pero también están a expensas de los informes y también están a la espera de los resultados de otros estudios solicitados por su cuenta a otros expertos». «Lo más importante, en estos momentos, es recoger los informes para determinar la causa efecto de lo que ocurre y garantizar la seguridad de los ciudadanos», dijo.

Valencia tomará medidas si Castor no tenía todos los informes cuando se aprobó

La consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, afirmó que la Generalitat Valenciana «exigirá responsabilidades a quien aprobó y tramitó» la Declaración de Impacto Ambiental si se comprueba que el Proyecto Castor no contaba con todos los informes preceptivos en 2009.

Bonig explicó que la Consejería de Gobernación decretó el protocolo de seguimiento de actuaciones sísmicas, ya que algún temblor superó los límites establecidos, y resaltó que hay «una total colaboración» del Ejecutivo valenciano con la empresa y con el Ministerio de Industria.

«No es por echar responsabilidades, pero este proyecto se aprobó con la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente en 2009, con el anterior equipo de Gobierno socialista», apuntó, tras lo que especificó que Consejería «sólo» autorizó la instalación de la planta que hay en territorio de Vinarós, mientras que el resto del proyecto está en aguas de competencia estatal.

«No dudo de que la planta cuenta con todas las autorizaciones, y que cuando el PSOE aprobó la Declaración de Impacto Ambiental contaba con todos los informes preceptivos, si no es así, tomaremos medidas», recalcó.

Mientras tanto, el consejero de Gobernación y Justicia de la Generalitat valenciana, Serafín Castellano, aseguró que la Generalitat está llevando a cabo «en tiempo y forma» las medidas que le corresponden ante los seísmos que se están registrando en Castellón, es decir, que puso en marcha el Plan de Riesgos Sísmicos de la Comunitat Valenciana, en su fase cero, que consiste en hacer un seguimiento e informar a todos los operativos y servicios profesionales implicados, así como con el Gobierno central y con los ayuntamientos. Se está trabajando «codo con codo» con todas administraciones, dijo.

Castellano incidió en que son los expertos del Gobierno central quienes están realizando las «pruebas» para determinar las causas de los seísmos, en coordinación con los servicios de protección civil y de la Generalitat, por lo que la Generalitat no puede más que «ratificar» las palabras del ministro.

Castellón denunciará a los socialistas responsables de la DIA

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Molinero, anunció que la corporación provincial emprenderá acciones legales «contra los exministros responsables de la tramitación y la adjudicación de la concesión del proyecto Castor en el caso de que haya indicios de negligencia en el proceso llevado a cabo por el Gobierno de España entre 2008 y 2010″.

La corporación indicó que el procedimiento administrativo que llevó a la concesión de la licencia, que era de competencia «exclusiva» del Gobierno Central, «fue iniciado en 2007, bajo la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y con los ministros Joan Clos y Cristina Narbona al frente de las carteras de Industria y Medio Ambiente respectivamente».

Asimismo, añadió que las primeras concesiones y licencias «llegaron con el visto bueno del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y de Medio Ambiente, Elena Espinosa, desde el 16 de mayo de 2008 hasta el 10 de junio de 2010, también bajo el Gobierno del presidente socialista Rodríguez Zapatero».

A juicio de Moliner, «me parece gravísimo que no se tuviesen en consideración las posibles afecciones sísmicas y que ahora estemos sufriendo decenas de terremotos cada día. Son los técnicos los que están investigando el problema y los que tienen que decidir cuál es la solución, pero que nadie dude que exigiremos todas las responsabilidades penales que pudiesen derivarse de la mala gestión de esta concesión«, advirtió.

El presidente de la corporación aseguró que la obligación es «estar al lado de los vecinos de los municipios afectados por los seísmos, especialmente si la situación de tensión que están viviendo es fruto de la negligencia del Gobierno que impulsó y autorizó este proyecto».

