La eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán ha incluido además en el recurso, presentado el pasado jueves, una petición de medidas cautelares para evitar que la suspensión de la revisión al alza de la tarifa genere mayor déficit de tarifa.

En el recurso, la compañía considera que la decisión incumple el apartado segundo de la disposición adicional 21 de la Ley del Sector Eléctrico, conforme a la cual la Administración está obligada a reconocer de forma expresa el exceso de déficit tarifario que, sobre el límite máximo de 3.500 millones de euros previsto para 2009, se haya producido finalmente.

Este exceso durante el pasado ejercicio ha ascendido, según la Liquidación 14 de la Comisión Nacional de Energía (CNE), a 1.116 millones de euros, de los que corresponden a Iberdrola el 35,01%.

Junto a esta «infracción legal manifiesta», Iberdrola impugna la orden porque adolece de otros vicios legales: en concreto, Iberdrola considera que ha sido dictada sin que haya informado sobre la misma en su texto definitivo la CNE, en cuanto se aparta de modo sustancial de la propuesta inicial, que sí fue objeto de informe por dicho organismo. Asimismo, y por iguales razones, no ha sido informada por el Consejo Consultivo de Electricidad y es «claramente arbitraria», añade.

Iberdrola solicita en su escrito la adopción de una medida cautelar, consistente en que se ordene al Ministerio de Industria que, mientras se resuelve el recurso, proceda a modificar la orden impugnada para que se reconozca expresamente en la misma el exceso de déficit mencionado, fijando el tipo de interés que debe aplicarse a las cantidades aportadas por la compañía e incrementando los peajes de acceso en términos tales que le permitan recuperar dichas cantidades más los intereses resultantes al tipo de interés aludido.

Por su parte, fuentes de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), que integra a las cinco principales compañías del sector, señalaron que la patronal decidirá esta semana si presenta en paralelo un recurso contra la orden ministerial 1732/2010 en la que se congelan las tarifas.

Gas Natural Fenosa, E.On y HC Energía, que junto a Iberdrola forman parte de Unesa, disponen de un plazo de 2 meses a contar desde la publicación de la orden ministerial (30 de junio), informaron fuentes de las tres compañías.

Los diarios ‘Expansión‘ y ‘ABC‘, que adelantan el recurso de Iberdrola ante el Supremo, indican además que, entre los argumentos de la demanda, figura el de que el Gobierno incumplió la obligación de informar a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) acerca de su decisión.

Inicialmente, el Ministerio de Industria propuso que las tarifas eléctricas de acceso (que remuneran elementos regulados como el déficit de tarifa o las primas a las renovables) subieran en julio un 10% para los hogares y pequeños comercios y un 5% para la mediana industria, en tanto que para los grandes consumidores (cementeras, químicas o siderúrgicas) optaba por mantenerlas estables.

Según la patronal eléctrica Unesa, en julio la luz debería haber subido un 7,5 por ciento, dado el resultado de las subastas y la propuestas inicial de peajes de Industria.

Sin embargo, el pasado 24 de junio, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció junto al coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, un acuerdo para la congelación en julio de la tarifa, que vino acompañado del compromiso de ambas partes de intensificar las negociaciones para alcanzar un pacto de Estado sobre energía.

Esta decisión dejó sin efecto el borrador de orden ministerial remitida por Industria a la CNE en el que se contempla un aumento de la tarifa de acceso para los consumidores domésticos del 10% en julio. Esta parte de la tarifa, que tiene un peso cercano al 40% en la metodología final de cálculo, recoge los costes regulados del sistema.

Habitualmente, las compañías eléctricas recurren todas las ordenes que fijan las tarifas de la luz por considerar que ésta no sube nunca lo suficiente para poner fin al déficit de tarifa.