Herrera advierte a Industria de que no acogerá el ATC si no revisa el cierre de Garoña

En ese sentido, el presidente autonómico enmarcó los contactos que mantiene el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de la región, Tomás Villanueva, y el departamento de Miguel Sebastián en la «línea permanente diálogo» abierta sobre el futuro del sector del automóvil en la comunidad, así como del carbón y de los proyectos de combustión «limpia» del mineral negro.

Además, criticó a los «cantarines», en referencia al secretario general del PSCyL-PSOE, Óscar López, por apoyar su construcción.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional aseguró que el cementerio nuclear, que será objeto de debate en el próximo pleno de las Cortes de Castilla y León, tendrá gran repercusión en la opinión pública.

Además, señaló que la Junta no mantiene una posición «apriorística», ya que su oposición a que la comunidad albergue esta infraestructura se debe a que fue «agraviada» con el cierre de Garoña.

Finalmente, Herrera concluyó que el Gobierno de España se encontrará en esta cuestión con la «oposición formal» de la Junta de Castilla y León.

Los ecologistas se manifestarán contra el ATC en Valladolid

Por su parte, los colectivos ecologistas han convocado una manifestación para este 14 de febrero en Villalón de Campos (Valladolid), para protestar contra las candidaturas presentadas en la zona para albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos procedentes de centrales nucleares.

Según fuentes de Ecologistas en Acción, la manifestación tendrá lugar a las 12.00 horas del domingo, y partirá de la calle La Rúa de Villalón de Campos, la «cabeza de la comarca» de Tierra de Campos, donde se ubican Melgar de Arriba y Santervás de Campos, candidatos a albergar el ATC.

La Plataforma Anticementerio Nuclear «Tierra de Campos viva» coordinará la convocatoria, que precederá a otra manifestación que acogerá Guadalajara capital, el sábado 27 de febrero.

Para Luis González, coordinador de Ecologistas en Acción, el procedimiento seguido ha sido «oscurantista y profundamente antidemocrático». En su opinión, «la información recibida por los vecinos de los pueblos ha sido insuficiente o inexistente en casi todos los casos».

Sin embargo, la organización considera que el Gobierno «aún está a tiempo de rectificar», de frenar el proceso y «abrir el necesario debate sobre la gestión de los residuos y el calendario de cierre de centrales nucleares» en España.

Greenpeace, por su parte, tampoco descarta poner en marcha movilizaciones o protestas por este asunto. Según indicó el responsable de Campañas de la ONG, Mario Rodríguez, sus servicios jurídicos «están estudiando si el proceso seguido se ajusta a la legalidad», ya que consideran que «se podría haber estado incumpliendo». «Se ha hecho con mucha soberbia, sin buscar consenso», lamentó Rodríguez.

Greenpeace ha estado ya en Soria, en Guadalajara y en Cataluña «informando a los vecinos y pueblos de que no ha habido un proceso transparente ni democrático», y tampoco «descarta cualquier tipo de protesta si el proceso sigue como está».