Cataluña critica la «opacidad intolerable» del Estado

Asimismo, el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, Ramón Espadaler, criticó «la opacidad intolerable» del Gobierno central y de la empresa que gestiona el proyecto de gas submarino Castor, supuestamente responsable de los episodios sísmicos de los últimos días en las Terres de l’Ebre, por lo que insistió en que quieren conocer concretamente qué operaciones se están llevando a cabo en esta planta, para lo que han hecho un requerimiento formal a la empresa.

Espadaler dio un mensaje de tranquilidad recordando que no tienen constancia de que «alguno de estos sismos haya provocado ningún daño físico» y asegurando que los técnicos pronostican que puede haber más movimientos sísmicos pero no más fuertes.

Además, no descartó, tal y como anunció el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, llevar el caso a los tribunales en el caso de que no reciban respuestas satisfactorias de empresa y Gobierno Central.

De hecho, el delegado del Gobierno en Terres de l’Ebre, Francesc Xavier Pallarès dijo que el Gobierno catalán estudia «muy seriamente» la posibilidad de emprender acciones legales contra el proyecto gasista «para exigir responsabilidades».

«Se están estudiando las posibilidades a través de los gabinetes jurídicos de la Generalitat para ver qué margen tenemos. Si el mecanismo de la justicia se debe utilizar, lo haremos«, añadió, ya que recordó que la Generalitat no tiene ninguna competencia, pero sí la responsabilidad de dar una respuesta a los ciudadanos.

Por su parte, el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila, declaró que considera «grave» la crisis originada por seísmos que se están registrando frente a la costa de Tarragona y Castellón a causa de una instalación de almacenamiento de gas instalada en el mar y advirtió del riesgo de grietas si los movimientos sísmicos superan la magnitud 4,5.

Nadal se reúne con los delegados de Gobierno de Valencia y Cataluña

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, convocó a las delegaciones de Gobierno de Valencia y Cataluña para analizar la situación del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas de Castor para intercambiar información y coordinar actuaciones acerca de esta cuestión, dentro de «los contactos continuos que el Gobierno mantiene con las distintas administraciones.

A la reunión asistieron la Delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León, el subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles, y el subdelegado del Gobierno en Tarragona, Didac Montoliú. Marta Crespo, directora general de Relaciones con las Delegaciones del Gobierno y las CCAA, también participó en la misma así como, por parte del Ministerio, el director general de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas.

Por otro lado, los alcaldes de los municipios afectados, Juan Bautista Juan (Vinaròs), Marcelino Domingo (Benicarló) y Andrés Martínez (Peñíscola), representados por el primer edil vinarocense, mostraron su inquietud ante la situación y exigieron «que se cumplan los requisitos, con la máxima seguridad y, sobre todo, que se determine si los seísmos tienen algo que ver con el Castor».

Al mismo tiempo, solicitaron que «no se ponga en marcha si puede desencadenar más actividad sísmica, por el bien de los ciudadanos». En caso de demostrarse que existe relación entre los trabajos en la planta y los seísmos, «nos sumaremos a la exigencia de responsabilidades» anunciada por el presidente de la Diputación, Javier Moliner.

Juan destacó que «en ningún momento éramos conscientes de que el proceso de actividad industrial generado por el Castor iba a tener posibilidad alguna de influir en la actividad sísmica de la zona, teniendo en cuenta la información que teníamos. A nivel local, había un desconocimiento total», concluyó.

PSOE e IU piden que Soria explique en el Congreso la situación

En cuanto a los partidos políticos, el PSOE registró una solicitud de comparecencia del ministro de Industria ante la comisión del ramo del Congreso para que explique la situación del almacenamiento de gas Castor.

Los socialistas quieren que el ministro dé cuenta de las medidas que se están tomado desde su ministerio ante los microseísmos y también que explique en qué situación se encuentra el almacenamiento subterráneo de gas.

Asimismo, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, anunció que su partido también pedirá la comparecencia de Soria para que dé las explicaciones pertinentes sobre este asunto.

En este sentido, recordó que existen informes previos al montaje de las estructuras de almacenamiento de gas «que se negaban, desde el punto de vista técnico y científico, a que se pusieran en marcha». «Ahora se han empeñado en tirar para adelante y tenemos consecuencias», manifestó, por lo que incidió en que su partido realizará «todo tipo de iniciativas parlamentarias».

Asimismo, hizo una «invitación» a la ciudadanía para que se movilice. «Estamos hablando de esto y del ‘fracking’, se están dinamitando capas subterráneas, estructuras que la naturaleza ha puesto y que no tenemos ningún derecho a quebrar y a reventar en función de un supuesto interés. La sociedad se tiene que movilizar, porque este planeta nos lo han dejado los antecesores para que podamos disfrutar, y no tenemos ningún tipo de derecho a reventarlo para los que vengan, este planeta no nos pertenece, estamos de paso», resaltó.

«¿Qué es eso de almacenar gas artificialmente en el subsuelo? ¿Tiene sentido que tengamos un Gobierno que se haya opuesto radicalmente a las energías renovables y esté intensificando las energías no renovables en favor de intereses espúreos de determinadas compañías que además tienen un oligopolio montado, y que están controlando la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, de la que nos han dejado fuera?», se preguntó.

El grupo parlamentario de UPyD, a instancias de su portavoz adjunto, Carlos Martínez Gorriarán, registró una serie de preguntas dirigidas al Gobierno para interesarse sobre el futuro de la actividad del almacenamiento de gas subterráneo, en concreto sobre los criterios específicos que evaluará el ministerio de Industria para determinar si el proyecto Castor seguirá adelante.

Asimismo, preguntó por las negociaciones que mantiene el Gobierno con la empresa responsable del desarrollo del proyecto, en relación a los costes a sufragar en el caso de que Castor se paralice definitivamente. Además, interrogó por la autoría de la primera declaración de impacto ambiental y si piensa el Ejecutivo depurar responsabilidades o exigir algún tipo de indemnización por los fallos de dicha declaración.

CiU pide a Bruselas que estudie si Castor cumple las directivas

Por su parte, el eurodiputado de CiU, Ramon Tremosa, pidió a la Comisión Europea que estudie si el almacén subterráneo de gas Castor cumple con las directivas europeas (Directiva marco de la estrategia marina y la Directiva del Hábitat) para «garantizar la viabilidad ecológica de las actividades económicas relacionadas con el medio marino» y advirtió de que «a pesar de que el Ministerio ha ordenado una parada temporal de la actividad para investigar las causas del aumento de actividad sísmica, ésta no se detiene».

También preguntó «si el proyecto debería haber contemplado la posibilidad de provocación de seísmos, si cumple con la normativa europea de Seguridad en operaciones relativas a petróleo y gas mar adentro, y cómo afecta en el sector gasista español que el Gobierno modificara la ley en mayo, lo que permitió a la empresa ACS llevar adelante el proyecto».

Por su parte, el portavoz de Ciutadans, Matías Alonso, reclamó que el proyecto detenga su actividad y el Ministerio de Industria «aplique inmediatamente las soluciones técnicas necesarias» y mostró su apoyo a la Generalitat de Cataluña «en su demanda de información y transparencia absoluta sobre las causas y las posibles soluciones inmediatas, tanto a la empresa explotadora de la planta de gas como al Gobierno Central».

El portavoz de ERC en el Congreso, Alfred Bosch, exigió que se paralice el proyecto Castor, culpó al Estado de la situación actual, y lamentó la dejadez en sus funciones del ministro de Industria.

Bosch aseguró que vecinos y alcaldes de la zona se reunieron personalmente con Soria, donde le comentaron los riesgos derivados por esta explotación «y se sacó las pulgas de encima».

Castor «es una concesión del Gobierno, los intereses económicos los ha gestionado el Gobierno y son ellos los que deben de resolver los problemas antes que la situación se salga de su cauce», agregó el diputado, que señaló que ERC ya pidió la comparecencia del Ministro en el Congreso y presentó una batería de preguntas parlamentarias al respecto.

Asimismo, el senador de la Entesa, Joan Saura, pidió la comparecencia urgente del ministro Soria en el Senado para que explique la situación en las zonas de Castellón y Tarragona en las que se están registrando gran cantidad de seísmos, a pesar de la puesta en marcha de varias investigaciones.

Equo exige el cierre definitivo de Castor

Por su parte, el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, reclamó el cierre definitivo del almacén de gas Castor, puesto que «permitir que Castor continúe adelante sería jugar a la ruleta rusa, ya que nadie puede predecir con exactitud cuál va a ser la evolución de los temblores».

«Hasta la fecha, se han producido más de 300 temblores en la zona, dos de ellos con intensidad superior a 4 en la escala de Richter», subrayó antes de afirmar que estos microseismos comenzaron poco después de que se iniciase la inyección de gas en el antiguo pozo petrolífero, debido «probablemente al aumento de la presión en el subsuelo, que habría provocado el movimiento de alguna falla inactiva».

A su juicio, «esto demuestra lo poco que se conoce sobre el efecto de los cambios de presión en el subsuelo», algo que también sucede, «y de forma muy parecida con el fracking», aseguró.

En este sentido, la organización Ecologistas en Acción advirtió de que la fracturación hidráulica fracking, tendría un impacto medioambiental mayor que el almacenamiento de gas, a raíz de los seísmos que se registraron recientemente en el entorno del almacén subterráneo de gas Castor, en la provincia de Castellón.

Así lo explicó Nerea Ramírez, coordinadora estatal de la organización, quien indicó que existen tres permisos de investigación de fracking en dicha zona de la Comunidad Valenciana y que, de ponerse en marcha, existen muchas posibilidades de que ocurriese actividad sísmica en el lugar.

«El riesgo sísmico está ahí y parece que es acumulativo, por lo que tampoco sabes lo que va a pasar en diez o veinte años. La prohibición de este tipo de proyectos debería ser clara y siempre teniendo en cuenta este tipo de precaución», matizó.

La costa de Castellón ya vivió un terremoto de intensidad 5 en 1879

El director de la Unidad de Registro Sísmico de la Universidad de Alicante, José Juan Giner, recordó que la zona norte de la costa de Castellón, donde se produjeron centenares de seísmos durante los últimos días, ya vivió un terremoto de intensidad 5 en la escala EMS en 1879.

Giner explicó que los terremotos de mayor magnitud que se registraron esta semana son de 4,2 en la escala de Richter que «se corresponde con una intensidad de 4 en la escala EMS». El terremoto de hace dos siglos constata que en la zona ha habido intensidad sísmica, «incluso superior a la de ahora», indicó.

Además también recordó que en 1981 se registró uno de magnitud 3,3 en la misma zona, «pero no se sabe cuantos más hubo porque no se contaba con los instrumentos que hay ahora para medirlos», aclaró.

Esta unidad realizó un registro sísmico histórico con una cuadrícula que coge la zona actual en la que se están produciendo los terremotos en la Costa de Castellón. «En ella se demuestra que a lo largo de la historia en esa zona se ha registrado actividad sísmica, no es que ahora a partir de algo haya actividad sísmica«, explicó el geofísico.

El geofísico han destacado que la zona está «muy fracturada» geológicamente. Se hizo un sondeo en todo el Mediterráneo en los años 70 y se comprobó que en esa zona hay fallas activas y se encuentran las fallas de Amposta que «son tres fallas alineadas a la costa que se dividen en occidental, central y oriental». En parte de la central es donde están ocurriendo todos los terremotos, según comprobaron desde la unidad tras superponer los mapas.

El profesor no quiso valorar las causas de los seísmos. «No sé si la actividad sísmica se hubiera producido igual si no se hubiera inyectado el gas –por parte del proyecto Castor–, no tengo los datos, y deben ser los técnicos los que lo evalúen», manifestó.

Sin embargo, aclaró que lo que está ocurriendo «no es excepcional» en cuanto al número de terremotos que se cuentan por centenares en pocos días. «En Lorca se registraron cerca de 500 terremotos y en Bullas cerca de 300. La instrumentación lo ha cambiado todo en los últimos años a la hora de registrar los terremotos», reconoció.